7 PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE NICARAGUA DE D. ORTEGA

ULTIMA NOTA SOBRE LAS NUEVAS IZQUIERDAS EN LATINOAMERICA

Por José Natanson

1 ¿El Daniel Ortega actual es el mismo que el que derrotó a Somoza?

La Revolución Sandinista fue el resultado de un largo proceso de confluencia política y lucha armada contra una de las dictaduras más corruptas del subcontinente, y su gobierno intentó, pese a todos sus problemas, generar un cambio radical en Nicaragua. En 1990, tras once años en el poder, el sandinismo se animó a dar un paso crucial para un movimiento que había llegado al gobierno por las armas: convocó a elecciones limpias y competitivas y luego aceptó su derrota. El gesto de Ortega fue un paso crucial para la consolidación de la democracia en Nicaragua. “La revolución había heredado lo que no se propuso, la democracia, y no había podido heredar lo que se propuso, el bienestar y la justicia para los más pobres, que sólo se consiguen con la transformación económica”, explicó Sergio Ramírez, escritor y ex vicepresidente sandinista, hoy alejado de Ortega.

Pero ese día todo comenzó a cambiar. En los meses que se extendieron entre la derrota electoral y la entrega del poder, la cúpula sandinista se lanzó desesperadamente a la “piñata”, como se conoce en Nicaragua al desenfrenado proceso de adquisición fraudulenta de bienes por parte de los funcionarios más importantes del régimen, muchos de los cuales operaban desde Interbank, considerado la pantalla financiera del sandinismo, cuya quiebra en agosto del 2000 le costó al Estado la friolera de 300 millones de dólares.

Durante los ‘90, mientras perdía una elección presidencial tras otra, Ortega iba concentrando la conducción del sandinismo en su figura y debilitando el esquema de dirección colegiada que había caracterizado a la revolución en sus inicios. En el 2000, Ortega firmó un pacto con el presidente, Arnoldo Alemán, por el cual el sandinismo y el Partido Liberal se repartieron los principales resortes institucionales: la Corte Suprema, el Consejo Supremo Electoral, el Consejo Superior de la Contraloría, la Procuraduría de Derechos Humanos y la Superintendencia de Bancos. El acuerdo incluyó promesas cruzadas de protección personal, que Alemán utilizó para evadir las acusaciones de corrupción y después para disfrutar de una cómoda prisión domiciliaria, primero en la clínica privada más cara de Managua y luego en su casa de fin de semana, hasta que, ya con Ortega en el gobierno, se le concedió autorización para moverse libremente por el país… pese a la condena a 20 años de cárcel por lavado de dinero dispuesta por la Justicia. Ortega, en tanto, se amparó en la inmunidad parlamentaria, ratificada por liberales y sandinistas en la Asamblea Nacional, para evadir las acusaciones de abuso sexual formuladas por su hija adoptiva, Zoilamérica Narváez.

2 ¿Por qué ganó Ortega las elecciones del 5 de noviembre del 2006?

El acuerdo Ortega-Alemán incluyó una reforma constitucional diseñada para garantizar una victoria sandinista en la primera vuelta. Caso único en el mundo, el sistema electoral nicaragüense establece que, para evitar el ballottage, es necesario obtener el 40 por ciento de los votos, o el 35 y una diferencia de 5 con el segundo. En los comicios del 2006, por primera vez en la historia, el liberalismo se presentó dividido entre el sector que responde a Alemán y un frente integrado por las facciones más modernas –y menos corruptas– del partido. Juntos, los dos candidatos liberales sumaron el 55 por ciento, por lo que presumiblemente hubieran logrado derrotar a Ortega en el ballottage. El nuevo diseño electoral, sin embargo, permitió que el líder sandinista se alzara con la presidencia pese a haber obtenido menos votos que en cualquiera de sus derrotas anteriores.

Pero no fue sólo la alquimia constitucional la que facilitó el triunfo. En los años previos, Ortega había emprendido una remodelación ideológica que incluyó un discurso pragmático, el apoyo legislativo a algunas reformas neoliberales y una nueva estética electoral: el tradicional Himno Sandinista, que incluía un verso no muy elegante pero muy claro –”luchamos contra el yanqui, enemigo de la humanidad”– fue sustituido por la Oda a la Alegría, mientras que el clásico rojinegro sandinista era reemplazado por un rosa suave y como slogan de campaña se adoptaba una frase de John Lennon: “Dale una oportunidad a la paz”.

Estos cambios acompañaron otros más significativos. Ortega se acercó a la Iglesia Católica (junto a Estados Unidos, uno de los núcleos de la oposición a su gobierno), invitó a los obispos a abrir sus actos de campaña y dio órdenes a los legisladores sandinistas para que apoyaran la ley que prohíbe el aborto terapéutico, lo que convirtió a Nicaragua en uno de los pocos países del mundo en penalizar la interrupción del embarazo cuando corre riesgo la vida de la madre. Pero tal vez lo más llamativo de este cambio de orientación haya sido la elección del candidato a vicepresidente de Ortega, Jaime Morales Carazo, un conocido líder de la contra, amigo personal de Somoza y ex colaborador de la CIA.

En fin, transfigurado en una alternativa desideologizada y pragmática, pero también amparado en su pasado combativo, Ortega logró llegar nuevamente a la presidencia, aunque a esa altura ya quedara poco del sandinismo original, como prueba el hecho de que, de los nueves míticos comandantes, hoy sólo dos permanecen al lado del presidente. “Fueron tantos los gestos de cambio, tan sistemáticos, que al final se volvieron muecas”, me dijo Edelberto Torres Rivas, decano de las ciencias sociales centroamericanas, cuando le pedí una evaluación de la transformación sandinista.

3 ¿Ortega ha implementado una política económica pos-neoliberal?

La crítica a los efectos sociales del neoliberalismo fue uno de los ejes de la campaña de electoral de Ortega, que al mismo tiempo emitió promesas de continuidad macroeconómica y ratificó su decisión de no romper el Cafta, el tratado comercial entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos.

Poco después de asumir Ortega firmó un acuerdo por tres años con el FMI, que incluyó un préstamo por 113 millones de dólares, y dispuso una serie de medidas para garantizar la estabilidad macroeconómica: en el 2007, el déficit fiscal se redujo al 0,9 por ciento, las reservas se incrementaron hasta alcanzar el record histórico (casi 900 millones de dólares) y las exportaciones se expandieron considerablemente. En este marco, Nicaragua creció 3 por ciento en el 2007 y se estima un 3,5 para este año, según datos de la Cepal. La inflación, azuzada por el incremento del precio del petróleo, trepó al 13,8 por ciento, a lo que el gobierno reaccionó con políticas de austeridad fiscal.

Aunque por el momento parece equilibrada, la débil economía nicaragüense depende básicamente de tres factores: el turismo, hoy la principal actividad de un país que ofrece playas tranquilas y la hermosa arquitectura de ciudades como Granada y León; las remesas de los nicaragüenses en el exterior, sobre todo en Estados Unidos y Costa Rica, que en el último mes llegaron, según estimaciones del Banco Central, a 900 millones de dólares; y la expansión de la maquila (el procesamiento final de exportaciones livianas, principalmente textiles, con mano de obra barata en zonas francas) para el mercado estadounidense.

Pero estas tres frágiles columnas no alcanzarían a sostener la economía sin la ayuda de las donaciones internacionales (se calculan en 500 millones) y las iniciativas de alivio de deuda, que permitieron reducir los compromisos externos de 4500 a 2 mil millones. Nicaragua, con el PBI más bajo del Hemisferio Occidental después de Haití y Mauritania, vive eternamente expuesta a los vaivenes internacionales, especialmente al precio del petróleo, y permanece sumida en una pobreza difícil de exagerar.

4 ¿Ortega ha seguido un camino similar al de otros líderes de izquierda como Lula o Tabaré Vázquez?

Algún distraído podría pensar que la trayectoria de Ortega emula la de los presidentes de Brasil o Uruguay, que fueron derrotados en varias oportunidades y que, cuando finalmente llegaron al poder, implementaron políticas económicas moderadas y sensatas. Algo de esto hay, por supuesto, pero las diferencias son demasiado grandes: no sólo porque se trata de países muy distintos –en muchos aspectos Nicaragua se asemeja más a una república del Africa Subsahariana que a un Estado del Cono Sur–, sino porque los triunfos de Lula y Tabaré Vázquez fueron resultado de un largo proceso de aprendizaje político que incluyó la gestión de grandes ciudades y la paciente construcción de un equipo de gobierno. En ambos países, la izquierda llegó al poder como resultado de la crítica y la denuncia a los gobiernos neoliberales, no de una negociación con ellos.

5 ¿El gobierno sandinista está implementando medidas para mejorar la situación social?

En los años iniciales de la revolución, Ortega lanzó una campaña de alfabetización y extendió los servicios educativos a buena parte de la población, desarrolló importantes programas de salud pública, que permitieron por ejemplo acabar con la poliomielitis, e inició una reforma agraria. Pero a diferencia de la Revolución Cubana, que desde su triunfo en 1959 pudo disfrutar de tres buenas décadas de apoyo soviético, los sandinistas entraron a Managua recién en 1979, demoraron un par de años en consolidarse y, tanto por errores propios como por la feroz campaña de desestabilización estadounidense, al poco tiempo habían llevado al país a una crisis económica gravísima. Cuando cayó el Muro de Berlín las cartas ya estaban jugadas.

En enero del 2007, cuando Ortega asumió nuevamente el poder, Nicaragua tenía el segundo índice de desnutrición más alto de América latina luego de Haití, la esperanza de vida más baja del continente, un 30 por ciento de analfabetismo, un 65 por ciento de pobreza y un 20 por ciento de indigencia. No es sorprendente, en este contexto, que sus primeras dos medidas como presidente hayan sido la eliminación de los cobros en las escuelas, que en los últimos años se habían extendido bajo el disfraz de “contribuciones voluntarias”, y de los aranceles en el sistema de salud pública. A esto se sumó el lanzamiento del Plan Hambre Cero, un programa de transferencia de ingresos a los ciudadanos más pobres al estilo brasileño, que beneficiará a 75 familias.

Todavía es muy pronto para evaluar los resultados y no existen estadísticas mínimamente fiables, pero nada indica que la situación haya cambiado mucho si se considera el bajo crecimiento económico, el incremento de la inflación y los efectos devastadores del Huracán Félix.

6 ¿El gobierno de Ortega está subordinado a Chávez?

Durante la campaña electoral, el presidente venezolano apoyó a su amigo nicaragüense, a quien invitó en tres oportunidades a Caracas y con quien firmó un acuerdo para donar diez millones de barriles de petróleo a los municipios gobernados por el sandinismo. Un intervencionismo abierto y criticable, pero no muy distinto al del embajador estadounidense, Paul Trivelli, que hizo lo imposible por unificar a las fuerzas liberales detrás de un único candidato.

Chávez asistió a la ceremonia de asunción de Ortega y fue invitado a hablar en la Plaza de la Revolución, donde festejó el ingreso de Nicaragua al ALBA y ratificó una alianza cuya base material es un acuerdo por el cual Nicaragua recibe 10 mil barriles de combustible por día en condiciones preferenciales (40 por ciento pagadero a 25 años de plazo y a tasa fija), además de la instalación en Managua de una oficina del Banco de Desarrollo de Venezuela, con créditos para proyectos agrícolas por 10 millones de dólares, y el compromiso de construir una enorme refinería. La importancia de estas iniciativas es indisimulable: Nicaragua debe importar toda la energía que consume y cuenta con poquísimo dinero para ello. Venezuela, en cambio, produce en sólo un día la totalidad del petróleo que Nicaragua necesita en un año. Gracias a Chávez, los apagones que oscurecían a Managua prácticamente desaparecieron.

Pero las cosas siempre son más complicadas. A pesar del alineamiento con Venezuela, de la visita a Mahmud Ahmadinejad, el presidente iraní amigo de Chávez, y de la decisión de imitar a Caracas y romper relaciones con Colombia para retomarlas al día siguiente, Ortega se ha negado a abandonar el Cafta, lo cual no debería llamar tanto la atención. Al fin y al cabo, el 65 por ciento de las exportaciones de Nicaragua y el 50 de las remesas se concentran en Estados Unidos.

7 ¿Tiene futuro la izquierda nicaragüense?

El triunfo de Ortega, más allá de la decadencia del sandinismo en los últimos años, era aguardado con expectativa por muchos sectores de la sociedad nicaragüense cansados de las políticas neoliberales de los últimos años. Nicaragua es un país pobrísimo pero muy movilizado, en buena medida como herencia de la etapa revolucionaria, con los índices de participación electoral más altos de Centroamérica, una sociedad civil muy activa y algunas instituciones modernas y democráticas: el ejército y la policía, por ejemplo, son organismos despolitizados y respetuosos de la legalidad, que han logrado mantenerse relativamente a salvo del festival de la corrupción, lo cual tal vez explique el hecho de que Nicaragua, a pesar de ser el país más pobre de Centroamérica, sea el que menos sufre el drama de la inseguridad que azota a sus vecinos.

Estas condiciones podrían funcionar como marco para un dato de desarrollo, pero el futuro no es tan auspicioso. Ortega insiste en concentrar el poder en su figura y ha hecho poco por rehabilitar los mecanismos de equilibrio institucional. De hecho, ha insinuado la posibilidad de buscar una reforma constitucional para habilitar su reelección. En su breve año de gestión, se ha esforzado por mantener la macroeconomía en orden y ha intentado, dentro de límites estrechísimos, extender algunas políticas sociales. Pero la economía nicaragüense es tan frágil, la situación social tan delicada, que el más mínimo nubarrón puede hacer tambalear el bote. Y aunque el principal factor desestabilizador, el incremento de los precios del petróleo, ha logrado morigerarse gracias a la ayuda de Chávez, la historia enseña que depender de un capital extranjero –aunque sea Caracas y no Moscú– es siempre una apuesta a corto plazo.

7 preguntas y respuestas sobre el Uruguay de Tabaré Vázquez, J.Natanson

NOTA SOBRE LAS NUEVAS IZQUIERDAS EN LATINOAMERICA

Por José Natanson, Página/12

1 ¿El gobierno de Tabaré Vázquez es neoliberal?

Como ocurrió con Lula en Brasil, el ascenso al poder de la izquierda uruguaya estuvo precedido por una crisis económica gravísima, que comenzó en 1998 y se extendió durante cuatro largos años, hasta que finalmente estalló en el 2002: en ese año fatal, el impacto combinado del colapso argentino y la inestabilidad brasileña provocó un efecto catastrófico en la frágil economía uruguaya, cuyo resultado más visible fue una caída del PBI del 11 por ciento y una corrida bancaria sin precedentes, que hizo que en poco tiempo se retiraran la mitad de los depósitos. El gobierno, aturdido, reprogramó los pagos de la banca pública –una especie de default amistoso– y trató de controlar una devaluación imparable, hasta que un oportuno salvataje estadounidense en la forma de un crédito de 1500 millones de dólares le permitió superar el golpe.

Por poco, Uruguay logró evitar un colapso total al estilo argentino, pero el panorama que emergió después de la tormenta era negro: la deuda externa superaba el total del PBI, el desempleo arañaba el 20 por ciento y la cohesionada sociedad uruguaya lucía fracturada, con los barrios precarios alterando, por primera vez en la historia, la fisonomía elegante de Montevideo. “Terminó de descorrerse el velo que ocultaba al país distinto que la mayoría de los uruguayos se resistía a ver”, escribió el politólogo Gerardo Caetano (Nueva Sociedad 184, marzo-abril 2003).

Después de tocar fondo, la economía uruguaya comenzó lentamente a revivir. Pero era una recuperación frágil y precaria, que convenció a Tabaré Vázquez de que era necesario moverse con cautela de cara a las elecciones presidenciales del 2004: el candidato se reunió con empresarios y banqueros, esquivó algunas cuestiones delicadas (nunca aclaró del todo, por ejemplo, si pensaba renegociar la deuda externa) y ofreció la mejor prueba de confiabilidad al alcance de su mano: el anuncio de que el prestigioso economista Danilo Astori, referente del ala moderada del Frente Amplio, se convertiría, en caso de que llegara al poder, en su ministro de Economía.

2 ¿Fue buena idea no patear el tablero de la economía?

Férreamente manejada por Astori, la política económica del gobierno del Frente Amplio incluyó la firma inmediata de un acuerdo con el FMI, un gasto público controlado y una tibia reforma impositiva, mucho menos radical que la insinuada en la campaña. Las tensiones que generó esta estrategia no tardaron en notarse en un gabinete que incluía a los referentes de las principales facciones de la coalición. De hecho, Vázquez tuvo que desautorizar a su ministro de Economía en dos oportunidades: cuando se resistió a que el Congreso cumpliera la promesa de campaña de elevar el presupuesto educativo al 4,5 por ciento del PBI, y cuando se opuso a la creación del impuesto a las rentas de las personas físicas, un reclamo histórico de la izquierda uruguaya.

Pero las líneas maestras del plan económico no se alteraron en lo esencial y el peso interno de Astori fue creciendo en simultáneo con el despegue de la economía, favorecida por el incremento de los precios de los principales productos de exportación (carne, lácteos, cereales), por el regreso de los turistas argentinos y brasileños a las soleadas playas de Punta del Este y por la puesta en marcha de proyectos largamente esperados, como la papelera Botnia. En este marco, Uruguay creció 6,6 por ciento en el 2005, 7 en el 2006, 7,5 en el 2007 y se estima un 7 para el 2008. A la abrumadora evidencia estadística podría agregársele un argumento cualtitativo: la recuperación, aunque liderada por los sectores tradicionales, como el turismo y el campo, incluye también una expansión de la industria manufacturara.

Todo esto es verdad, pero no es menos cierto que la primarización de la estructura económica, mal endémico uruguayo, no sólo se mantuvo, sino que se profundizó en los últimos años: según los últimos datos de la Cepal, más de dos tercios de las exportaciones se concentran en los sectores tradicionales, básicamente en el agropecuario, en tanto que la proclamada recuperación industrial se apoya sobre todo en las ramas vinculadas con la base primaria, como frigoríficos, arroz, curtiembres, madera y pasta de celulosa. El turismo, por su parte, sigue siendo la principal fuente de ingreso de divisas. Todo esto expone a la economía uruguaya, pequeña y relativamente abierta, a los vaivenes de los precios internacionales y, sobre todo, a la inestabilidad crónica de sus dos grandes vecinos.

3 ¿La política económica ayudó a mejorar la situación social?

Junto a Costa Rica (y hasta mediados de los ’70 también Argentina), Uruguay había logrado el notable record de mantenerse como uno de los pocos países latinoamericanos con bajos niveles de desigualdad social. Para ello resultó clave una geografía sin grandes accidentes, que evita por ejemplo las típicas divisiones sierra-costa de los países andinos, y una dimensión reducida, con sólo tres millones y medio de habitantes. Pero la relativa integración social de Uruguay no es sólo una bendición de la naturaleza sino el producto de una sociedad, tal vez la más europea –y europeizada– de América latina, que valora la cultura de clase media y que ya a principios de siglo XX, con José Batlle, había comenzado a construir el Estado de Bienestar más avanzado de la región.

Todo esto, sin embargo, había cambiado en marzo del 2005, cuando Tabaré Vázquez asumió el gobierno después de la crisis económica más profunda de la historia nacional. La pobreza, tras arañar el 35 por ciento, todavía rondaba el 30, según el Instituto Nacional de Estadística, y el desempleo superaba el 10 por ciento. Frente a esta situación, el gobierno apostó, por un lado, a la creación de empleo y al incremento del salario real, como derrame de la expansión económica y como resultado de las políticas de fomento industrial y agrícola. Al mismo tiempo, se creó el Ministerio de Desarrollo Social, que nunca había sido considerado necesario en un país como Uruguay, y se ampliaron los programas de asistencia con el lanzamiento del Plan Nacional de Emergencia Social, cuyo programa principal, el Ingreso Ciudadano, hoy beneficia a 300 mil personas. Estos esfuerzos han dado sus primeros resultados: la pobreza bajó al 25 por ciento y el desempleo al 9,7.

Pero la pobreza no sólo se expandió; también cambió su cara. La crisis que estalló en el 2002 alumbró un nuevo cuadro social: la indigencia, que antes prácticamente no existía, hoy afecta al 3,5 por ciento de la población. Al mismo tiempo, se verificó un proceso de infantilización de la pobreza que hizo que hoy el 50 por ciento de los menores de 12 años sean pobres. Esto crea situaciones estructuralmente difíciles de cambiar y que parece imposible atacar solo con políticas sociales, por más eficientes que sean, ya que involucran cuestiones muy complejas, como la segregación residencial, las nuevas condiciones de los mercados laborales flexibilizados, la tercerización en el sector servicios y otros tantos etcéteras. “Es el desafío más importante y más difícil de nuestro gobierno”, me dijo Felipe Michelini, subsecretario de Educación y Cultura de Uruguay, cuando conversé con él luego de un seminario en Buenos Aires.

4 ¿El gobierno de Vázquez ha avanzado en otros aspectos?

Los derechos humanos eran uno de los grandes ítem de la agenda de campaña. El nuevo gobierno impulsó la aprobación legislativa de los tratados internacionales, creó un programa sobre el tema en las escuelas y promovió la investigación de los crímenes de la dictadura aprovechando los agujeros jurídicos de la Ley de Caducidad, la norma sancionada en 1989 –y ratificada en un plebiscito– para frenar las causas por violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, pese a que en su momento el Frente Amplio lideró la campaña contra la ley, el gobierno de Vázquez cumplió lo prometido en la campaña y se negó a derogarla.

Otro de los ejes programáticos de la coalición, las políticas de salud reproductiva, avanzó parcialmente, con el impulso a algunas medidas de educación sexual y anticoncepción responsable. Sin embargo, el gobierno se negó a enfrentar el siempre postergado debate acerca de la despenalización del aborto. En febrero de 2006, un grupo de legisladores presentó un proyecto para autorizar la interrupción voluntaria del embarazo hasta las doce semanas desde la gestación. La idea era aprobarlo en el Congreso y luego someterlo a un plebiscito, lo que convertiría a Uruguay en el primer país de América latina en plantear seriamente una discusión sobre el tema. Pero Vázquez, de fuerte formación católica, amenazó no sólo con vetar la ley, sino con disolver las cámaras, un recurso institucional extremo, si éstas insistían. “Estoy dispuesto a hacer todo lo necesario”, advirtió el presidente.

5 ¿El de Tabaré Vázquez es un gobierno timorato?

La pregunta no es mera provocación. Algunos, sobre todo en la orilla argentina del Río de la Plata, seguramente piensan eso. Y es que al lado de los cambios abruptos que se vivieron en Argentina, que pasó del neoliberalismo más intenso del continente a la crisis más profunda y de ahí a un gobierno furiosamente antineoliberal (al menos en el discurso), lo de Uruguay parece siempre poca cosa.

Pero habría que ver, en primer lugar, si este estilo de cambio lento es tan negativo como piensan algunos. En todo caso, es parte de una cultura política que detesta los giros bruscos y avanza siempre con movimientos amortiguados, para bien y para mal. En 1992, por ejemplo, mientras el resto de América Latina giraba decididamente hacia la ortodoxia económica, Uruguay les ponía un freno popular a las reformas de mercado rechazando en un plebiscito las privatizaciones. Y más tarde, cuando se anunció la privatización parcial del sistema jubilatorio, un 60 por ciento de los uruguayos eligió mantenerse dentro del sistema estatal de reparto.

El ascenso político de la izquierda no tenía por qué romper esta tradición. Al fin y al cabo, el Frente Amplio nació en 1972 y recién después de tres décadas, tras perder dos elecciones presidenciales y demostrar que era capaz de gobernar Montevideo, pudo llegar al poder. En este sentido, contra lo que piensan algunos desprevenidos, el éxito electoral no fue resultado de una aspiración de cambio total sino, por el contrario, de la capacidad de Tabaré Vázquez para combinar un mensaje de esperanza difusa con las necesarias señales de las tranquilidad que exigía una sociedad que, aunque decidida a pasar a otra etapa, no parecía muy dispuesta a cambiar la tradición reformista tan arraigada en el país.

6 ¿Uruguay va a dejar el Mercosur?

El conflicto con Argentina por la instalación de la papelera Botnia reavivó la discusión acerca de las ventajas y desventajas del Mercosur y estuvo a punto de terminar con la salida del bloque. Al igual que Paraguay, Uruguay se queja de que Argentina y Brasil no lo tienen en cuenta a la hora de tomar las grandes decisiones, como el ingreso de Venezuela como miembro pleno, y que hacen poco y nada para limitar las asimetrías.

De los cuatro socios, Uruguay es por lejos el que cuenta con un mayor porcentaje de mercoescépticos. Un sector importante de la clase política, junto a buena parte de la sociedad y de los medios de comunicación, defiende la idea de diversificar la política de integración para vincularse con nuevos mercados. El debate divide también al Frente Amplio. De hecho, Astori impulsó en su momento un acuerdo comercial con Estados Unidos que habría implicado la salida de Uruguay del Mercosur y que finalmente se convirtió en un mucho más suave Tratado de Protección de Inversiones. En la oposición, la mayoría apoya la idea, como me explicó el ex presidente Luis Alberto Lacalle, uno de los principales referentes conservadores de su país, en una entrevista en Buenos Aires. “Tenemos que dejar de perder el tiempo con pavadas como el Parlamento del Mercosur, que sólo sirve para generar viáticos. Hay que volver a un acuerdo de libre comercio, que era la idea original, para que podamos explorar otras alternativas complementarias.”

La opinión de Lacalle no debería descartarse con el argumento de que es un neoliberal y punto. El diagnóstico tiene su lógica: típico caso de un país chico, Uruguay produce mucho de pocas cosas y consume poco de muchas. Como diría un economista, es una economía estructuralmente especializada y, por lo tanto, vulnerable a las fluctuaciones de los precios de los pocos productos que exporta. Quienes sugieren avanzar en un regionalismo abierto al estilo de Chile argumentan que la única forma de evitar las variaciones de los precios internacionales es diversificar las exportaciones –y sus mercados de destino– a través de acuerdos con otros países y bloques, para lo cual el país cuenta con algunas ventajas invaluables: una ubicación estratégica, materias primas abundantes y una tradición de estabilidad institucional adecuada para atraer inversiones extranjeras.

Pero esta propuesta ignora el hecho de que Uruguay ya se encuentra estrechamente vinculado con sus vecinos, especialmente Argentina y Brasil, que constituyen sus dos principales socios comerciales y que, sumados, representan casi el 50 por ciento de su comercio exterior. Ambos países son responsables, además, de algunos movimientos clave de la economía uruguaya, como el flujo de turistas. Por más que busque otras opciones, Uruguay, guste o no, tiene su futuro irremediablemente atado al de sus vecinos. Los defensores del Mercosur sostienen, por lo tanto, que la estrategia debería consistir en fortalecer y mejorar el bloque, no en debilitarlo.

7 ¿Tiene futuro la izquierda uruguaya?

Tras mucho dudar, Vázquez descartó la posibilidad de buscar una reforma constitucional para habilitar su reelección en el 2009. Si estuviera habilitado, su triunfo se da por seguro, pero con el líder máximo fuera de carrera el panorama es menos claro: el candidato más popular en las filas del Frente Amplio, José Mujica, genera resistencia en importantes sectores de la sociedad, un poco por su estilo desenfadado, que contrasta con el atildado y circunspecto Tabaré, pero también por su pasado guerrillero (que de todos modos no le ha impedido garantizar con su apoyo la moderación del gobierno). Al superministro Astori le ocurre exactamente lo contrario: tiene una alta intención de voto, pero despierta fuertes rechazos internos. En este juego complicado, todos esperan una definición de Tabaré, cuyo dedo mágico aún no ha señalado a su favorito. Un gobierno de Astori implicaría una clara continuidad económica y, quizás, un viraje parcial en política internacional hacia un mayor acercamiento con Estados Unidos. La perspectiva de Mujica es incierta y ni él mismo parece muy convencido de una eventual candidatura. Otros posibles postulantes, como el vicepresidente Rodolfo Nin Novoa, parecen por el momento un poco débiles para enfrentar a una oposición probablemente unificada. En cualquier caso, lo que es seguro es que ninguno intentará un cambio radical, ni a la izquierda ni a la derecha, en un país acostumbrado desde siempre a avanzar como si caminara debajo del agua.

VENEZUELA: LA DICTADURA DEL SUBPROLETARIADO, por Manuel Castells

Venezuela, la dictadura del subproletariado
por Manuel Castells, sociólogo

LA VANGUARDIA, 25.08.07

La reciente propuesta de reforma constitucional de Hugo Chávez para aumentar el tiempo del mandato presidencial y hacer posible la reelección de forma indefinida no supone, en sí misma, un acto antidemocrático. De hecho, en las democracias parlamentarias europeas donde el primer ministro es el detentor del poder no existen límites al tiempo que una misma persona puede continuar ocupando dicho cargo, como bien saben Margaret Thatcher, Tony Blair o Felipe González.

Mientras la decisión corresponda a los electores y la elección sea libre y limpia, no hay razón para que la temporalidad del ejercicio del poder no pueda variar según las necesidades de cada país. Otra cosa es que muchos opinemos que es sano que haya una renovación prudente del personal político, tanto en el ejecutivo como en el legislativo. Pero el principio en sí no es objetable. Lo que ocurre es que esa decisión se sitúa en un contexto en el que el presidente Chávez no oculta su deseo de asegurarse el poder en Venezuela durante el tiempo que él considere necesario para profundizar la transformación revolucionaria del país. Por eso en el paquete de reformas se incluye la centralización de las instituciones autonómicas, agrupando los actuales estados en distritos federales bajo su control, y la drástica reducción de la autonomía municipal en favor de la creación de 25.000 consejos comunales que, junto con las cooperativas de trabajadores, constituyen los órganos del nuevo poder popular en gestación.

De esta forma, los últimos vestigios de poder de la oposición quedarían eliminados, puesto que ni siquiera está presente en el Parlamento por su boicot a las últimas elecciones ante la previsión de la abrumadora victoria de los chavistas en las urnas. Pero la concentración de poder en manos del presidente va aún más lejos. Chávez, según me dicen quienes le conocen personalmente, tiene una gran inteligencia política y sabe lo que quiere. Y lo dice y lo hace. Por tanto, entendió que la política, en último término, se decide en las mentes de la gente y que en esto son claves los medios de comunicación, que en su inmensa mayoría le eran hostiles. Por eso retiró la licencia de Radio Caracas Televisión, la más popular cadena venezolana, suscitando fuertes protestas populares incluso en sectores afines, porque tocar a la principal emisora de telenovelas es afectar el imaginario cotidiano de la gente. De ahí la virulencia de las críticas a este acto autoritario, tanto en Venezuela como en el mundo, y los intentos de resistencia mediática que se han ido produciendo: emisión de informativos de RCTV por YouTube, boicot masivo a la cadena gubernamental que ocupó la frecuencia, emisión de programas de RCTV por satélite y una oleada de artículos y reportajes negativos en los medios de todo el mundo.

Sin embargo, la flexibilidad táctica de Chávez le condujo también hace tiempo a un pacto de no agresión con Gabriel Cisneros, el principal hombre de negocios de los medios venezolanos y una de las personalidades decisivas en el mundo de la comunicación en América Latina, por lo que la situación de los medios en Venezuela incluye amplias zonas grises en donde se atenúa la crítica al régimen sin caer en la propaganda servil. Es decir que conforme avanza la revolución bolivariana se transforman las instituciones políticas alejándose de lo que normalmente llamamos democracia. Como me decía hace poco un preclaro dirigente socialista latinoamericano, “Chávez tal vez sea socialista, pero lo que es seguro es que no es un demócrata”.

No creo que el propio Chávez se sintiera ofendido por dicha apreciación, en la que coinciden muchos intelectuales que le apoyaron en un principio, como su ex ministro y viejo militante comunista Teodoro Petkoff. Porque la respuesta es tan obvia como clásica en la historia revolucionaria: la democracia formal no es la verdadera democracia, es una farsa de los políticos corruptos y de los medios de comunicación capitalistas puesta en solfa por imperialismos de diversos orígenes. ¿Y saben qué? Hoy por hoy la mayoría de venezolanos, en torno a un 60%, parecen coincidir en el diagnóstico. Y también sabemos que en el conjunto de América Latina los datos del Latinobarómetro muestran que aunque la gran mayoría de ciudadanos rechaza las dictaduras, más de la mitad anteponen la mejora de sus condiciones de vida al mantenimiento de la democracia tal como ellos la perciben.

Venezuela es un caso especial en ese sentido porque su clase política, tanto los socialdemócratas como los socialcristianos, se distinguía por ser una de las más corruptas y falta de principios de América Latina, con el socialista Carlos Andrés Pérez como ejemplo paradigmático. Así se explica como un país tan rico como Venezuela llegara a tener un 70% de la población en la pobreza. Y también se explica por qué Chávez ha ganado cinco elecciones y dos referendos por mayoría absoluta. Por escribir esta obviedad desde hace tiempo he ido perdiendo a mis amigos intelectuales de izquierda en Venezuela. Entiendo su enfado, porque una cosa es el análisis y otra es vivir en condiciones de protodictadura que va poco a poco ahogando el ejercicio real de las libertades.

Pero cualquiera que sea la posición de cada uno, es necesario tener claro que no se trata de la dictadura de Chávez, sino de la dictadura del subproletariado venezolano, de los millones y millones de pobres y marginados, que encontraron un salvador que les proporciona educación (aun con adoctrinamiento), salud gratuita, trabajo aún poco productivo, subsidios para sus necesidades básicas y una legitimación, aunque sea paternalista, de sus reivindicaciones. Y quienes denuncian el papel de los maestros y médicos cubanos en las mejoras de los servicios venezolanos, olvidan que la educación y la salud cubanas son consideradas por investigadores imparciales entre las mejores de América Latina.

Es cierto que Chávez ha tenido la suerte de contar con el inestimable apoyo de la política belicista de Bush que ha conllevado la subida de los precios del petróleo, por lo que Venezuela ha crecido en estos años por encima del 10% anual y se ha encontrado con el maná de rentas petroleras. También es cierto que el fracaso del intento de golpe del 2002 (cuya inepcia hace verosímil la hipótesis de que fuese planeado por Bush y Aznar) le permitió movilizar el nacionalismo de las fuerzas armadas contra la intervención extranjera. Es más, su apoyo a los movimientos políticos que han liquidado el neoliberalismo en toda América del Sur (con excepción de Colombia) le ha granjeado amplias simpatías entre los sectores populares y le han permitido alianzas estratégicas con Bolivia, Ecuador, Nicaragua y, en menor medida, con Uruguay, además del sonado hermanamiento con Cuba. Su inteligente utilización del petróleo como instrumento político ha reforzado su influencia en países que lo reciben a precios subsidiados.

Pero también le ha permitido limitar los intentos desestabilizadores de Estados Unidos porque Venezuela sigue siendo el quinto suministrador de petróleo para dicho país y Estados Unidos no puede arriesgarse a una crisis de suministro en la situación actual en Oriente Medio. Y ha asegurado una alianza táctica con Argentina, Uruguay y Brasil que podría llevar a un relanzamiento de Mercosur ampliado a Venezuela. Incluso México, tras el violento enfrentamiento diplomático del pasado año, está intentando llegar a una entente con Chávez tanto para mantener un acuerdo en política petrolera como para evitar que el contagio bolivariano llegue a México. Chávez se ha convertido en un personaje central en la política latinoamericana, con una influencia creciente en el ámbito mundial, véase Irán. Por eso se atreve ahora a abordar directamente la construcción del socialismo en Venezuela.

La historia enseña, en Cuba por ejemplo, que es contradictorio con la democracia. Y que los órganos de poder popular, como ya le dijo Rosa Luxemburgo a Lenin en su momento, no son sino formas de legitimación de la dictadura del partido en nombre del proletariado, ahora convertido en sub por las políticas neoliberales de las dos últimas décadas. Pero quienes quieran superar el populismo de Chávez tendrán que buscar a sus enemigos no en los despachos de Washington o en las salas de prensa, sino en aquellas elites políticas latinoamericanas que han venido medrando con la pobreza de sus pueblos. Porque sólo cuando los pobres, mayoría en Venezuela y en América Latina, sientan que puede haber otra democracia distinta de la que conocen estarán dispuestos a defenderla.

http://www.iceta.org/mc250807.pdf

Giro a la izquierda en A. Latina.

Página/12

El giro a la izquierda es la gran novedad de la política latinoamericana de los últimos años. Hoy el 60 por ciento de la población de la región vive en países gobernados por líderes de izquierda y el 65 por ciento del PBI es controlado por gobiernos autoidentificados con la izquierda. Si se acota el universo a Sudamérica, la evidencia es aún más abrumadora: el 80 por ciento de la población, el 90 por ciento del producto y el 81 por ciento de la superficie se encuentran en poder de la izquierda.

Este fenómeno se explica por el agotamiento del modelo neoliberal, que generó un crecimiento económico mediocre y una profundización de la brecha social, y por el fin de la Guerra Fría, que permitió el ascenso de partidos y líderes que en el pasado hubieran sido bloqueados por Estados Unidos. Pero se trata también de una nueva izquierda. Más pragmática y flexible, fluctúa entre la socialdemocracia y el populismo; acepta, aunque a veces a sin mucho entusiasmo, las reglas del juego democrático y despliega estrategias económicas que van del neoliberalismo corregido a un estatalismo de nuevo cuño.

7 preguntas y 7 respuestas sobre el Brasil de Lula

NOTA SOBRE LAS NUEVAS IZQUIERDAS EN LATINOAMERICA

Por José Natanson, Pagina/12.com

1

¿La política económica de Lula es neoliberal?

Desde su llegada al gobierno, en enero del 2003, Lula aplicó una rigurosa política fiscal, medidas antiinflacionarias y el dudoso record de fijar la tasa de interés más alta del mundo (26,5 por ciento). La explicación se encuentra en la profunda crisis económica que golpeó a Brasil en los meses previos al triunfo de Lula, en buena medida consecuencia de los desequilibrios acumulados en los últimos años por Fernando Henrique Cardoso, pero también resultado del temor de los mercados ante el ascenso del primer presidente obrero de la historia de Brasil y, por supuesto, un subproducto previsible de la crisis argentina del 2001. Aunque las diferencias entre el neoliberalismo aplicado en ambos países son importantes (Cardoso devaluó el real a tiempo, implementó una reforma fiscal clave y se cuidó de privatizar empresas estratégicas como Petrobras), el fantasma de un estallido estaba muy presente en Brasil, a punto tal de condicionar las primeras decisiones económicas de Lula. Su ministro de Hacienda, Antonio Palocci, lo dijo claramente en una reunión con un grupo de diputados del PT que, enojados y refunfuñantes, cuestionaban la decisión de mantener las líneas maestras de la macroeconomía de Cardoso. “Nos dejaron el país quebrado. ¿Acaso quieren que terminemos como Argentina?”

2

¿Hizo bien Lula en continuar con las políticas macroeconómicas de Cardoso?

Quienes critican la estrategia continuista exhiben números en apariencia inapelables. Desde que asumió Lula hasta el año pasado, Brasil creció en promedio 2,6 por ciento, muy por debajo de la media latinoamericana. De hecho, por momentos ha ocupado los últimos lugares del ranking junto a países como Haití y Guatemala. Para los más críticos, esta performance decepcionante es consecuencia directa de la ortodoxia fiscal, las altas tasas de interés y el tipo de cambio sobrevaluado. Luiz Carlos Bresser-Pereira, economista y ex ministro de Hacienda, me dijo en una entrevista en San Pablo que los motivos del bajo crecimiento de su país no son muy misteriosos. “Es un típico caso de enfermedad holandesa. Se llama así porque ocurrió en Holanda cuando se descubrió gas, y los recursos y las inversiones, en lugar de destinarse a la industria y la infraestructura, se orientaron a la extracción de hidrocarburos. También puede venir de la abundancia de otros recursos naturales, como soja, carne, trigo. Al tener un costo marginal muy bajo, se genera una sobrevalorización del tipo de cambio. En países como Brasil, esto impide que las industrias sean competitivas y termina aplastando el crecimiento.” Los defensores de Lula reconocen el problema, pero argumentan que Brasil es un país económicamente muy complejo, que ostenta una posición en el mercado mundial que lo obliga a competir con una industria eficiente y tecnificada, por lo cual no puede permitirse una estrategia proteccionista de dólar devaluado como la de Argentina, y mucho menos arriesgar la estabilidad económica. “Cuando recién asumimos –me dijo en Buenos Aires Marco Aurelio García, asesor de Lula en temas internacionales– se había instalado la idea de que un gobierno nuestro traería una inestabilidad política como la de Venezuela y una inestabilidad económica como la de Argentina.” Desde esta perspectiva, era necesario emitir señales tranquilizadoras para controlar la inflación y alejar el fantasma del default, y después sí agregar medidas de orientación desarrollista que, según los defensores de Lula, marcan una diferencia clara con las políticas de Cardoso, como el fortalecimiento del banco nacional de desarrollo, el BNDES, cuyos préstamos hoy superan a los del Banco Mundial y el BID sumados, y el refuerzo de empresas como Petrobras. Además, claro, del Plan de Aceleración del Crecimiento, un megaprograma de incentivos fiscales e inversiones por 240 mil millones de dólares lanzado en enero del 2007, luego de que Lula obtuviera su reelección. Y como las estadísticas son como los sueños, que cada uno interpreta a su modo, también pueden darle la razón a Lula: en el 2006, Brasil creció 3,7, un porcentaje inferior al promedio regional pero superior al de los años anteriores, y el año pasado 5,3 por ciento, su mejor marca en una década, sin desequilibrios en el horizonte, con una deuda externa relativamente baja y –a diferencia de la Argentina– con la inflación totalmente controlada.

3

¿Lula traicionó a la izquierda?

La pregunta puede parecer abstracta, pero viene a cuento de la reacción de intelectuales y políticos que acusan a Lula de haber renegado de sus ideales. En principio, salvo los desinformados o negadores, nadie debería sorprenderse mucho: en el 2002, en plena campaña electoral, el FMI ofreció un paquete de salvataje a Brasil de 30 mil millones de dólares con la condición de que todos los aspirantes a la presidencia –o sea Lula– se comprometieran a aplicar un programa ortodoxo. Y Lula, presionado por la crisis financiera, aceptó firmarlo.

Pero el giro no debería ser visto como un simple intento de adaptación oportunista, sino como el resultado de un largo proceso de aprendizaje, consecuencia de las derrotas presidenciales anteriores y de la experiencia del PT en la gestión de grandes ciudades, incluyendo San Pablo: una cosa es cantar en los fogones del Foro Social Mundial y otra muy distinta gobernar megalópolis con enormes problemas y un presupuesto limitado. Las cosas se aprenden de ese modo. Y también de escuchar a la sociedad, que tras diez años de neoliberalismo comenzaba a desencantarse con Cardoso, pero que no estaba dispuesta a tirar por la borda los avances de modernización y estabilidad que tanto esfuerzo habían costado. En este sentido, el ascenso del PT fue una consecuencia tanto de los fracasos como de los éxitos de Cardoso, por lo que es natural que su estrategia económica haya contemplado este balance.

4

¿Lula está haciendo cosas por los pobres?

Lula asumió el poder con la promesa de que, al cabo de cuatro años de mandato, todos los brasileños tendrían garantizadas sus tres comidas diarias. No lo logró, pero avanzó mucho. Su estrategia consistió en fusionar una serie de programas creados por Cardoso en uno solo, el Bolsa Familia, y luego ampliar la cobertura. En el 2003, antes del triunfo del PT, 3,6 millones de familias recibían el programa; hoy el beneficio llega a 11 millones de familias, 44 millones de personas, lo que equivale a un cuarto de la población brasileña y supera al total de habitantes de la Argentina.

El programa consiste en una transferencia de dinero a los hogares más pobres, que se entrega mensualmente a las madres y que exige como contrapartida mantener a los niños en el sistema escolar y llevarlos periódicamente al médico, lo cual contribuye a prevenir enfermedades, combatir la deserción escolar y atacar el empleo infantil. Cada familia recibe en promedio 34 dólares, lo cual parece poco, pero no tan poco si se tiene en cuenta que en Brasil una familia en situación de extrema pobreza gana 68 dólares mensuales. En muchos casos, es la diferencia entre la vida y la muerte.

La decisión de Lula de focalizar las políticas sociales en la población pobre en lugar de aplicar criterios universalistas suele ser muy criticada, pero conviene tener cuidado con las simplificaciones. En principio, un plan que llega a 44 millones de personas difícilmente pueda definirse como “focalizado”. Pero además no está clara la alternativa, pues la idea de un subsidio universal en un país como Brasil es directamente absurda. El camino elegido por Lula es por supuesto discutible, sobre todo por los límites para cambiar las estructuras profundas de la desigualdad, pero en absoluto ineficaz: el Bolsa Familia, junto a otras medidas como el aumento del salario mínimo, produjo una reducción de la pobreza, que hoy se ubica en el 33 por ciento, contra casi 37, 5 cuando asumió el gobierno.

5

¿La situación institucional de Brasil le pone límites a Lula?

Vicente Palermo, el argentino que mejor conoce la política brasileña, sostiene que, a diferencia de países como Venezuela y la Argentina, en Brasil existen una serie de factores que limitan seriamente el margen de acción de los presidentes. “Uno podría pensar que, al ser un país tan grande y poderoso, el presidente cuenta con mucho poder, pero en realidad no es así”, explica Palermo.

Entre los límites más importantes figura el sistema de partidos, que es tan complicado que hay que estudiar varios años para entenderlo e incluye hasta partidos de aluguel (alquiler), pequeñas agrupaciones con personería jurídica que en vísperas de elecciones se venden al mejor postor y que luego se descartan. También pesan los poderes estaduales, una sociedad civil activa y atenta (aunque poco propensa a la acción directa) y las grandes burocracias intocables, a los que ningún presidente se les anima, como la cancillería de Itamaraty o el Banco Central.

Como todos los presidentes brasileños, Lula carece de mayoría legislativa, por lo que se ha visto obligado a buscar acuerdos parlamentarios con todo tipo de partidos. Esto explica sus dificultades para avanzar en políticas más radicales y permite entender –aunque no justificar– la crisis que estalló en el 2005, cuando se revelaron los pagos de mensualidades a legisladores opositores a cambio de su apoyo al gobierno, en una serie de escándalos que incluyó la detención en un aeropuerto del asesor del PT, José Adalberto Viera da Silva, acusado de llevar 100 mil dólares en sus calzoncillos. “Eso es lo que yo llamo dinero sucio”, escribió José Simao, el filoso humorista del Folha de São Paulo.

6

¿Brasil quiere liderar América latina?

Probablemente no América latina, pero seguramente sí América del Sur. Brasil ocupa el 47 por ciento de la superficie y limita con 10 de los 12 países de Sudamérica, tiene la mitad de la población y un PBI de casi 800 mil millones de dólares, lo que implica la mitad del sudamericano y cuatro veces el de Argentina, siete el de Chile y 80 veces el de Bolivia.

Durante décadas, la singularidad lingüística y cultural de Brasil convenció a sus gobernantes de que lo mejor era imponer una distancia altiva en sus relaciones con el resto de la región, pero la estrategia cambió en 1985, con el fin de las dictadura y la distensión con Argentina, su tradicional competidor regional y actualmente su socio más confiable. Desde aquel momento, Brasil comenzó a impulsar la integración regional, primero a través del Mercosur y luego de la Comunidad Sudamericana. Durante la etapa de Cardoso, el esfuerzo integracionista tuvo un perfil más económico, orientado al intercambio comercial, pero desde la victoria de Lula se ha ido complementado con una serie de medidas políticas: Brasil lideró la misión de Naciones Unidas en Haití, envió comisiones de mediación a las crisis de Ecuador y Bolivia y juega un papel central como gran contenedor regional de Venezuela.

Todas estas iniciativas parten de la idea de que el desarrollo de un país de dimensiones continentales como Brasil nunca será posible en un entorno regional convulsionado, lo cual se traduce en proyectos positivos pero también genera problemas: los socios más pequeños del Mercosur, Uruguay y Paraguay, acusan a Brasil de no entender la importancia de reducir las asimetrías, como demuestra el hecho de que los fondos de compensación –pálida copia de los Fondos Estructurales de la Unión Europea– apenas alcancen los 100 millones de dólares. Además, claro, de las tentaciones subimperialistas, como la agresiva política de Petrobras en Bolivia y el sello arquitectónico de esta inclinación: la embajada brasileña en La Paz, una imponente mole de hormigón y vidrio, no tan fea pero casi tan grande como la embajada de la ex Unión Soviética en Berlín Oriental.

7

¿Tiene futuro la izquierda brasileña?

En el 2010 Lula habrá gobernado dos períodos, sin posibilidad de reelección. El PT, pese a los golpes, conserva su lugar en el escenario político, pero tiene un déficit de candidatos, ya que algunas de sus figuras más fuertes tuvieron que dejar el gobierno tras los escándalos de corrupción, y ninguno de los posibles postulantes tiene el peso político del actual presidente. Pero lo central, más allá de las especulaciones electorales, es que la presidencia de Lula dejará una fuerte impronta en la historia brasileña, al igual que la gestión de Cardoso, dos buenos presidentes no tan diferentes entre sí, aunque el tiempo histórico de cada uno y su lugar en el campo político sí fueron muy distintos. El PT, sin candidatos de peso, se expone a una derrota en el 2010, aunque esto no necesariamente implicará un cambio radical en la política económica, en la estrategia de inserción internacional ni en los programas sociales de Brasil: algunas decisiones de Lula, en particular la extensión de la cobertura social a los sectores más pobres, difícilmente puedan desactivarse sin generar resistencia. Tal vez sea éste, más allá de los resultados electorales, el gran triunfo de la izquierda brasileña.

7 preguntas y 7 respuestas sobre la Bolivia de Evo Morales

NOTA SOBRE LAS NUEVAS IZQUIERDAS EN LATINOAMERICA

Por José Natanson, Página/12

1 ¿Evo Morales es indigenista?

Con una madre aymara que en español sólo sabía el Padrenuestro, criado en una casa de barro en un pueblito perdido de Oruro, Evo Morales vivió una infancia de una pobreza difícil de imaginar, con cuatro de sus siete hermanos muertos a poco de nacer y el hambre siempre acechando. Su asombrosa trayectoria política sólo se entiende como parte del proceso de reafirmación indígena surgido en los ’70, que tuvo en el katarismo –en referencia a Túpak Katari, el caudillo aymara descuartizado por los españoles durante el cerco a La Paz de 1781– su sector más radical, y que consiguió su primer reconocimiento en 1994, con una reforma constitucional que estableció el carácter “pluricultural y multiétnico” del país e inauguró la educación bilingüe en las escuelas.

Esto sucedió durante la presidencia neoliberal de Gonzalo Sánchez de Lozada, algo que a primera vista puede parecer una paradoja pero que quizás no lo sea tanto: el reemplazo de la idea de clase por la de etnia o cultura sintonizaba perfectamente con la espíritu anti-Estado-nación que defendía el pensamiento en boga. Con un problema: los indígenas bolivianos no son minorías a las que hay que proteger, sino amplias mayorías excluidas, cuya discriminación étnica se superpone, retroalimentándose, con la desigualdad social. Una realidad más parecida al apartheid sudafricano que a las imágenes de esos indios posmodernos y coloridos que a veces aparecen en National Geographic.

El fracaso de estas primeras operaciones de apertura en clave neoliberal, que sólo cambiaron cosméticamente la situación, consolidó en el movimiento indígena la idea de que era necesario construir un instrumento político propio para llegar al poder y desde allí cambiar las cosas. El gran acierto de Evo Morales fue lograr la confluencia entre el reclamo indígena y otras corrientes políticas –antineoliberales, nacionalistas– detrás de un único proyecto político. “Si fue Evo Morales y no Felipe Quispe quien accedió al lugar de primer presidente indígena de Bolivia, fue porque logró articular un proyecto nacional frente a la perspectiva aymaracéntrica”, escribió Pablo Stefanoni (Nueva Sociedad 209, mayo-junio del 2007). En otras palabras, supo expresar políticamente a los campesinos de las zonas más atrasadas del interior, pero también a los indígenas y mestizos urbanos incorporados al mercado de consumo, que usan jeans y zapatillas, se conectan a Internet y en muchos casos han abandonado definitivamente el quechua y el aymara.

2 ¿Qué importancia tuvo la coca la carrera de Evo Morales?

Aunque la coca se cultiva desde la invasión de los Incas, el verdadero boom comenzó a mediados de los ’80, cuando el cierre de las minas de estaño y una brutal sequía en el altiplano produjeron una migración masiva hacia el Chapare, una zona fértil del trópico, justo en un momento en que en Estados Unidos se ponía de moda la cocaína, la droga que sintonizaba bien con el acelerado espíritu yuppie de la época.

La coincidencia entre demanda y oferta produjo una expansión geométrica de las plantaciones de coca, cultivo que cuenta con una serie de ventajas que no posee ningún otro producto: emplea gran cantidad de mano obra, no requiere mucho capital ni fertilizantes, ni una infraestructura especial; uno compra o alquila un lote y lo único que precisa, además de brazos bien dispuestos, son los plantines. Además, la coca resulta rentable aún en pequeñas parcelas. Como diría un economista, no requiere economías de escala. Clásico cultivo de minifundio, la coca se parece al café, con la diferencia de que rinde tres cosechas al año en lugar de una.

Mientras la coca se expandía, la guerra contra las drogas desatada por Ronald Reagan forzaba a los sucesivos gobiernos bolivianos a ensayar una serie de estrategias de erradicación que fracasaron una otra tras otra, tanto por la falta de incentivos para los productos sustitutos como por la creciente brutalidad policial. La reacción del movimiento cocalero fue cohesionarse y fortalecerse y luego presentarse a elecciones, ganar primero algunas intendencias, después un diputado nacional y finalmente la presidencia. En este sentido, el ascenso de los cocaleros al poder es resultado de un proceso que combinó triunfos electorales con métodos de acción directa, los bloqueos y piquetes que terminaron anticipadamente con dos gobiernos y que finalmente concluyeron con su llegada al poder.

3 ¿El gobierno de Evo Morales es revolucionario?

Si Hugo Chávez habla en Venezuela de su “revolución bolivariana” y si Rafael Correa define a su proyecto como una “revolución ciudadana”, Evo Morales también apela de tanto en tanto a la vieja palabra, aunque el adjetivo que la acompaña no está del todo claro. Por eso, más allá de las definiciones, tal vez la mejor forma de acercarse a una respuesta sea analizar los motivos y el impacto de la decisión más radical de su gobierno: la nacionalización de los hidrocarburos.

El decreto de nacionalización, sorpresivamente anunciado en enero del 2006 y teatralizado con la ocupación militar de los campos gasíferos, obligó a las empresas privadas a ceder la totalidad de su producción y la mayor parte de sus acciones al Estado. Además, ordenó un incremento de las regalías del 50 al 82 por ciento. Las grandes compañías extranjeras como Petrobras y Repsol, aunque al principio amenazaron con retirarse, aceptaron reformular los contratos bajo las nuevas condiciones, lo que le permitió al gobierno cumplir su objetivo de aumentar la participación estatal sin producir un desplazamiento total de las inversiones extranjeras.

El incremento del porcentaje obtenido por el Estado, junto al aumento de los precios internacionales y la renegociación de los valores de las exportaciones a Argentina y Brasil, le permitieron al gobierno mejorar sus ingresos fiscales. Según la Cepal, aumentaron 47 por ciento desde la firma del decreto. Conviene entonces matizar las críticas sobre el populismo de Evo Morales apuntando que, para envidia de más de un neoliberal, su gobierno es el fiscalmente más sólido del último medio siglo. Con un superávit de 4,5 por ciento, reservas record y una deuda externa en disminución gracias a las condonaciones del Banco Mundial y el BID, la macroeconomía luce estable y ordenada. En Bolivia nadie se preocupa mucho por el ministro de Hacienda, pues la atención permanece en la crisis política, pero no está de más dedicarle dos líneas: Luis Arce Catacora es un funcionario de carrera del Banco Central con un posgrado en Inglaterra, que habla inglés y portugués y no reniega de las medidas rigurosas. Es, de hecho, el responsable de aplicar la ortodoxa política de metas de inflación para controlar la suba de precios.

4 ¿El gobierno apuesta a un sector económico poscapitalista?

Eso, al menos, me dijo Alvaro García Linera, vicepresidente de Bolivia y referente intelectual de una parte de la izquierda de su país, cuando lo entrevisté en su departamento lleno de libros en La Paz. “Nuestra economía tiene un espacio capitalista que hay que fortalecer. La diferencia con los otros gobiernos es que ya no se trata de un capitalismo de camarilla, endogámico y especulativo, sino de un capitalismo productivo. Pero también hay sector no capitalista, o poscapitalista, que son las fuerzas comunitarias tradicionales. Se encuentran fragmentadas y dispersas, pero tienen en su interior mucho potencial. Es una estructura muy amplia: el 90 por ciento de la economía campesina es de tipo familiar-comunitaria.”

Suena bien. Sin embargo, parece difícil que un sector de estas características –baja productividad, escasísima incorporación de tecnología, escala reducida– pueda utilizarse para algo más que la elemental autosustentación. Para García Linera, sin embargo, hay allí un potencial productivo. “Nuestro gran reto es convertir a la comunidad en una fuerza poscapitalista. ¿Qué de todo esto podremos desarrollar? No sabemos. Pero creemos que lo central es que se están alumbrando cosas que van más allá de una mera readecuación democrática a un capitalismo maduro ya existente.”

5 ¿Evo Morales está logrando avances en la lucha contra la pobreza?

El punto de partida es desolador. Bolivia es, después de Haití, el país más pobre de América latina, con 63, 9 por ciento de pobreza y 34,7 de indigencia, el triple de mortalidad infantil que en Argentina, la segunda esperanza de vida más baja de la región y uno de los peores índices de distribución del ingreso del continente.

Tal vez todavía sea pronto para evaluar el desempeño de Evo Morales en este aspecto. Desde su asunción, la economía creció a un ritmo razonable: 4,6 por ciento en el 2006, 3,9 en el 2007 y se estima un 4 por ciento en el 2008. Aunque no hay datos fehacientes, es probable que la pobreza haya disminuido ligeramente por la extensión de algunos programas sociales, como el Bono Juancito Pinto de apoyo escolar, y el incremento de las pensiones. “Estamos buscando un camino distinto”, me dijo Juan Ramón Quintana, ministro de la Presidencia de Bolivia, cuando conversé con él en la sede de la embajada de su país en Buenos Aires. “Los recursos obtenidos por la nacionalización nos permitieron fortalecer las inversiones sociales, apoyar con créditos los microemprendimientos, la economía familiar, la pequeñas empresas. Pero no es algo que se pueda hacer de un día para el otro.”

El problema que se interpone en estos planes es la dualidad estructural de la economía boliviana: por un lado, el sector minero e hidrocarburífero, más algunos pocos exportadores de soja, joyas y cuero, hiperproductivos y modernos; por otro lado, decenas de miles de pequeños emprendimientos atrasados y de bajísima productividad. La dificultad deriva del hecho de que el primer sector, que genera el 60 por ciento del ingreso, emplea a sólo el 7 por ciento de la población, mientras el segundo, que explica el 40 por ciento del ingreso, emplea al 83 por ciento de la mano de obra. El último informe del PNUD sobre Bolivia sostiene que cambiar este patrón económico es la clave del desarrollo. De otra forma, el país podrá crecer, pero será un crecimiento empobrecedor, tal como explicó Salvador Ric, ex ministro de Obras Públicas de Evo Morales, quien hizo cálculos y llegó a la siguiente conclusión: a este ritmo y con este patrón de crecimiento, Bolivia tardará 20 años en alcanzar los niveles de desarrollo de… Paraguay.

6 ¿Qué falta para la sanción de una nueva Constitución?

Seis meses después de la llega al poder de Evo Morales se realizaron las elecciones constituyentes, en las que el oficialismo se impuso claramente, aunque sin lograr los dos tercios necesarios para poder definir por sí solo las reformas planteadas. El plebiscito acerca de las autonomías departamentales, que se realizó en simultáneo, arrojó un triunfo del No –la postura defendida por el gobierno– en el total nacional. Sin embargo, el Sí se impuso en cuatro departamentos: Santa Cruz, Tarija, Pando y Beni. La asamblea se reunió y, tras un año y medio de sesiones, no logró acordar un solo artículo.

El golpe de timón llegó en noviembre del 2007, cuando los asambleístas alineados con el gobierno se reunieron en un cuartel militar y, con dos tercios de los convencionales presentes (no del total), aprobaron en una sola sesión 400 artículos: entre otros, la recuperación del rol del Estado en la economía y la prohibición de la privatización de los servicios básicos. Al día siguiente, los prefectos de los departamentos rebeldes anunciaron que desconocían la nueva constitución y que convocarían a plebiscitos autonómicos. El gobierno respondió con un anuncio de elecciones, pero fue desautorizado por la Justicia.

Este complicado enredo institucional no debería ocultar el diagnóstico esencial: el empate que paraliza a Bolivia. A diferencia de Chávez, que en los primeros años de gobierno logró el monopolio absoluto de la iniciativa política, Evo Morales enfrenta a una oposición que, si bien cuantitativamente minoritaria, cuenta con poder, dinero y recursos. La lidera Santa Cruz, el departamento más próspero de Bolivia, que origina el 30 por ciento del PIB nacional, genera el 62 por ciento de las divisas y recibe el 47,6 por ciento de la inversión extranjera. Es además la región más integrada al Mercosur y la que ostenta lo más parecido a una industria manufacturera que hay en el país. Basta caminar unas horas por las calles de Santa Cruz, atestadas de 4×4, para hacerse una idea de una prosperidad que allí se lleva como un estandarte de progreso individual en un país acostumbrado al fracaso económico.

Como Cataluña en España, Santa Cruz es un centro de poder económico que reclama para sí margen de maniobra político y una mayor proporción de la renta, que ha conseguido arrastrar en su reclamo a los departamentos contiguos y que hoy es el núcleo de la oposición política al gobierno. Es una pulseada por poder político y recursos económicos que, sin embargo, no debe confundirse con una pretensión separatista, plan inconcretable por una larga serie de motivos, que van desde la seguridad de que ningún país vecino tolerará una secesión hasta el detalle económico de que, pese a todo, el principal mercado de Santa Cruz sigue siendo… Bolivia.

7 ¿Hay una salida para Bolivia?

El cambio político inaugurado por Evo Morales en enero del 2006 es el más profundo y radical de todos los se están produciendo hoy en América latina. Si el proceso refundacionista venezolano se limitó a una rotación de elites con masivas políticas sociales, el boliviano apunta a la incorporación de una enorme mayoría indígena excluida (según el último censo, el 64 por ciento de la población) en un doble sentido: económico y político. Lo primero es difícil en un país que, además de pobrísimo, no ha logrado diversificar su estructura productiva (el 75 por ciento de sus exportaciones son hidrocarburos y alimentos) y cuyo crecimiento, aunque algo mejor, sigue siendo bajo. En cuanto a la incorporación política, más allá de la enorme revolución simbólica que implicó la llegada al poder de Evo Morales, tampoco está cerrada. El gobierno no ha logrado extender su influencia a las regiones rebeldes del Oriente y, en un contexto de creciente polarización, corre el riesgo de perder el apoyo de las clases medias. Transformar su proyecto refundacionista en un mínimo consenso nacional –el ejemplo de Nelson Mandela– implicará tarde o temprano conceder y negociar, sin dejar de lado los reclamos de justicia: un equilibrio complicado en un camino apenas más ancho que una cornisa.

7 preguntas y respuestas sobre el Chile de Lagos y Bachelet

Nota sobre las nuevas izquierdas en Latinoamérica.

Por José Natanson, Pagina/12.com

1 ¿El modelo chileno es neoliberal?

En 1973, la dictadura de Augusto Pinochet se propuso remodelar de un sablazo la economía chilena mediante un modelo de crecimiento hacia afuera que excluyera cualquier recuerdo del socialismo de Salvador Allende. En poco tiempo, Chile diversificó sus exportaciones, realizó rotundos recortes fiscales y encaró privatizaciones masivas. Tres años antes que Argentina, que inició el giro neoliberal en 1976, y que Estados Unidos y Gran Bretaña, que tuvieron que esperar hasta los ’80 para la revolución conservadora, Chile avanzaba hacia el mundo dorado de la sociedad de mercado.

Sin embargo, pese a sus raíces innegablemente ortodoxas, ciertos rasgos propios marcan una diferencia crucial entre el modelo chileno y el neoliberalismo puro y duro. En principio, ni siquiera Pinochet se atrevió a privatizar Codelco, la empresa nacional de cobre, ni a desarmar la reforma agraria implementada por la Democracia Cristiana en los ’60, que acabó con los latifundios y fue clave para el posterior despegue de los agronegocios. El Estado, además, cumplió un rol importante, garantizando un tipo de cambio competitivo primero, y estableciendo límites al ingreso de capitales después.

En 1990, cuando Pinochet finalmente dejó el poder, algunos especularon con un cambio económico, pero los cuatro presidentes de la Concertación –los democratacristianos Patricio Aylwin y Eduardo Frei y los socialistas Ricardo Lagos y Michelle Bachelet– decidieron no modificar la esencia del modelo, asentado en un manejo macroeconómico riguroso, sin déficit fiscal ni inflación, una presión impositiva bajísima (18 por ciento) y una estructura fiscal regresiva (los impuestos al consumo afectan incluso a los productos más básicos, como la leche y el pan, mientras que el impuesto a la renta es muy reducido). Todo esto en el marco de leyes laborales hiperflexibles, con una de las tasas de sindicalización más bajas de la región (menos del diez por ciento) y servicios públicos carísimos.

El mercado tiene pocos límites en Chile. El año pasado, por ejemplo, Bachelet impulsó una reforma del sistema de seguridad social, una de las joyas del modelo e inspiración de transformaciones similares en varios países, que en teoría era excelente pero que arrastraba el pequeño detalle de que estaba dejando sin cobertura a… la mitad de la población. El nuevo diseño incluye una “jubilación solidaria” para quienes no aportaron los años suficientes, pero ni los sectores más progresistas de la Concertación se animaron a poner en duda el corazón del sistema, basado en el aporte individual, sin presencia del Estado.

2 ¿Hizo bien la Concertación en mantener el modelo económico?

Durante los 15 años de Pinochet Chile creció, en promedio, apenas 2,9 por ciento, según datos de la Cepal. Pese a ello, la idea del éxito económico de la dictadura se encuentra muy extendida. “Esto se explica por el contraste con el último tiempo de Allende, que fue muy caótico. Además, en los últimos dos años de Pinochet el PBI creció casi 10 por ciento. Muchos se acuerdan de eso, más que del balance general, que no es bueno”, me dijo Ricardo Ffrench Davis, uno de los economistas más reconocidos de Chile, en una entrevista en la sede de la Cepal en Santiago.

Si durante la dictadura el crecimiento fue de 2,9, en los 17 años de la Concertación promedió casi el doble (5,9), con un incremento del salario real del 3 por ciento anual, el desempleo siempre debajo del 10 por ciento y la inflación controlada. Ahí sí puede hablarse de un verdadero éxito económico, una de cuyas claves fue la diversificación de los destinos de las exportaciones, que se dirigen hacia todo el mundo pero cada vez más hacia Asia. Para ello fue fundamental la firma de tratados de libre comercio con veinte países, desde Estados Unidos y China hasta Nueva Zelandia y México, lo cual permitió que algunas empresas chilenas se transformaran en grandes multinacionales, como puede comprobar cualquier argentino que compre en Falabella o viaje por LAN.

Todo esto convirtió a Chile en el país latinoamericano que más crece y, aún más importante, el único que lo hace de manera sostenida. “La diferencia fundamental es que mucho, poco o poquísimo, Chile crece siempre. Siempre. Esa es la clave de su éxito”, me dijo el jefe de Gabinete argentino, Alberto Fernández, durante una pausa de un seminario organizado en el 2005 para debatir las estrategias económicas de los gobiernos del Cono Sur.

3 ¿El modelo económico chileno es perfecto?

Hay dos grietas difíciles de cerrar. La primera es la primarización de la estructura económica. Quienes suelen cuestionar a Venezuela por su petrodependencia deberían prestar atención a este dato: hoy, con el precio de los minerales por las nubes, el cobre representa el 45 por ciento de las exportaciones de Chile. Del resto, un 30 por ciento son otros productos primarios o elaboraciones a partir de ellos. Esta es la base de un modelo que, aunque garantiza alto crecimiento, dificulta la extensión de sus beneficios a todos los sectores sociales, pues la industrias exportadoras son en general enclaves que generan escasos puestos de trabajo.

Pero la crítica también admite matices, como me dijo el ex presidente Ricardo Lagos cuando lo entrevisté en Santiago. “El argumento tiene algo de cierto, pero suele exagerarse. Yo le pregunto a usted: si yo exporto un producto primario, por ejemplo almendras, pero colocadas dentro de una bolsita hermética, que a su vez va dentro de un cajita de cartón especial, diseñada especialmente para un hotel cinco estrellas de Europa, con el nombre y el logo del hotel, que tiene que llegar en determinado momento y en determinado volumen. ¿Qué estoy exportando? ¿Almendras? ¿Qué valor tienen las almendras en ese producto?” Lagos agregó otro ejemplo. “Tengo un amigo que exportaba ostiones congelados, hasta que se dio cuenta de que era más rentable exportarlos enfriados. Eso significa que, desde que los ostiones se sacan del Pacífico hasta que se sirven en un restaurante de París, Nueva York o Berlín, no pueden pasar más de 30 horas. ¿Qué exporta mi amigo? ¿Ostiones? ¿O exporta know how, tiempo, eficiencia?”

Pero aun admitiendo que la primarización de la estructura económica no es para tanto, hay una segunda grieta imposible de ocultar: la desigualdad. En Chile, la distancia entre el 20 por ciento más rico y el 20 por ciento más pobre de la población es de 14 veces. En sus cuatro gobiernos, la Concertación implementó una serie de programas sociales orientados a combatir la pobreza y, al mismo tiempo, mejorar la distribución del ingreso. Lo primero fue posible; lo segundo no. Cuando le planteé el tema, Lagos me dijo que, si se suman las inversiones en educación y salud, la distancia se reduce de 14 a 8. Es cierto, pero también es verdad que sigue siendo superior a la de Argentina, Venezuela o Perú.

4 ¿Es Chile un modelo para los países de América latina?

El éxito económico de Chile se explica por una serie de características particulares. Es un país de talla intermedia, que contaba con una buena dotación de capital humano antes del golpe de Pinochet, con un Estado relativamente eficiente, donde el cobre funciona como fuente permanente de divisas y que además tiene ciertos rasgos geográficos particulares: por ejemplo, es un país muy limpio desde el punto de vista fitosanitario, casi una isla por la cordillera y el mar. Además, últimamente se ha beneficiado de su ubicación sobre el Pacífico, que le permite aprovechar la creciente demanda asiática, tanto para la exportación de sus productos como para la salida de las exportaciones de Argentina y Brasil. Como Venecia en el siglo XIII, Chile se consolida como puente entre Oriente y Occidente.

Por eso, aunque por supuesto tiene aspectos muy positivos, el modelo chileno no es exportable al resto de la región. “Se ha puesto a Chile como modelo y nosotros hemos dejado que nos utilicen para eso. Yo siempre digo que somos los mejores alumnos de la clase, pero que no somos los mejores compañeros”, me dijo Carlos Ominami, ex ministro de Economía y actual senador socialista, cuando le pregunté por el tema. “A mí me pasa –-continuó Ominami– que vienen de algunos países africanos y nos dicen: ‘Nosotros hicimos lo mismo que ustedes y no funcionó’. Y por supuesto, ¿cómo va a funcionar si son países completamente diferentes? ¿Qué tiene que ver Chile con Africa?”

5 ¿La Concertación es de izquierda?

El tema es resbaladizo, pero si partimos del supuesto de que la principal misión de la izquierda es combatir la pobreza, entonces la respuesta no es tan difícil. En 1989, en el último año de la dictadura de Pinochet, pese al exitoso modelo económico (o como resultado de él), la pobreza había trepado al 45 por ciento. Hoy se ubica en 13,2, el porcentaje más bajo de América latina, con una tasa de indigencia de 3,2, casi casi la de un país desarrollado.

Esto fue posible gracias al crecimiento económico sostenido, la extensión de los servicios sociales desde el inicio de los gobiernos de la Concertación y la implementación del Plan Chile Solidario, creado por Lagos y profundizado luego por Bachelet, que consiste en una transferencia de dinero a las familias más pobres a cambio de una serie de contraprestaciones, desde llevar a los chicos al médico hasta sacar en carnet de identidad.

Los progresos son innegables, pero no deberían ocultar las asignaturas pendientes: las políticas sociales, aunque sirvieron para atacar la pobreza y la indigencia, parecen incapaces de enfrentar otros problemas, más complejos, como la precariedad del trabajo, en general mal pago y sobrexplotado, o las crecientes demandas de una clase media baja que no logra incorporarse a un boom de consumo que ha alcanzado niveles obscenos. “Hay dos agendas sociales: la de la pobreza, en la que hemos sido bastante exitosos, y la de la desigualdad, en la que tenemos que seguir trabajando”, me dijo Luis Maira, embajador de Chile en la Argentina, cuando le pedí una evaluación de los progresos sociales de la Concertación.

6 ¿La izquierda chilena avanzó en otros aspectos?

Caso único en el mundo, Chile no cambió su marco institucional con el fin de la dictadura y siguió rigiéndose por la Constitución de Pinochet, que incluía una serie de cláusulas que limitaban el margen de acción de los presidentes democráticos, que no podían designar a los jefes militares ni intervenir en la política de defensa y que además sufrían un bloqueo legislativo permanente de los “senadores institucionales”, un puñado de carcamanes designados por Pinochet como legisladores vitalicios. Este sistema de democracia atenuada retrasó absurdamente ciertas reformas elementales: Chile, pese a su modernidad económica, fue el último país del Hemisferio Occidental (a excepción de Malta) en aprobar la ley de divorcio.

Esto recién comenzó a cambiar en 1998, cuando Pinochet fue detenido en Londres y se conocieron sus millonarias cuentas secretas, revelación que a un sector de la sociedad chilena escandalizó más que los crímenes cometidos por su gobierno. Se creó así un cierto clima de destape, un poco como el de la España pos-Franco, que permitió el surgimiento de nuevas manifestaciones culturales, como la irreverente revista The Clinic, y hasta el cierre del Comité de Censura, que estaba integrado por policías y militares y que ya no pudo impedir la exhibición de La última tentación de Cristo. Finalmente, tras un larguísimo trámite parlamentario, Lagos logró la aprobación de una serie de reformas que eliminaron los últimos resabios autoritarios de la Constitución.

7 ¿Tiene futuro la izquierda chilena?

Michelle Bachelet asumió el gobierno con la promesa de mezclar continuidad (del modelo económico) y cambio (de los aspectos más negativos del modelo, en especial la desigualdad social). Su condición de mujer le permitió a la Concertación proyectar una imagen renovada sin arriesgar su esencia. Sin embargo, al poco tiempo comenzaron a surgir una serie de problemas imprevistos: las protestas estudiantes, las manifestaciones indígenas y el caos del Transatiago, el fallido intento de reorganización del transporte de la capital.

La popularidad de Bachelet ha caído a menos del 45 por ciento. Pese a ello, sería un error pronosticar el final de la Concertación. En principio, dos de los candidatos más populares para las elecciones presidenciales del 2010 –el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, y el mismo Lagos– pertenecen a la coalición. Pero hay un factor más estructural. Desde la recuperación democrática, la sociedad chilena ha estado divida en dos bloques, continuidad del voto por el Sí o por el No a Pinochet en el plebiscito de 1988. Aquella vieja división, pese a los intentos de Sebastián Piñeira de construir una derecha más democrática, prevalece hasta hoy. Tal vez la muerte de Pinochet cambie las cosas, pero mientras la frontera política esencial siga siendo ésa, la Concertación tiene buenas chances de mantenerse en el poder.

La continuidad de los antiliberales

LA GRAN NOVEDAD POLITICA DE LA REGION

Los gobiernos que algunos llaman “progresistas” y otros “nueva izquierda” no sólo lograron llegar al gobierno en buena parte de Latinoamérica, sino que, contra la tradicional inestabilidad de la región, también consiguen revalidarse en las urnas. De Lula y Chávez a Bachelet y Kirchner. Final del formulario

Por José Natanson, Página/12

Aunque cada elección es un mundo, el triunfo de Cristina Kirchner en los comicios presidenciales de ayer no es un fenómeno aislado, sino parte de una tendencia que, con unas pocas excepciones, viene afirmándose en América latina. La gran novedad política de la región en los últimos años –el ascenso de líderes y partidos pos-neoliberales– llega acompañada de otra noticia no menos impactante: esos gobiernos no sólo no se desgastan, sino que se afirman en el poder, definiendo una continuidad que parece asombrosa en un continente históricamente marcado por la inestabilidad y las rupturas, pero que si se mira bien en realidad no resulta tan extravagante.

La ola pos-neoliberal

¿Por qué los gobiernos pos-neoliberales, que algunos llaman “nueva izquierda” y otros “progresistas”, logran revalidarse en las urnas? La primera explicación es que –contra lo que opina cierta derecha simplona– estos gobiernos son flexibles, pragmáticos y han sabido adaptarse a la realidad de cada país. Aunque todos fueron elegidos como una reacción al desastre económico y social generado por el neoliberalismo, sus estrategias económicas son muy diferentes, y van desde la consolidación de políticas ortodoxas como condición para las políticas sociales, como en Brasil o Chile, hasta la búsqueda de alternativas más radicales, como en Bolivia o Venezuela. Pero incluso allí las cosas no son lineales: Evo Morales, que cedió el control de la economía a técnicos apartidarios, se enorgullece de haber conseguido el mayor superávit fiscal de las últimas décadas (4 por ciento), y otro tanto puede decirse de Venezuela: aunque Hugo Chávez es mucho más desprolijo, pocos recuerdan hoy que su primera decisión económica como presidente fue ratificar en su cargo a la ministra de Hacienda del gobierno anterior.

Este pragmatismo se explica, en primer lugar, por el origen de los gobiernos pos-neoliberales, todos ellos surgidos de entre los escombros del Muro de Berlín, una aparente contradicción que en verdad tiene una explicación simple: al desaparecer la URSS, Estados Unidos amplió su influencia hasta abarcar prácticamente todo el planeta y, tras los atentados del 11 de septiembre, creó una nueva doctrina de seguridad: el verdadero enemigo ya no era el comunismo sino el terrorismo. Concentrado en Oriente Medio, pudo distraer su atención de su viejo patio trasero, que lucía bastante tranquilo al lado de las amenazas de Irán o del desastre iraquí. Se abrió así un espacio de autonomía que antes no existía: esta condición de posibilidad, que permitió el ascenso de gobiernos pos-neoliberales, explica también el tono que han adoptado.

Ya no existe un horizonte revolucionario, el norte que durante años guió los destinos de la izquierda y que era en definitiva un legado de la Revolución Francesa, de su fe en el curso lineal de la historia y el progreso hasta alcanzar un final feliz. Esto ha generado flexibilidad y un saludable cambio de horizontes, muy a tono con los nuevos tiempos. Cuando la utopía revolucionaria estaba viva, la izquierda dedicaba mucho esfuerzo a debatir el largo plazo, casi siempre sin ponerse de acuerdo: si dictadura del proletariado sí o no, si gobierno de los soviets o del pueblo, si emancipación planetaria o revolución nacional, diferencias que funcionaban como dogmatismos bloqueadores que complicaban la construcción política concreta. Hoy, en cambio, el largo plazo es difuso: cualquier presidente progresista, de Lula a Evo Morales, coincidirá en sintetizar sus planes en un par de nociones más bien abstractas: equidad, desarrollo, inclusión social. Las diferencias no están en el largo sino en el corto plazo, lo cual no está nada mal, pues se trata de debatir qué medidas concretas y urgentes –por ejemplo, ¿nacionalizaciones sí o no?– son más adecuadas para alcanzar esos objetivos. Los caminos son muchos y se construyen de acuerdo con la realidad de cada país, en lugar de pretender que el país se adapte al plan maestro revolucionario o al recetario de Washington.

La globalización también ha hecho lo suyo. El aumento de la informalidad laboral y el debilitamiento de los sindicatos han producido una creciente heterogeneidad de las estructuras sociales. Esto ha obligado a los gobiernos pos-neoliberales a apoyarse en una base mucho más amplia y contradictoria que los obreros sindicalizados que en el pasado sostenían a la vieja izquierda y a los populismos y que definían programas mucho más rígidos. Sectores urbanos excluidos, trabajadores informales, movimientos sociales, todos estos grupos hoy forman parte de su sustento social. Y aunque se trata de articulaciones transitorias y precarias, que a menudo derivan en un exceso de personalismo, pues el líder es el único capaz de armonizar semejante amasijo, la verdad es que no les queda otra: nunca podrían descansar en el mero respaldo de los trabajadores organizados, sencillamente porque hoy no alcanzan para ganar una elección.

La última característica de los gobiernos pos-neoliberales, que explica sus victorias electorales y revela su sintonía con el signo de los tiempos, es su espíritu democrático. Muchos de los partidos progresistas en el poder (el PT de Brasil, el socialismo de Chile, el Frente Amplio de Uruguay y, en cierta forma, también el peronismo) sufrieron la persecución de las dictaduras y muchos de sus líderes fueron reprimidos y encarcelados: el ejemplo más dramático, pero no el único, es el de Michelle Bachelet. Todo esto hizo que, una vez recuperada, la democracia dejara de ser vista como una formalidad que ocultaba la opresión de clase, para convertirse en un logro importante a defender. Los organismos de derechos humanos, sobre todo en Argentina y Chile, jugaron un rol central en este cambio de mentalidad, que ha hecho que la izquierda actual no se plantee abolir la democracia. Ni siquiera Chávez, con sus proyectos de “democracia participativa y protagónica”, habla de dejarla de lado. De hecho, desde el golpe de Estado que sufrió en 2002, Chávez mira con otros ojos, más amigables, su cuestionada “democracia formal”, consciente de que –mientras tenga los votos– no será un obstáculo sino una garantía para su continuidad.

¿Por qué ganan las elecciones?

Pragmáticos, astutamente adaptados a los nuevos tiempos, los gobiernos pos-neoliberales han sabido aprovechar el buen momento económico. América latina atraviesa el período de mayor crecimiento –y más prolongado– en décadas: casi cinco años a un promedio del 3 por ciento anual, según los datos de la Cepal. El record es notable: en los últimos cuatro años, ningún país latinoamericano –a excepción de Haití, y sólo por un año– tuvo crecimiento cero o negativo. Este milagro es resultado de la mejora de los términos de intercambio por el aumento de los precios de las materias primas, sobre todo el petróleo y los productos agrícolas como la soja, debido al auge de China e India, en un contexto de tasas de interés relativamente bajas. Pero sería injusto atribuir todo el mérito al viento de cola, pues no todos los países crecen igual: en 2007, Argentina será el tercer país latinoamericano de mayor crecimiento, Venezuela el quinto y Chile el sexto, pero Brasil, Ecuador y Bolivia se ubicarán por debajo del promedio.

Y en todos, más allá de las diferentes performances económicas, se registran avances significativos en el campo social. En 2006 la pobreza latinoamericana fue de 38,5 por ciento y la indigencia 15,4 por ciento, lo que implica una leve disminución respecto del año anterior y una significativa baja en comparación con la situación de cuatro años atrás. Algo similar ocurre con la desigualdad: aunque sigue siendo la región más inequitativa del mundo, América Latina es cada año menos desigual que el anterior, un quiebre de tendencia confirmado por la Cepal, que tal vez sea la mayor noticia en décadas. La diferencia entre el 40 por ciento más pobre y el diez por ciento más rico se acortó y el Gini mejoró, sobre todo en Brasil, pese a su bajo crecimiento (lo que, dicho sea de paso, confirma la idea de que la lucha contra la pobreza y la desigualdad no puede plantearse sólo en base a la expansión económica).

Desde que llegaron al poder, los líderes y partidos pos-neoliberales han implementado, cada uno a su modo, diferentes estrategias sociales que, apoyadas en el boom económico, están dando sus frutos. Lula asumió el gobierno en 2003 con la promesa de que, al cabo de cuatro años, todos los brasileños tendrían garantizadas tres comidas diarias. No lo logró, pero avanzó mucho. Su estrategia consistió en fusionar una serie de programas creados por Fernando Henrique Cardoso en uno solo, el Bolsa Familia, que transfiere dinero –24 dólares en promedio– a las familias a cambio de contraprestaciones (mantener a los niños en el sistema escolar y de salud). El programa beneficia hoy nada menos que a 11 millones de familias, 44 millones de personas, lo que equivale a un cuarto de la población brasileña. Es –si se toman sólo los programas y no los “sistemas sociales”– el plan social más masivo de la historia del mundo.

En Chile, la pobreza bajó del 42 por ciento registrado en el último año de la dictadura de Augusto Pinochet a un 18 por ciento y, gracias a los programas focalizados implementados por Ricardo Lagos, la indigencia araña hoy el 4 por ciento, casi casi como un país desarrollado. En Uruguay, cuando Tabaré Vázquez asumió el gobierno había casi un millón de pobres y hoy el Plan Nacional de Emergencia Social distribuye un ingreso ciudadano a 300 mil personas. En Ecuador, una de las primeras medidas de Rafael Correa como presidente fue aumentar el Bono de Desarrollo Humano que reciben las familias más pobres, de 15 a 30 dólares. En Bolivia, Evo Morales inventó nuevos planes –como el Bono Juancito Pinto para los escolares– y amplió la cobertura de los que ya existían. En Argentina, Kirchner mantuvo el Plan Jefas y Jefes de Hogar e impulsó su conversión al Plan Familias, que prevé una renta complementaria para aquellos hogares que no llegan al salario mínimo.

En Venezuela la estrategia social se organiza en misiones. Comenzaron con la Misión Barrio Adentro, médicos cubanos que proveen atención primaria en las zonas más pobres del país, con una serie de ventajas innegables: viven en el mismo consultorio, están disponibles las 24 horas y atienden gratis. Hoy se estima que hay unos 30 mil. También con apoyo cubano se desarrollaron misiones educativas que contribuyeron a bajar el porcentaje de analfabetismo, junto a planes como la Misión Mercal, mercados de alimentos básicos subsidiados que nacieron como reacción al desabastecimiento generado por el paro petrolero y que se fueron extendiendo hasta límites insospechados: se calcula que entre un 35 y un 40 por ciento de los venezolanos compra sus alimentos en alguno de estos lugares.

La ola no rompe todavía

Esto ha generado una seguidilla de éxitos electorales. En Bolivia, Evo Morales revalidó su apoyo en las elecciones de convencionales constituyentes; en Ecuador, Rafael Correa logró dos triunfos abrumadores: el primero en el plebiscito sobre la reforma constitucional y el segundo en la elección de convencionales; en Brasil, Lula obtuvo su reelección por veinte puntos en la segunda vuelta; en Uruguay, el gobierno de Tabaré Vázquez conserva una buena imagen, pero la reelección inmediata está prohibida y aún no está claro quién será su sucesor; en Chile, la Concertación ha ganado todas las elecciones desde el plebiscito contra Pinochet de 1988 y hoy, pese a los problemas de Michelle Bachelet, tres de los cuatro candidatos con más intención de voto –Ricardo Lagos, José Miguel Insulza y Soledad Alvear– pertenecen a la coalición; en Venezuela, Chávez lleva ya una docena de elecciones democráticas perfectamente ganadas y es, de hecho, el presidente latinoamericano en el poder que más triunfos electorales acumula. La victoria de Cristina Kirchner en las elecciones de ayer se suma a esta larga lista.

Todo esto no implica, desde luego, que los gobiernos pos-neoliberales no tengan problemas, déficit y debilidades: en Venezuela, la inclinación al cesarismo plebiscitario, el desorden de gestión y la agitación nacionalista vacía; en Brasil, las dificultades para transmitir una idea de cambio fuerte, tanto en términos económicos como de transparencia; en Bolivia, los problemas para construir un gobierno más consensual que resuelva el empate político; en Chile, el desgaste inevitable tras dos décadas en el poder y –por primera vez– la incapacidad del gobierno para desarrollar políticas públicas; en Uruguay, la falta de margen de maniobra que permita un cambio más profundo. El lector juzgará los déficit del gobierno argentino: inflación, concentración de poder, aliados impresentables. Pero, a pesar de estos problemas, lo central es que los gobiernos pos-neoliberales, adaptados a los nuevos tiempos, flexibles y pragmáticos, han sabido aprovechar el buen clima económico para lograr, por primera vez en años, mejoras sociales sustanciales. En este contexto, la victoria de Cristina en las elecciones de ayer no es, como el tango, un invento argentino, sino parte de una ola gigantesca que todavía no se disolvió en la arena.

MOVIMIENTOS Y GOBIERNOS DE CENTRO-IZQUIERDA EN A.L.

Por James Petras

Rebelión

CONGRESO DEL PS CHILENO: TRIUNFO DE SECTOR ESCALONA

16 de Marzo de 2008

En Congreso PS se impone tesis escalonista sobre tema presidencial

La postura de la mesa fue finalmente respaldada en medio de una instancia, donde se abrió fuego la carrera presidencial de Ricardo Lagos y José Miguel Insulza. Finalmente una amplia mayoría respaldó que una convención de mil personas defina el abanderado que llevará la colectividad a La Moneda.

El Mostrador.cl

Un triunfo obtuvo el presidente del Partido Socialista, Camilo Escalona, en el congreso de la colectividad, que finaliza este domingo en las Termas de Panimávida, donde se ratificó que sólo una convención de mil personas definirá el candidato presidencial que llevará sus filas.

El propio Escalona sostuvo que el objetivo de la convención es que se encuentren todos los dirigentes sociales de nivel nacional, “que reunidas en el momento que corresponda puedan designar a la persona que propondremos a la Concertación como abanderado presidencial”.

El método de elección del abanderado a La Moneda fue aprobada por 59% de los participantes al cónclave, mientras un 27% se inclinó por un consejo general y un 13% apoyó un sistema de primarias abiertas.

Esta última postura era encabezada por el senador Alejandro Navarro y su nuevo grupo al interior del partido denominado Movimiento Acción Socialista, que integran Francisco Bucat y Simón Escalona, hermano del actual presidente del PS y que anteriormente perteneció a la Nueva Izquierda.

Navarro inmediatamente reaccionó señalando que esta convención “no es conveniente porque existe un grado de desprestigio profundo en los partidos” y agregó que “es una forma indirecta de elegir a su candidato”. Reclamó que con esta participación se puede “ofrecer La Moneda en bandeja a Piñera”.

Frente a estas críticas el secretario general de la colectividad, Marcelo Schilling, afirmó que “bueno, el senador Navarro dice que está en riesgo en la Concertación como si diera un toque de alarma”.

En todo caso, dijo que “Navarro ha sido puesto en su lugar en este congreso, la opción que él representaba ha sido claramente derrotada en todos los planos políticos, teóricos, ideológicos y ahora, en 550 delegados, obtuvo la mezquina cifra de apoyo del 10 por ciento, 50. Eso es don Alejandro Navarro en el Partido Socialista”.

Clima de tensión

El congreso fue tenso, las discusiones de los delegados se extendieron hasta las cinco de la madrugada de este domingo y en el plenario de este mediodía no había un buen ánimo.

La razón de la molestia es que durante la madrugada se echó a correr el rumor que una parte de la disidencia a la mesa se retiraría del congreso si la idea de que una convención sería la encargada de elegir al candidato presidencial.

La situación se disipó, pero las caras largas de la disidencia se hacían notar frente al triunfo de Escalona en este congreso. Aunque la verdadera medición de fuerzas será el 27 de abril cuando se realicen los comicios internos de la colectividad.