Crisis Argentina: razones de la revuelta patronal

Por J. M. Pasquini Durán, Página/12

El modelo de acumulación sin exclusiones que patrocinan Cristina y Néstor Kirchner para reorganizar la economía y la vida en el país con un sentido distinto a los años noventa tenía que llegar y cruzar el límite de ciertas recaudaciones fiscales, aunque provocara tensiones como las que se vivieron en los últimos quince días y tuvieran que enfrentar la intransigencia de las entidades rurales en contra de las retenciones a la exportación.

Durante los últimos años, cada vez que reaparecía la demanda interna de una reforma integral del sistema impositivo, la conclusión política en el oficialismo era siempre la misma: la reacción negativa de los afectados, los núcleos más fuertes de la concentración económico-financiera, sería insoportable. Al mismo tiempo, esa misma conclusión indicaba que el modelo de crecimiento quedaría estancado si no se efectuaba el camino inverso a los años noventa: transferir riqueza de arriba hacia abajo, para reconstruir la pirámide social sobre bases más equitativas.

Un sistema tributario cuya fuente mayor de ingresos es el 21 por ciento que se aplica al consumo (IVA) tendría que modificarse aunque fuera de manera gradual y paulatina, pero un día llegaría –y llegó– que los intereses más fuertes, y a la vez más regresivos desde el punto de vista político, serían tocados. El propósito no era de simple confiscación, sino para que la distribución de la riqueza vuelva a las proporciones de 1973, treinta y cinco años atrás, cuando recibían mitades iguales el capital y el trabajo.

Las retenciones a las exportaciones agropecuarias, uno de los mecanismos dedicados a la redistribución de ingresos en la nomenclatura gubernamental, nunca conformaron a los que deseaban quedarse con todas las ganancias procedentes de la extraordinaria cotización de las materias primas en mercados no tradicionales, sobre todo el de los mayores importadores asiáticos.

La decisión de resistir los avances oficiales, detonó el 11 de marzo en una alianza de intereses que abarcaron desde las elites de la Sociedad Rural hasta los chacareros de la Federación Agraria, cuyas razones excedieron la disposición coyuntural que les sirvió de argumento –afectaba a la soja y al girasol– para disponer un paro por tiempo indeterminado, una medida extrema a la que sólo acuden los gremios en situaciones excepcionales, como lo podría indicar cualquier veterano en este tipo de movimientos. Además de las cuatro entidades centrales, lo mismo que en algunos sindicatos urbanos de servicios, aparecieron núcleos que se nombraron “autoconvocados” porque sólo responden a sus propias asambleas de base, localizados sobre todo en provincias del NOA (Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy).

Además del paro, la protesta incluyó cortes de ruta, setenta sólo en territorio bonaerense, que interrumpieron el abastecimiento de alimentos hacia los grandes centros urbanos, con la evidente intención de provocar reacciones de descontento por las góndolas vaciadas y el alza de los precios debido a la escasez de ofertas. La prolongación de la medida por dos semanas continuadas acentuó el carácter extorsivo de los cortes, característica que nunca les fue adjudicada a los piquetes urbanos de trabajadores desocupados. Hay que decir que la reacción de la población urbana, en esta oportunidad, tuvo un claro sesgo de clase, ya que ocurrió en el cordón norte de la Capital, en los barrios residenciales de las clases medias y alta, en las que los grupos más exaltados se hicieron cargo de pedir “que se vaya” el actual gobierno, electo en las urnas hace poco más de cien días con la mayoría de los votos positivos.

Los disconformes, una minoría de porteños, utilizaron las cacerolas para hacerse escuchar, algunos a lo mejor con la intención de asimilar la situación con la que se vivió en esta ciudad en diciembre de 2001. Una desmesura que la presidenta Cristina atribuyó a quienes son contrarios a la política oficial de derechos humanos. No le faltó razón, sobre todo si se atiende al contenido de algunas consignas y a la presencia de algunas figuritas que han ganado notoriedad por la defensa del terrorismo de Estado, pero el dato es insuficiente para explicar todas las presencias. Una de las dos noches acudieron a la cita en Plaza de Mayo, convocada por “mails” de fuentes anónimas, algunos grupúsculos de izquierda que confunden cualquier tumulto callejero con atisbos de revolución, en este caso de “rebelión campesina”, dejando de lado que al frente estaban instalados los miembros de entidades, como la Sociedad Rural, que figuran en la historia al lado de las minorías más reaccionarias de los tiempos más oscuros. Espejismos de algunas izquierdas en sus desiertos particulares.

A lo largo de las dos semanas de paro activo, la mayoría de los medios de información, sobre todo los electrónicos con su clásica apelación a los recursos del show, queriéndolo o no, contribuyeron a desplegar los egos de algunos caudillos de provincia que, a los pocos días, se movían por reflejos condicionados: cada vez que se encendían las luces de las cámaras de TV monopolizaban las tribunas con fogosos discursos, con acusaciones y exabruptos que no se escucharon en los años noventa, con juramentos de lucha más propios de una guerra civil que de la legítima protesta en un régimen democrático. ¿Podrán regresar a su dimensión pueblerina o harán lo imposible para seguir en la brecha para conservar su imagen en las pantallas nacionales?

Estas ambiciones de fama, sumadas al descontento agropecuario trabajado durante meses desde todas las tribunas de la derecha para convencer a los productores que el recorte de sus ganancias iba a parar a un pozo negro, hicieron de la rentabilidad sojera un altar patrio equivalente al monumento a la bandera. Durante más de dos semanas de transmisión casi permanente, jamás se vio ningún transporte a sangre (sulky, caballo), pero sí muchos celulares, de donde cabe deducir, visto desde la ciudad, que los campesinos se han modernizado lindo, hasta para ir a pelear en las rutas de la nación. Pensar que algún capitanejo entrerriano quiso comparar esta defensa de la renta como si fuera la continuidad de algunas batallas agrarias, heroicas de verdad, como el “Grito de Alcorta”.

En el balance gubernamental, así como le han señalado errores de procedimientos que no distinguieron las diferentes regiones, categorías y dimensiones entre los productores para fijar el monto de los tributos y demoras injustificadas en los anuncios de medidas complementarias que pusieran a salvo a los menos favorecidos, también hay que adjudicarle la disposición presidencial para que la reanudación del diálogo fuera posible, pese a que la modestia no es atributo de gobernante. Tanto desde la Casa Rosada como desde las gobernaciones provinciales involucradas en el conflicto buscaban alternativas posibles y, mientras tanto, hubo una movilización política que estrenó la convocatoria del PJ, primero el jueves en Parque Norte y se prepara para poner toda la carne en el asador el próximo martes, tengan éxito o no las negociaciones en curso.

Mientras tanto, la oposición política se ocupó de criticar pero no hizo aportes efectivos para destrabar la situación, cuando menos como lo hizo la cúpula de la Iglesia Católica que auspició una tregua para dialogar. Debido a la simplificación informativa, el concepto de diálogo se presenta como un fin en sí mismo, pero en realidad es el medio para la negociación, cuyos términos dependen de la conversación sólo en parte, ya que en el intercambio una buena negociación es la que no deja del todo conforme a ninguna de las partes, porque no hay vencedores ni vencidos. Comprender y aceptar el método es una condición para la calidad democrática del conflicto social, con el que hay que convivir sin alternativa ya que los diferentes intereses mantienen pugnas constantes entre sí y con el Estado.

Esta crisis es la primera del mandato actual, pero no será la última si el modelo de acumulación propuesto se lleva adelante, mientras la macroeconomía lo permita con saldos positivos como los actuales. Hacerse a la idea de nuevas contiendas, forma parte de una cultura de la convivencia, en la que los protagonistas, pero sobre todo los observadores, deberán acostumbrarse a no dramatizar en términos de espectáculo como si cada litigio fuera el final de la historia. Hay vida después de las retenciones, lo mismo que más allá de cualquier otro pleito.

Lo que está detrás del paro agrario argentino, G.A.

Guillermo Almeyra, La Jornada.

Argentina es un país altamente urbanizado, pero que depende esencialmente de la exportación de materias primas rurales. De ahí la posibilidad, para quienes controlan el mercado de carne, de soya y de cereales, de amenazar con hambrear a las ciudades y paralizar las exportaciones, chantajeando política y económicamente al gobierno nacional y anulando, de hecho, por la fuerza, tanto la voluntad popular, expresada deformadamente en los resultados electorales, como los planes y políticas nacionales de las autoridades.

El llamado paro rural –en realidad, el lock-out de los empresarios del campo– es una expresión cruda de la lucha por el poder entre dos fracciones capitalistas, como lo indica el apoyo de las cámaras de industriales al gobierno en su enfrentamiento con la oligarquía ganadera-soyera-exportadora organizada en la Sociedad Rural (entidad que promovió y respaldó todas las dictaduras en el país) y las otras organizaciones del campo que, a pesar de sus diferencias hasta de clase con ésta, la respaldan en este enfrentamiento con el gobierno.

Recapitulemos: casi 80 por ciento de la tierra agrícola argentina está sembrado hoy con soya, que en la última cosecha rindió más de 48 millones de toneladas, que se cotizan hoy en 151 dólares la tonelada (en los dos últimos días subió cuatro dólares) para la primera semana de abril. Haga las cuentas y tenga en consideración que casi 60 por ciento de ese mercado está en manos de los grandes soyeros (en realidad, de cuatro trasnacionales, dos de ellas argentinas). La soya, que se paga mucho más que otras commodities, “se come” por consiguiente la producción de cereales para alimentos y el pan sube, por lo tanto; y “se come” la ganadería, con lo cual escasea la carne, que sube de precio. Además, el monopolio soyero fija altos precios para el aceite y otros subproductos y ese monocultivo expulsa decenas de miles de familias campesinas. Los expertos agregan que la soya destruirá los suelos argentinos en 15 años. Pero ese promedio quiere decir que las excelentes tierras pampeanas durarán más y en cambio los suelos frágiles de las provincias marginales desaparecerán antes: la soyización equivale en efecto a la desertificación, al desmonte, a la contaminación de las aguas y de la tierra, a la desaparición de bacterias y especies animales útiles, y la fumigación aérea envenena ya a los campesinos y los pueblos cercanos, mientras los demás productos del campo sufren el impacto de esta competencia.

La política del gobierno, por su parte, consiste en estimular la industria y en sostener el empleo (construcción, servicios, desarrollo industrial) sobre la base de bajos salarios reales (para permitir grandes ganancias a los empresarios e inversionistas) y de un dólar caro, para abaratar las exportaciones argentinas, incluso industriales, y frenar las importaciones. Ojo: los soyeros y otros grandes sectores rurales también invierten en la construcción, en el boom inmobiliario y en la industria y ganan enormemente gracias a la política monetaria que les permite exportar. No se pueden quejar pero disputan el poder al sector que privilegia a la industria y que debe subsidiar el consumo de alimento y los servicios (sobre todo, el transporte) de los sectores más pobres (casi todos urbanos) de la población nacional para mantener bajos los salarios reales y que, por lo tanto, cobra impuestos a los más ricos (la llamada “retención” de una parte de las ganancias logradas por los soyeros es en realidad un impuesto). Dichos impuestos, en Europa, llegan a 40 por ciento del producto interno bruto y en Argentina están muy por debajo de esa cifra. Además, la tasa de ganancia europea, en las finanzas, es 5 por ciento, y en la industria, 10 por ciento, mientras que en Argentina la misma se quintuplica, de modo que quienes, como el diario La Nación, hablan de “confiscación” o “expropiación” son demagogos sin escrúpulos. El gobierno no sólo respeta la propiedad capitalista sino que la defiende y mantiene al aceptar sin crítica alguna el actual modelo y al no intentar siquiera aplicarles a los exportadores un régimen similar al implantado en el primer gobierno de Perón (1946-1952) mediante el Instituto Argentino Promotor del Intercambio, que monopolizaba el comercio exterior de productos agrarios y, con la diferencia entre los precios internacionales y los internos, hacía escuelas, obras públicas, promovía el desarrollo en las provincias y la industrialización.

El gobierno acepta de buen grado que cuatro empresas trasnacionales se queden hoy con ese enorme excedente y se limita a tratar de ponerles un impuesto moderado sin intervenir en el campo, ni siquiera como los hacían los gobiernos conservadores hace 70 años, creando juntas reguladoras. Para él, el libre mercado es sagrado y el interlocutor no son los trabajadores sino la Unión de Industriales, no son los trigueros sino los grandes harineros, no son los campesinos sino las organizaciones de la patronal rural, no son los consumidores sino los supermercados. No hay pues conflicto entre clases opuestas sino un conflicto intercapitalista en el que los rurales tienen en rehenes a los pobladores urbanos al fabricar una gran carestía de alimentos y un aumento de precios de los mismos para arrojar a los sectores urbanos empobrecidos contra el gobierno. El hecho de que las cuatro trasnacionales que controlan el mercado sojero y la Sociedad Rural hayan podido arrastrar en su lock-out a los pequeños y medianos empresarios agrarios (no así a los campesinos) y la utilización política del conflicto por la derecha y por los medios, debe ser analizado aparte.

Desigualdad de ingresos en Chile, R. González

Economía, Política y Cultura de la Desigualdad de Ingresos en Chile.

Raúl González Meyer[1], Académico Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Chile, Doctor en Ciencias Sociales, Universidad de Louvaine.

Para disponer del texto completo, contactarse con el autor (ragonzalez@academia.cl)

Presentación

El trabajo presente explora las causas de la desigualdad del ingreso en Chile, buscando ampliar el panorama de factores existentes y enfatizando algunos poco tratados en la actualidad –al menos en Chile- ya sea por sesgos ideológicos o por sus significados políticos más cuestionadores del status quo.

En una primera sección introduce a la magnitud y el carácter de la desigualdad de ingresos en Chile. Luego en las secciones 2 a 8 identifica un conjunto de factores y su presencia en el cado chileno. Ello se refiere en forma secuencial a las cuestiones de la concentración patrimonial y de la riqueza; a la repartición de las ganancias de la productividad y el pago a los “factores productivos”; a la posesión de capital humano; a la heterogeneidad de la estructura productiva y de empleo; a las estructuras familiares y sus tasas de dependencia; a las estructuras impositivas y de gasto social; a las discriminaciones socio-culturales; y a los poderes de los agentes en el mercado y en la fijación de las reglas que encuadran su accionar. Finalmente, concluye en la multiplicidad de factores que intervienen en producir la desigualdad .

En términos de los énfasis que el trabajo quiere destacar, está, primero, el de la fuerte relación entre concentración patrimonial o de la riqueza con la distribución del ingreso; segundo, la trayectoria que siga la repartición de los aumentos del producto y la productividad entre ganancias y remuneraciones y su relación con las condiciones de negociación; y, tercero, retomar el clásico análisis estructuralista latinoamericano de los efectos que sobre los diferenciales de ingreso tienen las distintas heterogeneidades de la estructura productiva y de empleos .

Con todo ello se pretende moderar -más allá de reconocer el rol que juegue- la consideración de la educación o el capital humano como el único eje desde el cual aproximarse a entender la mala distribución de ingresos y a pensar la política necesaria para mejorarla. En particular, si se considera, además, que la cantidad y calidad de la educación recibida tiende a estar “distribuida” por los niveles previos de ingreso de las personas.

También el artículo busca reponer factores que juegan un rol en la reproducción de los diferenciales de ingreso y que deben ser sometidos a cuestionamientos y cambios en función de producir inflexiones en aquellos, como el de la estructura tributaria. Pero también, aspectos menos conectados con los análisis distributivos como el de las diversas discriminaciones económico culturales que intervienen en el mercado del trabajo. Asimismo, la importancia que pueden tener los tamaños y las composiciones de las familias en términos etáreos y, sobre todo, de tasa de participación en el trabajo remunerado.

Finalmente, el artículo busca enfatizar la relación entre política, poder y distribución del ingreso dado los impactos distributivos que pueden tener las distintas reglas del juego que en un plano macrosocial y de funcionamiento concreto del mercado, enmarcan la actividad económica y del trabajo. Esto, a su vez, no puede sino entenderse como algo dinámico y resultado de poderes negociadores en distintas escalas y esferas.

Todo esto termina llevando a destacar una conclusión final acerca de que la desigualdad de ingresos se mueve en las dimensiones múltiples de la economía, la cultura y la política y tiene retroalimentaciones con los pesos relativos de los agentes en el sistema de poder.

1.- Introducción a la desigualdad del ingreso en Chile. .

Los antecedentes sobre la desigualdad de ingresos personales en Chile durante las últimas décadas, son elocuentes. Esta desigualdad ha sido un rasgo ligado a una época no caracterizada por el estancamiento sino de expansión económica de los últimos 20 años, configurando un “estilo o patrón de crecimiento económico”, con una “desigualdad concentrada”[2].

Datos recientes muestran que el 10% más rico recibe el 40% de los ingresos autónomos y el 10% más pobre el 1.7%. En términos de ventiles, las personas pertenecientes al 5% más rico recibían un ingreso autónomo promedio equivalente a 100 veces al del 5% más pobre.

La desigualdad es también llamativa en términos comparativos. Chile figura con un índice de Gini[3] de 57.5 y en algunos años solo ha sido superado en desigualdad por Paraguay, Bolivia, Honduras, Brasil, Sudáfrica, Nicaragua. Otros países conocidos por su alto grado de desigualdad lo son menos que Chile como Colombia, Zimbabwe, Guinea-Bissau, Guatemala, Zambia, El Salvador, Nigeria, Rusia y otros.( Human Development Report, 2001).

Algo importante es que la desigualdad presenta una enorme concentración en el pequeñísimo grupo más rico de la población (Schatan, 2005: 18). Representa una concentración “de elite” y permite hablar no solo de un nivel (índice) de desigualdad sino también de un “patrón de desigualdad”, en que la razón entre el decil más rico y el decil siguiente es la mayor de América Latina. Como contraparte de ello, la no consideración de aquel 10% más rico reduce enormemente la desigualdad y deja a Chile como el país más igualitario de A. Latina. (Torche, 2005: 9)

Chile muestra, además, una situación muy baja de movilidad social intergeneracional en cuanto a los empleos e ingresos. Las personas tienden a persistir en las situaciones “de partida” u “origen”, lo que significa que hay una transmisión de padres a hijos de las condiciones socio-económicas, predominando claramente las movilidades horizontales por sobre las verticales. Esto puede leerse como una desigual distribución de oportunidades que se agrega a la desigualdad de resultados (ingresos). (Núñez y Risco, 2004: 12).

2.- El diferencial en la propiedad de los activos físicos y financieros: riqueza e ingresos.

Una constatación inicial para fines de comprender el fenómeno de la alta desigualdad es que los ingresos del 10% más rico de chilenos se derivan en gran medida de la propiedad de activos físicos y financieros: empresas, tierras, dinero líquido[4]. Sabemos que dichos activos permiten generar ingresos que denominamos rentas, utilidades o intereses. De esto se deriva que una distribución muy desigual (concentración) del capital físico y financiero tenderá a da lugar a una desigualdad correspondiente de los ingresos.

La información disponible muestra que las rentas de la propiedad constituyen casi el 30% de los ingresos del 10% más rico y que el 95% del total de ese tipo de ingresos es obtenido por aquel segmento social. Además cerca del 80% de los ingresos de los empleadores es recibido por el grupo de éstos que se ubica en el 10% más rico.

En este sentido, la “extrema riqueza” (propiedades, medios físicos de producción, capital financiero) es uno de los ejes que explican la regresiva distribución del ingreso (Fazio, s/f: 24). Esta concentración patrimonial está asociada a familias y grupos económicos que operan en todos los sectores de la actividad económica: en los exportadores como el forestal, pesquero, minero; en el financiero como los bancos y la administración de fondos de pensiones; en el social como la instituciones de salud previsional; y en otros de gran dinamismo comercial, como las farmacias y los supermercados. (Fazio, 1997)

La concentración de la riqueza, en tanto fuente de la desigualdad de los ingresos es, simultáneamente, acrecentada por esta última, a la manera de una “causación circular acumulativa”, siguiendo la clásica expresión de G. Myrdal. En efecto, la corriente de ingresos que se obtiene a partir de un conjunto de activos puede convertirse en la base del aumento de dicha posesión de activos y, por tanto, a su turno, del aumento de los niveles de ingresos recibidos. Este puede constituir un círculo vicioso de concentración de riqueza e ingresos, sino existen factores inhibidores o compensadores[5].

Orígenes y mecanismos de la concentración de los activos: economía, política e ideología.

Es importante preguntarse por los factores que han influido en esta concentración patrimonial nacional[6]. Uno importante fue la venta de empresas públicas que actuó como generadora de bases patrimoniales privadas. El primer hito fue en 1975, en que se venden las empresas públicas –estatizadas durante el gobierno de la U. Popular- bajo modalidades de información privilegiada a la que acceden muy pocos agentes económicos ligados directamente al régimen militar y a la política de privatización. (Meller; 1997). En el mismo sentido actuó la privatización de empresas públicas en la segunda mitad de la década del 80 y que permitió la entrada del capital privado nacional e internacional en actividades actividad generadas -total o parcialmente- por el sector público a partir de los años 30/40 del siglo pasado. Ello incluyó empresas que clásicamente se habían considerado públicas por constituir “monopolios naturales” y que se desenvolvían ya con alta rentabilidad. (Amaro s/f.:26-40).

Algo que acompañó ambos momentos de privatización es la venta bajo el valor real de las empresas lo que fue un importante factor de concentración patrimonial[7]. Esto muestra la presencia de factores de orden político –no de mercado- que han estado presentes en dicha concentración y su impacto en la distribución de los ingresos. Se debe decir que el efecto que sobre la concentración de activos tuvieron aquellas privatizaciones no fue una consideración central en la decisión de realizarlas. Mucho más importante apareció el objetivo de privatizar la economía, disminuir el aparato estatal y generar un empresariado poderoso[8].

También otros factores de orden ideológico jugaron a favor de que no se generaran fuerzas desconcentradoras al interior de quienes poseían el poder político en los años 80. Adquirió dominio la postura de que frente a la existencia de monopolios naturales siempre era preferible la propiedad privada que la pública. Fue además primando la justificación -ampliamente dominante entre el gran empresariado – de que la competencia real se da entre unos pocos agentes grandes en cada mercado y que eso era lo único posible como condición para entrar en la globalización. El argumento señala que siendo Chile un país pequeño, la posibilidad que tienen las empresas con economías de escala es alcanzar volúmenes que signifiquen participaciones muy altas de mercado[9]. Esta lógica y “realismo” en importante grado abarcó también a las fuerzas políticas gobernantes post régimen militar lo que determinó una “mano blanda” a la concentración patrimonial y en la que implícitamente se entiende que ella es condición de competitividad. Las leyes antimonopólicas y el tribunal de la competencia, por tanto, han quedado como instituciones decorativas frente a dicha realidad.

Sobre estas bases patrimoniales concentradas y regulaciones insuficientes, los procesos de mercado van intensificando esa orientación. La economía se reproduce, entonces, con una enorme brecha patrimonial entre los grupos y familias que concentran los activos y el patrimonio de los pequeños empresarios[10]. La alta generación de ingresos (utilidades), a partir de la posesión concentrada de activos permite, a la vez, pagar un ingreso alto a una pequeña alta gerencia administradora de dichos activos. Esto explica una parte del 10% más rico que no son solo propietarios, sino también altos directivos de grandes empresas, universitarios y empleados directamente vinculados a la gestión de la actividad.

3.- repartición del valor producido: dinámica de las ganancias y de los salarios.

La distribución de los ingresos, aun dentro del marco que proviene de la concentración de la riqueza antes señalada, es dependiente también de la manera en que el valor económico producido se transforma en ganancias (excedente de explotación), remuneraciones y otros componentes. Esta distribución funcional de los ingresos es una base de la distribución personal.

Lo que muestra la economía chilena es que dentro de un aumento general de los excedentes de explotación, las remuneraciones, la masa de impuestos y los gastos en consumo de capital fijo (depreciación), la participación de los asalariados en relación a décadas pasadas ha tendido a bajar respecto al valor total producido. (ver tabla 3). Esto dentro de procesos que no son completamente lineales y están afectados por ciclos económicos que en ciertos casos, incluso pueden afectar más fuertemente la participación de las ganancias, como el período inmediatamente posterior a 1998, y en que hubo disminución del producto (“crisis asiática”). En general, sin embargo, se puede observar que el crecimiento del producto que fue más o menos sostenido desde la mitad de los años 80 hasta 1997 fue más apropiado por las ganancias y el consumo de capital fijo que por las remuneraciones, las que se apropiaron solo de partes del aumento de la productividad del trabajo.

En ello influyen factores como el grado de concentración en la economía y las condiciones contractuales en el mercado del trabajo –aumento del trabajo a plazo fijo, subcontratación, externalización y no existencia de negociación por rama- que generan condiciones de negociación desfavorables para parte importante de los asalariados. Sin duda, estos son aspectos fundamentales en relación a la distribución del ingreso y que han estado escasamente tratadas en el análisis de su desigualdad por la economía liberal.

¿escasez relativa de los factores?

Lo anterior podría intentar explicarse desde la teoría convencional por la escasez relativa que presenten los “factores productivos”. Las diferencias provendrían de una escasez de capital y una abundancia del trabajo que redundaría en altas ganancias per/cápita para los propietarios y una baja remuneración per/cápita para los asalariados y, de allí, una gran brecha en la distribución personal de ingresos. Sin embargo, esta interpretación parece parcial de acuerdo a las características de la economía chilena de las últimas décadas.

La escasez del capital puede ser puesta en duda en la medida que ha existido una masa inmensa producida por la propia dinámica productiva y a través de la captura de las cotizaciones obligatorias que recauda el sistema privado de Fondos de Pensiones bajo la modalidad de la capitalización individual y que las transforma en capital disponible. La propia masa internacional de capitales que busca lugares de realización y la imagen de Chile ante las elites empresariales y financieras internacionales, contribuyen en la misma dirección[11]. Respecto de una sobre abundancia de oferta de trabajo ello no aparece algo real en la medida de que el empleo aumentó con cierto dinamismo en los años 90 y, en relación a esto, la tasa de crecimiento de la fuerza de trabajo no fue desproporcionadamente alta. Ello, aunque se considere el aumento de la tasa de participación producto de de la mayor incorporación de la mujer al mercado laboral (Valenzuela, 2000: 9-27).

De todas formas se debe reconocer la menor elasticidad producto-empleo que ha ido teniendo la economía. Es decir, como agregado, esta crece con un menor volumen de trabajo por unidad de producto. Esto puede ejercer un “control estructural” al aumento de las remuneraciones al generarse un “ejercito de reserva” mayor –situación generada a partir del ciclo depresivo de fines de los años 90- y con ello influir negativamente en la posibilidad de mejoras distributivas. (González, 2001a: 3)

4.- Las diferencias de productividad del trabajo: ¿capital humano y/o heterogeneidades estructurales?

Las diferencias entre las remuneraciones del trabajo es otro componente de la desigualdad de los ingresos personales. Los distintos salarios presentan alguna relación con el valor económico que crean, según la cantidad y los precios de mercado existentes, lo que es asociado a la productividad del trabajo efectuado[12]. Esto nos lleva al análisis de dos factores, complementarios hasta cierto grado, pero también contradictorios en cuanto a la importancia relativa que se le concedan dentro de un marco explicativo: el de la posesión de “capital humano” y el de las heterogeneidades productivas y de los empleos, en la economía.

La explicación actualmente en boga en Chile, especialmente en los círculos liberales, es que la diferencia de la educación es la fuente original –fundacional- de la diferencia de los ingresos recibidos (Lehman y Hinzpeter: 2001). Aquella determina los niveles de productividad que cada uno tiene en el trabajo y de esto se derivan los ingresos que se reciben. Sin embargo, esto constituye una parte de la explicación y seguidamente no la más importante.

Diferenciales de acumulación del “capital humano”: educación y desigualdad de ingresos.

Tomando la educación formal como referencia efectivamente se observa una relación entre el volumen en que se posee y los diferenciales de ingresos. A más años de estudios hay un mayor ingreso.

La relación educación-ingresos presenta tres rasgos destacados. El primero es que a mayor educación aumenta el ingreso y que en el decil más pobre, por tanto, se concentran las personas con menos educación formal. Segundo, que el aumento de ingreso no es muy alto en la medida que se avanza en la escala de escolaridad. Lo tercero, es que aquella progresividad lenta entre ingreso y educación se acelera extraordinariamente cuando se entra en la educación universitaria. Por un lado, casi el 50% de los que tienen ese grado de educación son parte del decil más rico y constituyen las ¾ partes del quintil más rico. Asimismo es más de tres veces el promedio de los ingresos medios de los ocupados con educación media profesional. ¿Es entonces la posesión y a la vez escasez de capital humano lo que explicaría estos diferenciales?

Lo primero a advertir es que la generalizada reducción a la educación como “el” factor explicativo de (la desigualdad de) los ingresos no advierte que el acceso y el rendimiento educacional están influidos, a la vez, por la desigualdad en los ingresos. La manera en que las condiciones y realidades de ingreso condicionan el “capital humano” que se adquiere, es doble. Por un lado influyen en las condiciones adversas en que quienes tienen niveles de ingreso bajos acceden a la recepción de dicho capital. Así, hijos e hijas de hogares de padres con bajos ingresos y niveles educacionales y con difíciles condiciones de vida, también en lo emocional, reflejan aquello en el rendimiento escolar.

Por otro lado, el contar con menos ingresos impide acceder a una educación de alta calidad. El costo de la educación privada escolar está por sobre las posibilidades de la mayoría de la población y el financiamiento de la educación pública es muy baja en relación a aquella. Las diferencias de ingresos, entonces, producen diferencias de educación con lo que se reproduce o amplifica la desigualdad inicial.

Heterogeneidad productiva y diferenciales de productividad: los viejos temas estructurales.

Sin embargo, la apuesta a veces unilateral en la educación para producir más equidad también debe ser discutida cuando se observa que la productividad de los trabajos en una economía no está determinada sólo por la cantidad de capital humano que cada trabajador posee sino, de manera muy central, por los tipos de empleos y trabajos existentes en la economía. Esto es un aporte esencial realizado por los análisis estructuralistas en América Latina en décadas pasadas (Pinto, 1970)

Las diferencias de productividad y de ingresos pueden estar fuertemente determinadas por las heterogeneidades que cristalizan en la economía. La creación de muchos trabajos o empleos precarios y de productividad baja tiende a hacer estéril o incierta la formación de capital humano como factor igualitario de los ingresos. Esta heterogeneidad productiva es alta en Chile y no es de un solo tipo sino que esta presente en dimensiones diferentes que se combinan y la hacen un fenómeno “duro”.

La primera es de tipo sectorial. La economía chilena muestra sectores que son dinámicos, altamente intensivos en capital y que pagan remuneraciones relativamente altas y que han crecido relativamente más rápidas, como la gran minería del cobre. Otros sectores son más intensivos en mano de obra y las remuneraciones han crecido mucho más lentas o decrecen, como en la agricultura de secano. Esto se relaciona con la manera en que se distribuye el progreso técnico entre los sectores de la economía, el que pasa así a tener un impacto directo sobre la estructura de empleos y de ingresos.

Se podría señalar que esto se resuelve automáticamente con el traspaso de trabajadores desde los sectores de baja productividad hacia los de más alta productividad, atraídos por mejores remuneraciones. Sin embargo, ello suele ocurrir muy parcialmente y los últimos sectores suelen caracterizarse por absorber pocos trabajadores. Un ejemplo es el de los campesinos pobres y pequeños productores marginales no funcionales al modelo competitivo exportador que no tienen otro destino que dejar el campo para convertirse en pobres urbanos.

Como se observa en el cuadro siguiente, los sectores más expansivos y de mayor productividad media pueden tener límites en cuanto a la demanda y absorción de trabajo que poseen. Las condiciones de competencia y los estándares tecnológicos pueden ser más importantes que el nivel bajo de salarios en cuanto a la demanda de trabajo. Adicionalmente se puede observar que sectores con bajas remuneraciones medias, como el comercio, constituyen proporciones altas de los ocupados.

Esta heterogeneidad es también intra-sectorial. En caso de que esta sea muy alta, se tendrá una base estructural de mala distribución de ingresos[14]. Así, a nivel de cada sector productivo se configuran mercados primarios y secundarios del trabajo –mercados segmentados- con condiciones de trabajo y salariales muy desiguales. (Agacino y Echeverría, 1995: 5-17).

Esto se conecta con las diferenciaciones que se van produciendo entre tipos de ocupaciones y que distinguen calificaciones, responsabilidades y estatus dentro de las instituciones y empresas y de la sociedad. La estructura productiva existente puede generar una expansión mayor o menor de cada tipo de ocupaciones y, como en el caso chileno, generar una alta presencia de aquellas de poca calificación, aumentando las distancias salariales[15].

Otra heterogeneidad es la territorial, referida a que los sectores con mayor productividad y remuneraciones se localizan en algunos puntos del país[16]. Por ejemplo, en ciertos territorios es más posible tener producciones con posibilidades exportadoras y con ello permitir algunos mejores ingresos en la zona, aunque sean limitados. Asimismo, se producen concentraciones de oportunidades en la Región Metropolitana (de Mattos, 2003: 33). En el caso agrícola, por ejemplo, existen dos grandes zonas agrícolas: la zona centro norte que tiene condiciones naturales, favorables para los productos de exportación y la zona centro sur destinada principalmente al mercado interno: cereales, carnes, leche, remolacha y una serie de productos que tienen posibilidades marginales de exportación y alta competencia externa. Entre ambas zonas agrícolas se dan diferencias amplias de productividad e ingresos.

Por último, está la heterogeneidad empresarial que evidencia condiciones diferentes entre las grandes, medianas, pequeñas y microempresas. La masa de ingresos producidos en las más pequeñas en relación a la masa de participantes en ellas muestra una extraordinaria desproporción en relación a las más grandes. El total de trabajadores de microempresas y por cuenta propia representaban el 54.4% del empleo total (Casen, 2000), sin embargo, representan solo poco más del 3% de las ventas totales, aunque sin considerar las microempresas informales, que podrían añadir algunos puntos adicionales. Complementariamente, las empresas grandes que son el 1% de empresas formalizadas del país explican el 96% de las exportaciones. Las micro y pequeñas, que son el 97% de las empresas formales totales solo tienen una participación del 1.1%. Todos estos datos permiten imaginar que las condiciones de generación de valor económico entre los distintos tipos de empresas es muy diferenciada, y, por tanto, los ingresos de quienes están en ellas.

5.- Composición familiar y perceptores de ingresos.

La distribución personal del ingreso está también asociada a la tasa de participación y tasa de dependencia dentro de las familias[17]. Es decir a la composición familiar en términos de personas generadoras de ingresos y dependientes (no generadoras de ingresos monetarios). El ingreso per-cápita de una familia va a ser menor si la relación activas/dependientes es bajo, y viceversa. Los datos en Chile en la década del 90 fueron ilustrativos de cómo cambia el ingreso familiar cuando en el hogar hay un segundo perceptor de ingresos. La mayor igualdad o desigualdad de ingresos va a tener que ver, entonces, con lo que esté pasando al respecto entre las familias más ricas y las más pobres. La mayor cifra que alcance la tasa de dependencia puede estar a la base de una situación de bajo ingreso per-cápita por parte de ciertas familias.

En los sectores de mayores ingresos existe un mayor número promedio de perceptores de ingreso por hogar. Por su parte, los hogares más ricos son más pequeños. Por su lado, una característica de los sectores de pobreza mayor es, en el límite, que son hogares monoparentales, con mujeres jefas de hogar y con un número alto de hijos. Es decir, con una alta tasa de dependencia. Ello se agrava al existir inestabilidad laboral y que hace que en el período de un año el número de ocupados promedio del hogar pueda ser menor que uno.

A nivel general del país, el 57% de las personas que están en edad de trabajar –entre 15 y 65 años- tienen empleo o lo buscan, son parte de la fuerza de trabajo. Pero si consideramos al 20% de menores ingresos, solo el 44% forma parte de la fuerza de trabajo. Esto muestra correlación entre la estructura de la distribución de los ingresos y el número de miembros de la familia que esta en la fuerza de trabajo. En buena medida, lo anterior está relacionado con la desigual entrada de la mujer en el trabajo según estratos de ingreso. Su participación está sesgada hacia la incorporación de las mujeres con mayores niveles de ingreso y educacionales. Las mujeres con menores ingresos tienen más dificultades para salir a trabajar a causa de los hijos y con ello tienen dificultades para aumentar dichos ingresos familiares.

Dejando libre la decisión del número de hijos de las familias, el costado problemático y objeto de la política pública es remover situaciones en que una alta tasa de dependencia puede deberse a que miembros del hogar experimenten dificultades (desigualdades) para insertarse en el trabajo remunerado, que es lo que muestra el análisis del mercado laboral chileno.

6.- Discriminaciones y desigualdad de ingresos.

A diferencia de aproximaciones simplificadoras del mercado del trabajo este muestra que las dimensiones que intervienen son múltiples y diversas. Así, hay ingresos de las personas que están asociados a ciertas pertenencias a grupos de la sociedad lo que incide en los ingresos que reciben. Uno de los aspectos presentes es el de las discriminaciones, lo que puede estar a la base de desigualdades de ingresos personales en tanto afecte principalmente a quienes ya están en desventaja.

Una es la discriminación de género. Estudios en Chile muestran que la mujer, a iguales capacidades, antecedentes educacionales y para realizar las mismas funciones, recibe en promedio un 30% menos que los hombres. Esta brecha salarial se va ampliando a medida que aumenta el nivel de escolaridad, así hombres y mujeres de bajos niveles de educación tienen menos diferencias relativas en sus remuneraciones, que hombres y mujeres con ocupaciones más calificadas. En el 2003, además, mientras el 15.8% de los hombres ocupados estaba en el tramo menor de ingresos esa cifra era del 24.5% para las mujeres. Estos mayores ingresos de los hombres parecían explicarse solo en pequeña proporción por mayores horas trabajadas.

Otra es la discriminación de clase o grupo social de referencia. Baste aquí un ejemplo como evidencia. Un estudio reciente analizó 12 promociones de egresados de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, correlacionando los ingresos que habían tenido en sus trabajos con las notas que habían obtenido -por tanto comportamiento y rendimiento académico- y con manejo de idiomas. Se detectó que, provenientes de la misma Facultad, de la misma escuela, con niveles académicos comparables, con el mismo nivel de manejo de idiomas, había diferenciales de hasta un 35% en las remuneraciones debido a dos factores que se repetían: comuna de origen y apellido. (Facultad de Economía de la Universidad de Chile: 2003).

También está presente la discriminación étnica. En un estudio realizado en la Región Metropolitana y Región del Bío-Bío se pudo determinar, que para iguales condiciones y capacidades y funciones, las personas de origen mapuche recibían una menor remuneración. Al igual que en el caso de la diferencia de género, ello era creciente en la medida que se avanzaba en la escala profesional (Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, 1999)

Todo esto muestra algo normalmente velado en los estudios de salarios que son las condiciones sociales y culturales dentro de las cuales aquellos se determinan. Muestra además la relación de doble implicancia entre ingresos y otras dimensiones de la realidad, en que aquellos determinan calidades y condiciones de vida, pero en que también son determinados por características socio-culturales que presenta la sociedad.

Aunque tiene una característica diferente, también pueden ser asociadas a la discriminación las dificultades desiguales que algunos grupos tienen para insertarse en el trabajo y que condicionan la regularidad con la que pueden procurarse ingresos. Esto lo podemos ilustrar con la tasa diferenciada de desocupación que dichos grupos presentan. Lo que muestran las cifras son ciertas regularidades sistemáticas en que ciertos grupos (y ciertos territorios) muestren tasas de desocupación más altas y que establecen un círculo vicioso con situaciones previas de menores ingresos[18].

7.- Tributación y gasto, públicos: regresividad y progresividad.

La tributación también ha influido en la distribución de ingresos. Chile ha construido una estructura tributaria que grava relativamente más a quienes tienen menos ingresos. Es decir, desde el punto de vista de la fuente de ingresos tributarios del Estado lo que existe es un “aporte” a la desigualdad de los ingresos. Lo anterior se debe a que la fuente tributaria mayor es el “impuesto al valor agregado” (IVA) que representa alrededor del 50% de los impuestos totales. El IVA es considerado un impuesto regresivo en la medida que está incluido en los precios de venta de los productos; es decir, grava al consumo. De acuerdo a la teoría y a los datos empíricos, son los ingresos menores los que se consagran en mayor proporción al consumo. Solo los ingresos mayores pueden consagrar una parte al ahorro, en el caso de Chile, solo el 20% con más ingresos. (INE, 2003)

La otra cara de lo anterior es que Chile presenta un porcentaje comparativamente bajo dentro del total de los impuestos a los correspondientes a la renta de las personas y a las utilidades de las empresas. Sin embargo, son dos situaciones diferentes. En el caso de las empresas hay un impuesto bajo a las utilidades (17%), que proviene de condiciones favorables de principio de los años 80 y que buscó el aumento de las inversiones reales y financieras, que pagaran sus endeudamientos y aumentaran sus exportaciones. Dicha reforma entiende más el nivel y la estructura, tributarios, en términos de favorecer las utilidades e inversiones empresariales que una distribución más igualitaria de los ingresos. El manejo de posibilidades legales como la depreciación acelerada y los costos financieros contables han permitido acentuar la baja carga tributaria a las empresas mayores, destacando la situación de las empresas mineras.

Sin embargo, el impuesto al ingreso de las personas mantiene un carácter progresivo y afecta marginalmente de manera creciente a las rentas más altas[19]. Por ello, ha conducido a una estrategia de “elusión” de impuestos de las personas de más altas rentas transformando, legalmente, rentas personales en utilidades de sociedades sujetas a menores impuestos, reduciendo su efecto progresivo.

Aunque no es principalmente bajo la forma de ingresos monetarios, se debe considerar en el análisis de la distribución de ingresos el consumo de bienes y servicios brindado por el Estado. Esto puede ser valorizado e integrado a los flujos de ingresos que las personas reciben. Esto cambia la distribución de los ingresos una vez aplicada y valorizada la política social[20]. Los antecedentes muestran que el significado de la política social es importante sobre todo para el decil más pobre. El total de subsidios en dinero, en educación y en salud a las familias que componen el 10% más pobre hace que la distribución del ingreso una vez realizada las políticas del Estado mejore. Si se consideran los ingresos autónomos del 20% más rico y del 20% más pobre, entre 1990 y 2003 se mantienen una diferencia de alrededor de 15 veces en el período. Pero si se consideran las políticas públicas en salud y educación –valorizadas monetariamente- esa diferencia se reduce a cerca de 8 veces. En el mismo sentido, si se consideran los ingresos del 10% más rico y del 40% más pobre, la razón de 3,3 veces en los ingresos autónomos, se reduce a 2,3 veces, considerando todas las transferencias sociales. (Casen, 2000) [21]

En una evaluación general, la política social de los años 90 ha sido evitar que las tendencias del mercado aumenten más las distancias de ingreso. Si se eliminara la política social se podría pronosticar que la distribución del ingreso se haría más desigual. Sin embargo, no permite una inflexión hacia una igualdad más importante de los ingresos. Ello muestra, a la vez, las potencialidades y la importancia de la acción del sistema político (Estado) y sus límites en términos de reestructuraciones más decisivas de ciertos fenómenos.

8.- Poderes, desequilibrios y negociación.

Los fenómenos económicos están también producidos por los pesos relativos que tienen los agentes sociales. En este sentido, se puede decir que la esfera de lo económico está imbricada de las relaciones de poder social. Estas pueden, entonces, ser funcionales a trayectorias más igualitarias o des-igualitarias del ingreso. La mejor lectura de lo que actualmente ocurre es la de un desequilibrio en esa negociación social y de una baja capacidad de presión o fuerza relativa de algunos agentes.

poder y relaciones de mercado.

En las relaciones de mercado siempre existe disputa y/o negociación por los ingresos que se producen en una economía. Ellos pueden ser más formales y transparentes o más informales y poco visibles. Los agentes al entrar en una relación mercantil definen precios de acuerdo que obedecen dentro de ciertos rangos, al poder y a la lógica de acción que tengan. Esto significaría que el valor que se crea en el proceso productivo es apropiado en mayor medida por algunos agentes haciendo que esa “porción negociable” del ingreso (valor) producido lo es en condiciones favorable para aquellos.

Se podría decir que hay dos tipos de desequilibrios negociadores que han actuado a favor de la concentración de ingresos en el caso chileno. El primero sería la transferencia desde los trabajadores a los empresarios. Lo que parece decisivo son las circunstancias desmedradas en que negocian buena parte de los asalariados y que producen una brecha mayor entre el valor que crean y los salarios que reciben. Un ejemplo, dentro de múltiples, es la existencia importante de temporeros en la agricultura que son trabajadores rurales sin tierra, una parte importante de los cuales son mujeres. El aumento de las externalizaciones y terciarizaciones laborales han afectado las condiciones de negociación en ese mismo sentido.

Pero también se produce este fenómeno en la relación entre empresas mayores y empresas pequeñas. Como hemos visto, la economía chilena es muy heterogénea y tenemos una vasta cantidad de pequeñas y medianas empresas que están en una posición desmedrada. Por ejemplo, el gran supermercado le pone las condiciones a los abastecedores pequeños, obligando a determinados precios, formas de pago y otras condiciones. Se produce una relación entre el capital grande y la empresa pequeña que significa transferencia de valores hacia la grande y baja de los ingresos a recibir y repartir en la pequeña empresa.

poder, normas y regulaciones macrosociales.

Las relaciones sociales a nivel nacional producen también reglas y normas generales que juegan un rol en cuanto a la manera en que se distribuyen los ingresos generados en el proceso productivo. Los efectos de estas pueden ser vistos desde dos ángulos. El primero es el de las normas explicitas existentes que definen activamente la manera en que ocurren las relaciones mercantiles en cuanto a los ingresos de los agentes que participan en ellas. El segundo es el de la inexistencia de normas en determinados aspectos lo que puede también tener, por ausencia, implicancias en la forma en que se distribuyen los ingresos

Estamos, entonces, en un plano de la regulación macrosocial que genera un marco normativo y legal dentro del cual se da esa repartición de ingresos. Este marco es resultante de las relaciones de fuerza e ideologías que existan en la sociedad. Un agente importante en esto son las organizaciones generales del empresariado y de los trabajadores y los partidos políticos. Asimismo la composición del poder legislativo. Todos esos factores tienen relaciones e influencias recíprocas.

Algunas de estas normas juegan roles hacia una mayor equidad de ingresos y otras hacia una mayor desigualdad. Por ejemplo, la existencia de normas que establecen los salarios mínimos, en la medida que definan un carácter progresivo, juegan un rol de mayor equidad en los años 90 respecto de los años 80, dado que han aumentado más que los salarios medios. También el mejoramiento de las condiciones de las indemnizaciones en cuanto al número de años que comprenden. Pero también normas que permitan una mayor flexibilidad laboral solo desde la óptica empresarial influyen en que los trabajadores sean usados solo en los momentos estrictamente necesarios y que asuman directamente el costo de las caídas de las ventas en los ciclos de la economía.

A su vez, lo que suele darse es la relación acumulativa entre mala distribución del ingreso y otras inequidades, como la del peso político y la influencia social. Puede haber círculos viciosos en que una situación de ingresos bajos debilite también la capacidad de lazos políticos y sociales como para influir en la sociedad en términos de política. Al contrario, quienes tienen mayores ingresos y riqueza pueden tener un peso mayor en decisiones macrosociales, por ejemplo, a través de la influencia del dinero en el juego político.

En este plano, lo que muestra la realidad chilena es un desequilibrio de los poderes al nivel macrosocial que guarda una correspondencia con la inequitativa distribución del ingreso, en particular relativas al patrón concentrado de la desigualdad señalado en las primeras secciones. A su vez, esa mala distribución del ingreso tiene efectos negativos para el logro de otras igualdades en el plano político y social.

9.- Nota reflexiva final.

El conjunto de factores antes considerados muestran la complejidad de causas que influyen en la (mala) distribución del ingreso. Mirado desde la acción política se define un conjunto amplio de campos de acción que deben estar presentes si se desea intervenir sobre la situación presente.

Con ese telón de fondo no puede sino considerarse reduccionista la baja o nula consideración en la discusión pública sobre distribución de los ingresos y equidad a factores como el de la concentración de los activos económicos o el de la estructura productiva o de empleos que genera la dinámica económica. Si a ello agregamos la casi imposibilidad de tocar aspectos como la estructura tributaria, finalmente los campos efectivos de discusión acerca de posibles políticas de equidad se hacen estrechos y, las más de las veces, bastante retóricos.

En ese contexto estrechado de análisis y propuestas suele, además, haber un centramiento unilateral en la esfera de la educación. Este suele, por un lado, desconocer el rol reproductor de desigualdad que ella también juega. Por otro, desde el enunciado de una política de “capital humano con efectos igualadores, se la trata de manera desconectada con estrategias que se propongan, explícitamente, cambios en las estructuras productivas y de empleo, que ataquen las “heterogeneidades estructurales” y aumenten la demanda de calificación del conjunto del aparato productivo.

Algo importante de lo señalado es también que la desigualdad de ingresos no puede ser comprendida como un fenómeno puramente de mercado o de la pura esfera de lo económico. Aspectos socio-culturales y políticos están presentes y en interacción. En este sentido, la posibilidad de cambios más radicales en la distribución del ingreso probablemente supone ambientes en que los sectores más afectados aumenten sus capacidades de expresión y de regulación de la sociedad. Solo un contexto tal abrirá más claramente un campo de acción ampliado para propuestas políticas y técnicas.

CONCEPTOS CLAVES.

Distribución de ingresos, concentración de la riqueza, desigualdad económica, heterogeneidad productiva, capital humano, discriminaciones socio-económicas, estructura tributaria, composición familiar, poder de negociación.

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[1] Académico Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Economista U. de Chile; Magíster en Desarrollo Urbano U.C. de Chile y Doctor en Ciencias Sociales U.C. de Lovaina. Docente de las asignaturas “Economía de Chile”; “Teorías del Desarrollo Económico”; “Teorías del Desarrollo Regional y Local”; “Economía del Trabajo”.

[2] Lo que situaría a Chile en el tipo de países que combina crecimiento con desigualdad dentro de las combinaciones popularizadas por F. Fanjzilber respecto de la manera en que se combinaban ambos aspectos y en que el “casillero vacío” de A. Latina lo constituía la combinación de crecimiento con equidad. (Fajnzylber, 1990: 38). El caso chileno, por tanto, no es posible de leer desde la perspectiva del estancamiento económico como problemática sino por la del “estilo de crecimiento”. Ello recuerda los planteamientos sobre Brasil desarrollados hace varias décadas y que buscaron mostrar en el milagro brasileño no la falta de dinamismo sino el carácter de ese dinamismo. (Tavares, Serra, 1971)

[3] Dicho índice mide la desigualdad en la distribución del ingreso o el consumo. Puede ir de un valor “cero” que significa igual repartición entre todos los miembros y 100 que expresa una total o perfecta desigualdad. Puede decirse que expresa la dispersión respecto de los ingresos medios.

[4] En los ranking de la revista Forbes, los empresarios A. Angelini, A. Luksic y A. Matte, aparecen entre los mayores millonarios del mundo y, naturalmente, de América Latina. Esto no es algo menor dado que Chile es un país de ingreso medio en el concierto mundial.

[5]El efecto de desigualdad en la propiedad de los activos o patrimonio puede ejercer efectos análogos sobre los ingresos también por medio de hacer más costoso su acceso a quienes no poseen los primeros. Así, por ejemplo, si alguien tiene pocos activos físicos, para acceder a activos financieros es posible que tenga que pagar más intereses o, si se poseen menos activos financieros y se quiere acceder a un activo o capital físico es probable que deba acceder en condiciones de pago que pueden encarecerlo

[6] En Chile, como en América Latina, en el pasado una gran fuente de concentración patrimonial fue la propiedad de la tierra constituida en el período colonial. Sin embargo, en Chile ello fue fuertemente disminuido por la reforma agraria -mitad de los años 60 hasta principios de los años 70- la que produjo una importante re-distribución de dicha riqueza.

[7] Según datos de la investigación en la Cámara de Diputados hubo una enorme pérdida patrimonial de parte del Estado chileno. Dando algunos ejemplos, la privatización de la Compañía Acero del Pacífico (CAP) significó una pérdida neta de unos 700 millones de dólares: se vendió en 105 millones de dólares y su valor era de 811. En la Empresa de Electricidad (ENDESA) la pérdida patrimonial se calcula en de 895 millones de dólares, en Chilgener 171, Chilectra de 96, Banco Chile 66.(Cámara de diputados, 2004).

[8] En la segunda ola de privatización (1985-89), sin embargo, la preocupación por una cierta diseminación de la propiedad estuvo presente y se expresó en la idea del llamado “capitalismo popular y laboral” que persiguió el acceso a un número mayor de accionistas en la propiedad de las empresas privatizadas, en particular de accionistas más pequeños y el acceso a la calidad de propietarios de los trabajadores de esas empresas a través de pagos de indemnizaciones en paquetes de acciones. Sin embargo, la distribución más amplia de la propiedad no tuvo mayor alcance al no existir una institucionalidad más sólida que la protegiera y los procesos de concentración siguieron su curso. Los “capitalistas populares” fueron propietarios efímeros. La mayoría vendió sus acciones a grupos económicos que recibieron con ello un aporte a su enriquecimiento (Cámara de Diputados: 2004).

[9] “Si tuviésemos muchas empresas chicas no podríamos competir. ¿sabe porqué podemos llegar con pollos y cerdos, a China y Japón?: porque somos grandes. Y por eso podemos importar un barco completo de maíz y abaratar el flete. “Si en Chile no tuviésemos Falabella, Ripley o A. París tendríamos aquí el Corte Inglés (Capital, 2005: entrevista a Ignacio Cueto, gerente general de pasajeros de Lan Chile). “La curva de costos medios es descendente ( ) sobre todo en el tramo en que Chile se encuentra. Entonces si uno quiere ser eficiente y tener costos bajos requiere de cierta concentración. Dos o tres competidores en una industria basta y sobra” (Capital, 2005: entrevista a F. Pérez Mackenna, Gerente general de Quiñenco, Holding)

[10] Nada más lejos, por tanto, de una especie de democratización de la propiedad que actuase como base material de una equidad de ingresos. El patrimonio de los pequeños productores y comerciantes urbanos, de los pescadores artesanales; de los pequeños productores forestales; de los campesinos se hace menor en términos relativos. Por ejemplo, en la propiedad de la tierra, agentes exitosos van comprando nuevas extensiones de tierra, concentrando su propiedad, desplazando a otros menores y revirtiendo parcialmente el proceso de reforma agraria (UAHC-ULB, 1997).

[11] Ello puede verificarse en que la economía chilena según los indicadores convencionales en la década en curso aparece como la cuarta economía más transnacionalizada en el mundo y se expresa entre otros fenómenos en un dólar relativamente bajo y decreciente en términos reales. (Dirección del Trabajo, 2005: 10)

[12] No se está aseverando que el salario corresponda, exactamente, a la productividad marginal de cada uno, lo que pertenece al campo de las deducciones lógicas de un modelo formal y a-histórico como el neoclásico; pero sí que en la medida que la productividad posible es mayor o es menor en un sector, creará condiciones para que los salarios sean mayores o menores, respectivamente.

[13] US$1=$530

[14] Esto significa que una tendencia hacia una mayor igualdad de ingresos depende no solo de que exista una tendencia de traslado generalizado de los trabajadores hacia los sectores de mayor productividad sino también que en estos últimos exista una estructura interna de empleos y productividad más igualitaria respecto de los sectores en disminución.

[15] Estos empleos u ocupaciones de productividad baja también se puede pesquisar entre los trabajadores por cuenta propia. Estos tienen una alta presencia entre los deciles más pobres. Representaban el 27 y el 21% de los ingresos de los hogares pertenecientes al decil más pobre y al siguiente, respectivamente. (2003)

[16] Las regiones de Magallanes, Antofagasta y Metropolitana (Santiago) tienen un ingreso promedio mensual (en miles de $) de: 726; 617; y 618, respectivamente. En el otro extremo, las regiones de La Araucanía, Bío-Bío, Los Lagos y del Maule: 374; 414; 348; 405, respectivamente.(Encuesta de Caracterización Socio-Económica, CASEN, 2000)

[17] Sin duda este hay que tomarlo como un factor no suficiente por si mismo, pero si agravante de una situación de bajo ingreso per-cápita y que en ciertos casos puede tener mucha importancia. Su consideración aislada o unilateral puede llevar a una visión puramente “demográfica” de la pobreza y la distribución de ingresos.

[18] Por ejemplo, en la penúltima encuesta de caracterización socio-económica de los hogares chilenos mostró que mientras el 9,8% de las personas estaban desocupadas, para el 20% más pobre de los hogares chilenos esa tasa de desempleo subía al 25.5% y para el 20% de más altos ingresos, esa cifra era solo el 3%. (Casen, 2003). A la vez mientras el desempleo para el grupo etario entre 45-64 años era del 4.8%, entre 15 y 24 años era de 18.7%, el que en el caso de las mujeres aumentaba a un 24.6%.

[19] Esto ha sido motivo de crítica por economistas liberales y políticos del espectro de derecha y centro. Ello condujo, incluso, a que en años recientes (2001) ese impuesto fuese rebajado bajo el argumento que afectaba principalmente a la “clase media”, lo que era empíricamente falso (González, 2001b).

[20] Podemos hablar de tres áreas principales de políticas sociales para un análisis de distribución de los Ingresos: los subsidios monetarios que se transfieren a la familia; los subsidios en educación básica, media y prebásica que se transfieren a la familia; y los subsidios en salud que se transfieren a la familia. También hay otros subsidios que tienen un peso menor como los de la vivienda, de programas de riego, de fomento agrícola, para la educación superior.

[21] Debe sí señalarse que esta es una manera reducida de tratar la relación entre gasto estatal y distribución del ingreso. Más allá de las políticas sociales directas que significan ingresos monetarios y transferencias de bienes y servicios, es el conjunto de aquel gasto estatal el que puede y debe ser analizado en términos de sus impactos distributivos. Por ejemplo, las políticas de obras públicas o de vivienda y urbanismo.

Neoliberalismo internacional se reune en Argentina

Un encuentro internacional de la derecha en el que Mauricio Macri sera el representante local

Dios los cría y ellos se juntan en Rosario

Participarán, entre otros, el español José María Aznar, el peruano Mario Vargas Llosa, el mexicano Vicente Fox y Roger Noriega, de EE.UU. Buscan aglutinarse contra lo que consideran “un avance de gobiernos populistas en la región”.

Por María Laura Carpineta y Werner Pertot, Página/12

En una misma mesa se sentarán a cenar: un agente de la CIA, un egresado de la Escuela de las Américas, buena parte de los ex presidentes de derecha de Sudamérica de los últimos veinte años –incluidos el mexicano Vicente Fox–, una prole de intelectuales neoliberales, anticastristas y antichavistas, el halcón Roger Noriega, el ex mandatario español José María Aznar y, por la derecha vernácula, el jefe Mauricio Macri, que podrá iniciar su discurso diciendo que va a estar bueno Rosario.

Será la ciudad de pobres corazones la que reciba este jueves y viernes a un contingente de dirigentes de derecha. No contarán, en cambio, con la presencia blindada del colombiano Alvaro Uribe, quien podría mandar a su canciller Fernando Araújo, un ex rehén de la FARC. La ocasión que los une es el aniversario de la Fundación Libertad, pero el encuentro tendrá como objetivo aglutinar a los partidos de derecha ante lo que consideran “un avance de gobiernos populistas en la región”. El congreso lo presidirán el frustrado candidato de la derecha peruana Mario Vargas Llosa y el titular de la Fundación Libertad en la Argentina, Gerardo Bongiovanni, un hombre de la UCeDé que tuvo su paso por el partido de Ricardo López Murphy.

El encuentro tendrá paneles como “el retorno al pasado y los grandes riesgos del subcontinente: populismo y terrorismo”, tocará temas sensibles para la derecha como “la lucha contra la pobreza” y buscará vías de integración para la región en el panel llamado “América latina y el mundo: la integración con Estados Unidos”. Macri y Aznar cerrarán el congreso, y luego volverán a hablar el sábado en la Legislatura porteña.

Entre el desfile de figuras se verá a:

- Noriega: Se hizo conocido como asesor del ultraconservador Jesse Helms, a quien asistió para escribir la ley Helms-Burton que apretó el bloqueo sobre Cuba, pero mucho antes ya se había convertido en la mano (dura, claro está) de Estados Unidos para América latina. El ex secretario de Asuntos Latinoamericanos del Departamento de Estado fue uno de los responsables en los ’80 del financiamiento de los contras en Nicaragua, entre otras tareas que desempeñó con suma diplomacia.

- Aznar: Su fundación FAES es una de las financiadoras del aniversario, en plan de frenar la “ola de populismo” sudaca. “Hoy hay un proyecto que busca alejar a América latina de los países occidentales, por fortuna hay países como Colombia que están avanzando por otro camino, a pesar de los narcoterroristas”, dijo hace poco. Promotor de la invasión de Irak junto a sus amigotes George W. Bush y Silvio Berlusconi, fue uno de los que se apuró a culpar a ETA por el 11-M, y recibió varias hostias electorales, que lo hicieron desarrollar una obsesión por las antiguas colonias.

- Fox: El ex gerente de Coca-Cola y mandatario del PAN volverá al país tras el mal trago que le dejó la Cumbre de Mar del Plata, donde tuvo el rol de portavoz del ALCA. “Hay que poner en marcha esos acuerdos sustentados en realidades y no en movimientos callejeros. Está muy politizada esta cumbre”, sostuvo por aquellos días. Hoy alterna entre las remodelaciones de su rancho al estilo de Texas y las conferencias internacionales. Lo acompañará su ex canciller, Jorge Casta-gneda, quien figura a la cabeza de la lista de conversos de la izquierda mexicana y hasta fue denunciado como agente de la CIA cuando militaba en el PC.

- Y gran elenco: Entre los ex presidentes que dieron el sí, estará el ex presidente neoliberal de Bolivia que sucedió al dictador Hugo Banzer, Jorge “Tuto” Quiroga, los conservadores uruguayos Luis María Sanguinetti y Luis Lacalle, un acérrimo opositor al ingreso de Venezuela al Mercosur. “El Mercosur se pegó un tiro en el pie cuando salió de lo comercial. Siempre es más fácil de arreglar: se trata de comprar o vender”, dijo en pleno conflicto de las papeleras. También contarán con el ex mandatario salvadoreño Francisco Flores, quien no dudó en mandar tropas a Irak.

De los amigos del Norte, se escuchará a Ian Vázquez, director del proyecto “libertad económica” del CATO Institute, quien opinó que “el segundo período de Menem fue un desastre porque no se avanzó más en la reducción del gasto” (sic). Junto a él concurrirán intelectuales de la muy republicana fundación Heritadge. También estará Mark Falcoff, quien suele decir que Henry Kissinger no tuvo nada que ver con el golpe en Chile. Falcoff fue catalogado por el diario Ambito Financiero como el “ideólogo de la autonomía de Santa Cruz” en Bolivia, porque “la nación cocalera está dominada por indígenas y las tierras bajas, por gente de ascendencia europea”.

De Bolivia asistirá además el escuadrón anti-Evo, encabezado por el titular del Senado, Oscar Ortiz, y el prefecto de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, otro buen alumno que fue entrenado en la Escuela de las Américas de Panamá. Reyes Villa fue jefe de seguridad del dictador Luis García Meza, quien hoy está preso por delitos de lesa humanidad.

También figurará lo mejor del Viejo Continente, como el diputado neoconservador y titular de la fundación ultraliberal Friedrich Nauman, Wolfgang Gerhardt, o el chileno exiliado Mauricio Rojas, un economista que ideó el actual desmantelamiento del Estado de bienestar en Suecia. Hablarán también anticastristas al por mayor, con Carlos Alberto Montaner a la cabeza y Marcel Granier, el dueño de canal cerrado por Chávez. Además concurrirán Claudio Escribano, Rosendo Fraga, Marcos Aguinis y el infaltable rabino Sergio Bergman cerrará la procesión.

REFORMA PREVISIONAL: DEFICIENCIAS Y TEMAS PENDIENTES

10 de Marzo de 2008

Proyecto estrella de Bachelet
Las deficiencias y los temas pendientes de la reforma previsional

Aunque es considerado un avance inédito en la protección social de los sectores de menores ingresos, el plan con que la Presidenta celebrará su segundo aniversario de gobierno queda ”al debe” en temas como capitalización individual, concentración y AFP estatal.

Miguel Paz

Mantención de la capitalización individual, mayor concentración de ganancias de las AFP, aumento de la edad de jubilación de las mujeres, pensiones muy bajas, la falta de una administradora de fondos pública y que los bancos puedan ingresar al sector, son parte de las críticas que se le hacen al proyecto estrella de la agenda social de la Presidenta Bachelet.

Recientemente, el senador socialista Carlos Ominami volvió a poner en el tapete las críticas a la reforma previsional, que señaló a fines del año pasado cuando se aprobó en el Congreso el proyecto. Esa vez, el entonces vicepresidente del Senado y su par del PPD Guido Girardi, se manifestaron en desacuerdo con el proyecto acordado porque “no representa una reforma previsional”, ni toca “las bases de la industria de las administradoras de fondos de pensiones (AFP)”.

Consultado por El Mostrador.cl, Ominami se refirió a este tema y a su “frustración” con la senda económica de la actual administración. Si bien la Reforma es uno de los proyectos centrales de la agenda social del gobierno y gracias a ella cerca de 550 mil personas comenzarán a recibir el 1 de julio una pensión básica solidaria de 60 mil pesos, que llegará a 75 mil en julio del 2009, aún hay materias que subsanar, como la “falta de una reforma de fondo porque éste es sólo un pilar solidario y no un proyecto que plantee una renovación del sistema de AFP. Seamos claros: esto se hace sin tocarle un pelo al sistema que emergió del gobierno militar, pues la capitalización individual se mantiene incólume”.

Paridad de género en la jubilación

La reforma previsional será promulgada este martes a las 10 horas en un acto en La Moneda y se espera que la Presidenta Bachelet destaque la iniciativa como uno de los grandes logros de su mandato. La importancia comunicacional que se le ha dado al tema en Palacio es vital porque ratificaría el estilo ciudadano de la mandataria, tras el descenso en la aprobación a su persona en la última encuesta Adimark y a pocos meses de iniciarse las campañas municipales de octubre.

Sin embargo, otra de las críticas que se le hace al proyecto es que aumenta la edad de jubilación de las mujeres a 65 años, cosa que desde la Alianza remarcan como una “contradicción vital” de la primera presidenta del país.

El tema fue recogido desde la ala opuesta por Hugo Fazio, economista del Centro Nacional de Desarrollo Alternativo (CENDA), y autor de “El mapa de la extrema riqueza”.

A juicio del analista vinculado históricamente al PC, tampoco se entiende que el monto de la pensión básica sea de $ 60 mil. Aunque reconoce un mejoramiento de la calidad de vida de los sectores postergados en materia de jubilaciones, hubiese esperado un monto mayor. “Además, es un tema que queda diferido en el tiempo sin ninguna explicación, si se atiende a la situación económica existente”.

Por otra parte, agrega, el hecho que los trabajadores independientes se incorporen a las AFP vía cotización obligatoria, “refuerza y concentra más el mercado de las AFP, permitiendo que tengan más recursos, sin contar que todo el sistema invierte mayoritariamente en el extranjero y en un reducido grupo de empresas chilenas”.

“El próximo año van a haber US$ 50.000 millones colocados en inversiones en el extranjero y aunque suena bonito la verdad es que Chile está aportando a que el ahorro sea usado por otros países, en este caso Estados Unidos, para cubrir su déficit”.

Según cifras de la Superintendencia de AFP el 75% de la colocación de acciones de las AFP en Chile, está puesta en inversiones en 15 empresas. Algo que no respondería a “un criterio país”, explica Fazio, ya que “se ha bloqueado la idea de la AFP estatal, renunciando a que el Estado actúe en un terreno tan importante como lo es la previsión de todos los chilenos”.

Los bancos y la AFP estatal

Otro de los temas, que cuenta con la simpatía de Hernán Sommerville y la Asociación de Bancos, es el ingreso de las instituciones financieras a la administración de fondos. Por razones diversas: mayor competencia, menor concentración de mercado y la posibilidad de optar entre una AFP privada y otra pública, las voces en la Concertación se alzan a favor del sector bancario.

El dato es poderoso: tres AFP en la actualidad controlan más del 70% de los fondos y son US$ 103.000 millones los que maneja el sistema en total.

“No hay ningún país del mundo que obligue a cotizar en un sistema privado”, asegura Ominami, quien presentó en enero un proyecto de reforma constitucional que establece la obligatoriedad para generar, frente a la oferta privada de AFP, otra pública, similar al modelo del sector salud donde a las Isapres se suma Fonasa.

Una iniciativa similar presentaron los independientes Carlos Bianchi y Carlos Cantero. Si ambas se complementan, el proyecto de AFP pública que el gobierno prometió enviar al Congreso podría tener una nueva oportunidad de ser aprobado.

Para legislar en la materia se requiere quórum calificado, es decir 22 votos en el senado. De momento si se suman los votos de los senadores oficialistas, el voto de Fernando Flores, Adolfo Zaldívar y de Carlos Bianchi –quienes han dado señales en ese sentido- habría 21.

Esta martes, mientras el Gobierno conmemore el fin de un difícil “primer tiempo”, en el Senado la comisión de Hacienda retomará sus labores. Y uno de los temas en el ambiente es reinstalar el debate sobre la AFP estatal.

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