7 PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE NICARAGUA DE D. ORTEGA

ULTIMA NOTA SOBRE LAS NUEVAS IZQUIERDAS EN LATINOAMERICA

Por José Natanson

1 ¿El Daniel Ortega actual es el mismo que el que derrotó a Somoza?

La Revolución Sandinista fue el resultado de un largo proceso de confluencia política y lucha armada contra una de las dictaduras más corruptas del subcontinente, y su gobierno intentó, pese a todos sus problemas, generar un cambio radical en Nicaragua. En 1990, tras once años en el poder, el sandinismo se animó a dar un paso crucial para un movimiento que había llegado al gobierno por las armas: convocó a elecciones limpias y competitivas y luego aceptó su derrota. El gesto de Ortega fue un paso crucial para la consolidación de la democracia en Nicaragua. “La revolución había heredado lo que no se propuso, la democracia, y no había podido heredar lo que se propuso, el bienestar y la justicia para los más pobres, que sólo se consiguen con la transformación económica”, explicó Sergio Ramírez, escritor y ex vicepresidente sandinista, hoy alejado de Ortega.

Pero ese día todo comenzó a cambiar. En los meses que se extendieron entre la derrota electoral y la entrega del poder, la cúpula sandinista se lanzó desesperadamente a la “piñata”, como se conoce en Nicaragua al desenfrenado proceso de adquisición fraudulenta de bienes por parte de los funcionarios más importantes del régimen, muchos de los cuales operaban desde Interbank, considerado la pantalla financiera del sandinismo, cuya quiebra en agosto del 2000 le costó al Estado la friolera de 300 millones de dólares.

Durante los ‘90, mientras perdía una elección presidencial tras otra, Ortega iba concentrando la conducción del sandinismo en su figura y debilitando el esquema de dirección colegiada que había caracterizado a la revolución en sus inicios. En el 2000, Ortega firmó un pacto con el presidente, Arnoldo Alemán, por el cual el sandinismo y el Partido Liberal se repartieron los principales resortes institucionales: la Corte Suprema, el Consejo Supremo Electoral, el Consejo Superior de la Contraloría, la Procuraduría de Derechos Humanos y la Superintendencia de Bancos. El acuerdo incluyó promesas cruzadas de protección personal, que Alemán utilizó para evadir las acusaciones de corrupción y después para disfrutar de una cómoda prisión domiciliaria, primero en la clínica privada más cara de Managua y luego en su casa de fin de semana, hasta que, ya con Ortega en el gobierno, se le concedió autorización para moverse libremente por el país… pese a la condena a 20 años de cárcel por lavado de dinero dispuesta por la Justicia. Ortega, en tanto, se amparó en la inmunidad parlamentaria, ratificada por liberales y sandinistas en la Asamblea Nacional, para evadir las acusaciones de abuso sexual formuladas por su hija adoptiva, Zoilamérica Narváez.

2 ¿Por qué ganó Ortega las elecciones del 5 de noviembre del 2006?

El acuerdo Ortega-Alemán incluyó una reforma constitucional diseñada para garantizar una victoria sandinista en la primera vuelta. Caso único en el mundo, el sistema electoral nicaragüense establece que, para evitar el ballottage, es necesario obtener el 40 por ciento de los votos, o el 35 y una diferencia de 5 con el segundo. En los comicios del 2006, por primera vez en la historia, el liberalismo se presentó dividido entre el sector que responde a Alemán y un frente integrado por las facciones más modernas –y menos corruptas– del partido. Juntos, los dos candidatos liberales sumaron el 55 por ciento, por lo que presumiblemente hubieran logrado derrotar a Ortega en el ballottage. El nuevo diseño electoral, sin embargo, permitió que el líder sandinista se alzara con la presidencia pese a haber obtenido menos votos que en cualquiera de sus derrotas anteriores.

Pero no fue sólo la alquimia constitucional la que facilitó el triunfo. En los años previos, Ortega había emprendido una remodelación ideológica que incluyó un discurso pragmático, el apoyo legislativo a algunas reformas neoliberales y una nueva estética electoral: el tradicional Himno Sandinista, que incluía un verso no muy elegante pero muy claro –”luchamos contra el yanqui, enemigo de la humanidad”– fue sustituido por la Oda a la Alegría, mientras que el clásico rojinegro sandinista era reemplazado por un rosa suave y como slogan de campaña se adoptaba una frase de John Lennon: “Dale una oportunidad a la paz”.

Estos cambios acompañaron otros más significativos. Ortega se acercó a la Iglesia Católica (junto a Estados Unidos, uno de los núcleos de la oposición a su gobierno), invitó a los obispos a abrir sus actos de campaña y dio órdenes a los legisladores sandinistas para que apoyaran la ley que prohíbe el aborto terapéutico, lo que convirtió a Nicaragua en uno de los pocos países del mundo en penalizar la interrupción del embarazo cuando corre riesgo la vida de la madre. Pero tal vez lo más llamativo de este cambio de orientación haya sido la elección del candidato a vicepresidente de Ortega, Jaime Morales Carazo, un conocido líder de la contra, amigo personal de Somoza y ex colaborador de la CIA.

En fin, transfigurado en una alternativa desideologizada y pragmática, pero también amparado en su pasado combativo, Ortega logró llegar nuevamente a la presidencia, aunque a esa altura ya quedara poco del sandinismo original, como prueba el hecho de que, de los nueves míticos comandantes, hoy sólo dos permanecen al lado del presidente. “Fueron tantos los gestos de cambio, tan sistemáticos, que al final se volvieron muecas”, me dijo Edelberto Torres Rivas, decano de las ciencias sociales centroamericanas, cuando le pedí una evaluación de la transformación sandinista.

3 ¿Ortega ha implementado una política económica pos-neoliberal?

La crítica a los efectos sociales del neoliberalismo fue uno de los ejes de la campaña de electoral de Ortega, que al mismo tiempo emitió promesas de continuidad macroeconómica y ratificó su decisión de no romper el Cafta, el tratado comercial entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos.

Poco después de asumir Ortega firmó un acuerdo por tres años con el FMI, que incluyó un préstamo por 113 millones de dólares, y dispuso una serie de medidas para garantizar la estabilidad macroeconómica: en el 2007, el déficit fiscal se redujo al 0,9 por ciento, las reservas se incrementaron hasta alcanzar el record histórico (casi 900 millones de dólares) y las exportaciones se expandieron considerablemente. En este marco, Nicaragua creció 3 por ciento en el 2007 y se estima un 3,5 para este año, según datos de la Cepal. La inflación, azuzada por el incremento del precio del petróleo, trepó al 13,8 por ciento, a lo que el gobierno reaccionó con políticas de austeridad fiscal.

Aunque por el momento parece equilibrada, la débil economía nicaragüense depende básicamente de tres factores: el turismo, hoy la principal actividad de un país que ofrece playas tranquilas y la hermosa arquitectura de ciudades como Granada y León; las remesas de los nicaragüenses en el exterior, sobre todo en Estados Unidos y Costa Rica, que en el último mes llegaron, según estimaciones del Banco Central, a 900 millones de dólares; y la expansión de la maquila (el procesamiento final de exportaciones livianas, principalmente textiles, con mano de obra barata en zonas francas) para el mercado estadounidense.

Pero estas tres frágiles columnas no alcanzarían a sostener la economía sin la ayuda de las donaciones internacionales (se calculan en 500 millones) y las iniciativas de alivio de deuda, que permitieron reducir los compromisos externos de 4500 a 2 mil millones. Nicaragua, con el PBI más bajo del Hemisferio Occidental después de Haití y Mauritania, vive eternamente expuesta a los vaivenes internacionales, especialmente al precio del petróleo, y permanece sumida en una pobreza difícil de exagerar.

4 ¿Ortega ha seguido un camino similar al de otros líderes de izquierda como Lula o Tabaré Vázquez?

Algún distraído podría pensar que la trayectoria de Ortega emula la de los presidentes de Brasil o Uruguay, que fueron derrotados en varias oportunidades y que, cuando finalmente llegaron al poder, implementaron políticas económicas moderadas y sensatas. Algo de esto hay, por supuesto, pero las diferencias son demasiado grandes: no sólo porque se trata de países muy distintos –en muchos aspectos Nicaragua se asemeja más a una república del Africa Subsahariana que a un Estado del Cono Sur–, sino porque los triunfos de Lula y Tabaré Vázquez fueron resultado de un largo proceso de aprendizaje político que incluyó la gestión de grandes ciudades y la paciente construcción de un equipo de gobierno. En ambos países, la izquierda llegó al poder como resultado de la crítica y la denuncia a los gobiernos neoliberales, no de una negociación con ellos.

5 ¿El gobierno sandinista está implementando medidas para mejorar la situación social?

En los años iniciales de la revolución, Ortega lanzó una campaña de alfabetización y extendió los servicios educativos a buena parte de la población, desarrolló importantes programas de salud pública, que permitieron por ejemplo acabar con la poliomielitis, e inició una reforma agraria. Pero a diferencia de la Revolución Cubana, que desde su triunfo en 1959 pudo disfrutar de tres buenas décadas de apoyo soviético, los sandinistas entraron a Managua recién en 1979, demoraron un par de años en consolidarse y, tanto por errores propios como por la feroz campaña de desestabilización estadounidense, al poco tiempo habían llevado al país a una crisis económica gravísima. Cuando cayó el Muro de Berlín las cartas ya estaban jugadas.

En enero del 2007, cuando Ortega asumió nuevamente el poder, Nicaragua tenía el segundo índice de desnutrición más alto de América latina luego de Haití, la esperanza de vida más baja del continente, un 30 por ciento de analfabetismo, un 65 por ciento de pobreza y un 20 por ciento de indigencia. No es sorprendente, en este contexto, que sus primeras dos medidas como presidente hayan sido la eliminación de los cobros en las escuelas, que en los últimos años se habían extendido bajo el disfraz de “contribuciones voluntarias”, y de los aranceles en el sistema de salud pública. A esto se sumó el lanzamiento del Plan Hambre Cero, un programa de transferencia de ingresos a los ciudadanos más pobres al estilo brasileño, que beneficiará a 75 familias.

Todavía es muy pronto para evaluar los resultados y no existen estadísticas mínimamente fiables, pero nada indica que la situación haya cambiado mucho si se considera el bajo crecimiento económico, el incremento de la inflación y los efectos devastadores del Huracán Félix.

6 ¿El gobierno de Ortega está subordinado a Chávez?

Durante la campaña electoral, el presidente venezolano apoyó a su amigo nicaragüense, a quien invitó en tres oportunidades a Caracas y con quien firmó un acuerdo para donar diez millones de barriles de petróleo a los municipios gobernados por el sandinismo. Un intervencionismo abierto y criticable, pero no muy distinto al del embajador estadounidense, Paul Trivelli, que hizo lo imposible por unificar a las fuerzas liberales detrás de un único candidato.

Chávez asistió a la ceremonia de asunción de Ortega y fue invitado a hablar en la Plaza de la Revolución, donde festejó el ingreso de Nicaragua al ALBA y ratificó una alianza cuya base material es un acuerdo por el cual Nicaragua recibe 10 mil barriles de combustible por día en condiciones preferenciales (40 por ciento pagadero a 25 años de plazo y a tasa fija), además de la instalación en Managua de una oficina del Banco de Desarrollo de Venezuela, con créditos para proyectos agrícolas por 10 millones de dólares, y el compromiso de construir una enorme refinería. La importancia de estas iniciativas es indisimulable: Nicaragua debe importar toda la energía que consume y cuenta con poquísimo dinero para ello. Venezuela, en cambio, produce en sólo un día la totalidad del petróleo que Nicaragua necesita en un año. Gracias a Chávez, los apagones que oscurecían a Managua prácticamente desaparecieron.

Pero las cosas siempre son más complicadas. A pesar del alineamiento con Venezuela, de la visita a Mahmud Ahmadinejad, el presidente iraní amigo de Chávez, y de la decisión de imitar a Caracas y romper relaciones con Colombia para retomarlas al día siguiente, Ortega se ha negado a abandonar el Cafta, lo cual no debería llamar tanto la atención. Al fin y al cabo, el 65 por ciento de las exportaciones de Nicaragua y el 50 de las remesas se concentran en Estados Unidos.

7 ¿Tiene futuro la izquierda nicaragüense?

El triunfo de Ortega, más allá de la decadencia del sandinismo en los últimos años, era aguardado con expectativa por muchos sectores de la sociedad nicaragüense cansados de las políticas neoliberales de los últimos años. Nicaragua es un país pobrísimo pero muy movilizado, en buena medida como herencia de la etapa revolucionaria, con los índices de participación electoral más altos de Centroamérica, una sociedad civil muy activa y algunas instituciones modernas y democráticas: el ejército y la policía, por ejemplo, son organismos despolitizados y respetuosos de la legalidad, que han logrado mantenerse relativamente a salvo del festival de la corrupción, lo cual tal vez explique el hecho de que Nicaragua, a pesar de ser el país más pobre de Centroamérica, sea el que menos sufre el drama de la inseguridad que azota a sus vecinos.

Estas condiciones podrían funcionar como marco para un dato de desarrollo, pero el futuro no es tan auspicioso. Ortega insiste en concentrar el poder en su figura y ha hecho poco por rehabilitar los mecanismos de equilibrio institucional. De hecho, ha insinuado la posibilidad de buscar una reforma constitucional para habilitar su reelección. En su breve año de gestión, se ha esforzado por mantener la macroeconomía en orden y ha intentado, dentro de límites estrechísimos, extender algunas políticas sociales. Pero la economía nicaragüense es tan frágil, la situación social tan delicada, que el más mínimo nubarrón puede hacer tambalear el bote. Y aunque el principal factor desestabilizador, el incremento de los precios del petróleo, ha logrado morigerarse gracias a la ayuda de Chávez, la historia enseña que depender de un capital extranjero –aunque sea Caracas y no Moscú– es siempre una apuesta a corto plazo.

7 preguntas y respuestas sobre el Uruguay de Tabaré Vázquez, J.Natanson

NOTA SOBRE LAS NUEVAS IZQUIERDAS EN LATINOAMERICA

Por José Natanson, Página/12

1 ¿El gobierno de Tabaré Vázquez es neoliberal?

Como ocurrió con Lula en Brasil, el ascenso al poder de la izquierda uruguaya estuvo precedido por una crisis económica gravísima, que comenzó en 1998 y se extendió durante cuatro largos años, hasta que finalmente estalló en el 2002: en ese año fatal, el impacto combinado del colapso argentino y la inestabilidad brasileña provocó un efecto catastrófico en la frágil economía uruguaya, cuyo resultado más visible fue una caída del PBI del 11 por ciento y una corrida bancaria sin precedentes, que hizo que en poco tiempo se retiraran la mitad de los depósitos. El gobierno, aturdido, reprogramó los pagos de la banca pública –una especie de default amistoso– y trató de controlar una devaluación imparable, hasta que un oportuno salvataje estadounidense en la forma de un crédito de 1500 millones de dólares le permitió superar el golpe.

Por poco, Uruguay logró evitar un colapso total al estilo argentino, pero el panorama que emergió después de la tormenta era negro: la deuda externa superaba el total del PBI, el desempleo arañaba el 20 por ciento y la cohesionada sociedad uruguaya lucía fracturada, con los barrios precarios alterando, por primera vez en la historia, la fisonomía elegante de Montevideo. “Terminó de descorrerse el velo que ocultaba al país distinto que la mayoría de los uruguayos se resistía a ver”, escribió el politólogo Gerardo Caetano (Nueva Sociedad 184, marzo-abril 2003).

Después de tocar fondo, la economía uruguaya comenzó lentamente a revivir. Pero era una recuperación frágil y precaria, que convenció a Tabaré Vázquez de que era necesario moverse con cautela de cara a las elecciones presidenciales del 2004: el candidato se reunió con empresarios y banqueros, esquivó algunas cuestiones delicadas (nunca aclaró del todo, por ejemplo, si pensaba renegociar la deuda externa) y ofreció la mejor prueba de confiabilidad al alcance de su mano: el anuncio de que el prestigioso economista Danilo Astori, referente del ala moderada del Frente Amplio, se convertiría, en caso de que llegara al poder, en su ministro de Economía.

2 ¿Fue buena idea no patear el tablero de la economía?

Férreamente manejada por Astori, la política económica del gobierno del Frente Amplio incluyó la firma inmediata de un acuerdo con el FMI, un gasto público controlado y una tibia reforma impositiva, mucho menos radical que la insinuada en la campaña. Las tensiones que generó esta estrategia no tardaron en notarse en un gabinete que incluía a los referentes de las principales facciones de la coalición. De hecho, Vázquez tuvo que desautorizar a su ministro de Economía en dos oportunidades: cuando se resistió a que el Congreso cumpliera la promesa de campaña de elevar el presupuesto educativo al 4,5 por ciento del PBI, y cuando se opuso a la creación del impuesto a las rentas de las personas físicas, un reclamo histórico de la izquierda uruguaya.

Pero las líneas maestras del plan económico no se alteraron en lo esencial y el peso interno de Astori fue creciendo en simultáneo con el despegue de la economía, favorecida por el incremento de los precios de los principales productos de exportación (carne, lácteos, cereales), por el regreso de los turistas argentinos y brasileños a las soleadas playas de Punta del Este y por la puesta en marcha de proyectos largamente esperados, como la papelera Botnia. En este marco, Uruguay creció 6,6 por ciento en el 2005, 7 en el 2006, 7,5 en el 2007 y se estima un 7 para el 2008. A la abrumadora evidencia estadística podría agregársele un argumento cualtitativo: la recuperación, aunque liderada por los sectores tradicionales, como el turismo y el campo, incluye también una expansión de la industria manufacturara.

Todo esto es verdad, pero no es menos cierto que la primarización de la estructura económica, mal endémico uruguayo, no sólo se mantuvo, sino que se profundizó en los últimos años: según los últimos datos de la Cepal, más de dos tercios de las exportaciones se concentran en los sectores tradicionales, básicamente en el agropecuario, en tanto que la proclamada recuperación industrial se apoya sobre todo en las ramas vinculadas con la base primaria, como frigoríficos, arroz, curtiembres, madera y pasta de celulosa. El turismo, por su parte, sigue siendo la principal fuente de ingreso de divisas. Todo esto expone a la economía uruguaya, pequeña y relativamente abierta, a los vaivenes de los precios internacionales y, sobre todo, a la inestabilidad crónica de sus dos grandes vecinos.

3 ¿La política económica ayudó a mejorar la situación social?

Junto a Costa Rica (y hasta mediados de los ’70 también Argentina), Uruguay había logrado el notable record de mantenerse como uno de los pocos países latinoamericanos con bajos niveles de desigualdad social. Para ello resultó clave una geografía sin grandes accidentes, que evita por ejemplo las típicas divisiones sierra-costa de los países andinos, y una dimensión reducida, con sólo tres millones y medio de habitantes. Pero la relativa integración social de Uruguay no es sólo una bendición de la naturaleza sino el producto de una sociedad, tal vez la más europea –y europeizada– de América latina, que valora la cultura de clase media y que ya a principios de siglo XX, con José Batlle, había comenzado a construir el Estado de Bienestar más avanzado de la región.

Todo esto, sin embargo, había cambiado en marzo del 2005, cuando Tabaré Vázquez asumió el gobierno después de la crisis económica más profunda de la historia nacional. La pobreza, tras arañar el 35 por ciento, todavía rondaba el 30, según el Instituto Nacional de Estadística, y el desempleo superaba el 10 por ciento. Frente a esta situación, el gobierno apostó, por un lado, a la creación de empleo y al incremento del salario real, como derrame de la expansión económica y como resultado de las políticas de fomento industrial y agrícola. Al mismo tiempo, se creó el Ministerio de Desarrollo Social, que nunca había sido considerado necesario en un país como Uruguay, y se ampliaron los programas de asistencia con el lanzamiento del Plan Nacional de Emergencia Social, cuyo programa principal, el Ingreso Ciudadano, hoy beneficia a 300 mil personas. Estos esfuerzos han dado sus primeros resultados: la pobreza bajó al 25 por ciento y el desempleo al 9,7.

Pero la pobreza no sólo se expandió; también cambió su cara. La crisis que estalló en el 2002 alumbró un nuevo cuadro social: la indigencia, que antes prácticamente no existía, hoy afecta al 3,5 por ciento de la población. Al mismo tiempo, se verificó un proceso de infantilización de la pobreza que hizo que hoy el 50 por ciento de los menores de 12 años sean pobres. Esto crea situaciones estructuralmente difíciles de cambiar y que parece imposible atacar solo con políticas sociales, por más eficientes que sean, ya que involucran cuestiones muy complejas, como la segregación residencial, las nuevas condiciones de los mercados laborales flexibilizados, la tercerización en el sector servicios y otros tantos etcéteras. “Es el desafío más importante y más difícil de nuestro gobierno”, me dijo Felipe Michelini, subsecretario de Educación y Cultura de Uruguay, cuando conversé con él luego de un seminario en Buenos Aires.

4 ¿El gobierno de Vázquez ha avanzado en otros aspectos?

Los derechos humanos eran uno de los grandes ítem de la agenda de campaña. El nuevo gobierno impulsó la aprobación legislativa de los tratados internacionales, creó un programa sobre el tema en las escuelas y promovió la investigación de los crímenes de la dictadura aprovechando los agujeros jurídicos de la Ley de Caducidad, la norma sancionada en 1989 –y ratificada en un plebiscito– para frenar las causas por violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, pese a que en su momento el Frente Amplio lideró la campaña contra la ley, el gobierno de Vázquez cumplió lo prometido en la campaña y se negó a derogarla.

Otro de los ejes programáticos de la coalición, las políticas de salud reproductiva, avanzó parcialmente, con el impulso a algunas medidas de educación sexual y anticoncepción responsable. Sin embargo, el gobierno se negó a enfrentar el siempre postergado debate acerca de la despenalización del aborto. En febrero de 2006, un grupo de legisladores presentó un proyecto para autorizar la interrupción voluntaria del embarazo hasta las doce semanas desde la gestación. La idea era aprobarlo en el Congreso y luego someterlo a un plebiscito, lo que convertiría a Uruguay en el primer país de América latina en plantear seriamente una discusión sobre el tema. Pero Vázquez, de fuerte formación católica, amenazó no sólo con vetar la ley, sino con disolver las cámaras, un recurso institucional extremo, si éstas insistían. “Estoy dispuesto a hacer todo lo necesario”, advirtió el presidente.

5 ¿El de Tabaré Vázquez es un gobierno timorato?

La pregunta no es mera provocación. Algunos, sobre todo en la orilla argentina del Río de la Plata, seguramente piensan eso. Y es que al lado de los cambios abruptos que se vivieron en Argentina, que pasó del neoliberalismo más intenso del continente a la crisis más profunda y de ahí a un gobierno furiosamente antineoliberal (al menos en el discurso), lo de Uruguay parece siempre poca cosa.

Pero habría que ver, en primer lugar, si este estilo de cambio lento es tan negativo como piensan algunos. En todo caso, es parte de una cultura política que detesta los giros bruscos y avanza siempre con movimientos amortiguados, para bien y para mal. En 1992, por ejemplo, mientras el resto de América Latina giraba decididamente hacia la ortodoxia económica, Uruguay les ponía un freno popular a las reformas de mercado rechazando en un plebiscito las privatizaciones. Y más tarde, cuando se anunció la privatización parcial del sistema jubilatorio, un 60 por ciento de los uruguayos eligió mantenerse dentro del sistema estatal de reparto.

El ascenso político de la izquierda no tenía por qué romper esta tradición. Al fin y al cabo, el Frente Amplio nació en 1972 y recién después de tres décadas, tras perder dos elecciones presidenciales y demostrar que era capaz de gobernar Montevideo, pudo llegar al poder. En este sentido, contra lo que piensan algunos desprevenidos, el éxito electoral no fue resultado de una aspiración de cambio total sino, por el contrario, de la capacidad de Tabaré Vázquez para combinar un mensaje de esperanza difusa con las necesarias señales de las tranquilidad que exigía una sociedad que, aunque decidida a pasar a otra etapa, no parecía muy dispuesta a cambiar la tradición reformista tan arraigada en el país.

6 ¿Uruguay va a dejar el Mercosur?

El conflicto con Argentina por la instalación de la papelera Botnia reavivó la discusión acerca de las ventajas y desventajas del Mercosur y estuvo a punto de terminar con la salida del bloque. Al igual que Paraguay, Uruguay se queja de que Argentina y Brasil no lo tienen en cuenta a la hora de tomar las grandes decisiones, como el ingreso de Venezuela como miembro pleno, y que hacen poco y nada para limitar las asimetrías.

De los cuatro socios, Uruguay es por lejos el que cuenta con un mayor porcentaje de mercoescépticos. Un sector importante de la clase política, junto a buena parte de la sociedad y de los medios de comunicación, defiende la idea de diversificar la política de integración para vincularse con nuevos mercados. El debate divide también al Frente Amplio. De hecho, Astori impulsó en su momento un acuerdo comercial con Estados Unidos que habría implicado la salida de Uruguay del Mercosur y que finalmente se convirtió en un mucho más suave Tratado de Protección de Inversiones. En la oposición, la mayoría apoya la idea, como me explicó el ex presidente Luis Alberto Lacalle, uno de los principales referentes conservadores de su país, en una entrevista en Buenos Aires. “Tenemos que dejar de perder el tiempo con pavadas como el Parlamento del Mercosur, que sólo sirve para generar viáticos. Hay que volver a un acuerdo de libre comercio, que era la idea original, para que podamos explorar otras alternativas complementarias.”

La opinión de Lacalle no debería descartarse con el argumento de que es un neoliberal y punto. El diagnóstico tiene su lógica: típico caso de un país chico, Uruguay produce mucho de pocas cosas y consume poco de muchas. Como diría un economista, es una economía estructuralmente especializada y, por lo tanto, vulnerable a las fluctuaciones de los precios de los pocos productos que exporta. Quienes sugieren avanzar en un regionalismo abierto al estilo de Chile argumentan que la única forma de evitar las variaciones de los precios internacionales es diversificar las exportaciones –y sus mercados de destino– a través de acuerdos con otros países y bloques, para lo cual el país cuenta con algunas ventajas invaluables: una ubicación estratégica, materias primas abundantes y una tradición de estabilidad institucional adecuada para atraer inversiones extranjeras.

Pero esta propuesta ignora el hecho de que Uruguay ya se encuentra estrechamente vinculado con sus vecinos, especialmente Argentina y Brasil, que constituyen sus dos principales socios comerciales y que, sumados, representan casi el 50 por ciento de su comercio exterior. Ambos países son responsables, además, de algunos movimientos clave de la economía uruguaya, como el flujo de turistas. Por más que busque otras opciones, Uruguay, guste o no, tiene su futuro irremediablemente atado al de sus vecinos. Los defensores del Mercosur sostienen, por lo tanto, que la estrategia debería consistir en fortalecer y mejorar el bloque, no en debilitarlo.

7 ¿Tiene futuro la izquierda uruguaya?

Tras mucho dudar, Vázquez descartó la posibilidad de buscar una reforma constitucional para habilitar su reelección en el 2009. Si estuviera habilitado, su triunfo se da por seguro, pero con el líder máximo fuera de carrera el panorama es menos claro: el candidato más popular en las filas del Frente Amplio, José Mujica, genera resistencia en importantes sectores de la sociedad, un poco por su estilo desenfadado, que contrasta con el atildado y circunspecto Tabaré, pero también por su pasado guerrillero (que de todos modos no le ha impedido garantizar con su apoyo la moderación del gobierno). Al superministro Astori le ocurre exactamente lo contrario: tiene una alta intención de voto, pero despierta fuertes rechazos internos. En este juego complicado, todos esperan una definición de Tabaré, cuyo dedo mágico aún no ha señalado a su favorito. Un gobierno de Astori implicaría una clara continuidad económica y, quizás, un viraje parcial en política internacional hacia un mayor acercamiento con Estados Unidos. La perspectiva de Mujica es incierta y ni él mismo parece muy convencido de una eventual candidatura. Otros posibles postulantes, como el vicepresidente Rodolfo Nin Novoa, parecen por el momento un poco débiles para enfrentar a una oposición probablemente unificada. En cualquier caso, lo que es seguro es que ninguno intentará un cambio radical, ni a la izquierda ni a la derecha, en un país acostumbrado desde siempre a avanzar como si caminara debajo del agua.

Giro a la izquierda en A. Latina.

Página/12

El giro a la izquierda es la gran novedad de la política latinoamericana de los últimos años. Hoy el 60 por ciento de la población de la región vive en países gobernados por líderes de izquierda y el 65 por ciento del PBI es controlado por gobiernos autoidentificados con la izquierda. Si se acota el universo a Sudamérica, la evidencia es aún más abrumadora: el 80 por ciento de la población, el 90 por ciento del producto y el 81 por ciento de la superficie se encuentran en poder de la izquierda.

Este fenómeno se explica por el agotamiento del modelo neoliberal, que generó un crecimiento económico mediocre y una profundización de la brecha social, y por el fin de la Guerra Fría, que permitió el ascenso de partidos y líderes que en el pasado hubieran sido bloqueados por Estados Unidos. Pero se trata también de una nueva izquierda. Más pragmática y flexible, fluctúa entre la socialdemocracia y el populismo; acepta, aunque a veces a sin mucho entusiasmo, las reglas del juego democrático y despliega estrategias económicas que van del neoliberalismo corregido a un estatalismo de nuevo cuño.

7 Preguntas y 7 respuestas sobre la Venezuela de Chávez.

Notas sobre las nuevas izquierdas en América Latina

Cómo es el sistema de Chávez

Pragmática, flexible, muy diferente de la de otras décadas, la izquierda después de la ola neoliberal de los noventa toma formas nuevas. En esta serie de notas, Página/12 plantea preguntas y busca respuestas para entender la nueva izquierda latinoamericana. En el comienzo, la Venezuela bolivariana.

Por José Natanson, Pagina/12.com

1

¿Chávez es
antidemocrático?

Chávez llegó al gobierno de manera perfectamente democrática y ganó nueve elecciones consecutivas, más que cualquier otro presidente latinoamericano en el poder. En el 2006, tras obtener su reelección, elaboró un proyecto de reforma constitucional que incluía, entre otras medidas, la reelección indefinida, lo que hubiera convertido a Venezuela en el único país de América latina –a excepción de Cuba– sin ningún límite institucional para el ejercicio perpetuo del poder. Pero en diciembre del 2007 el proyecto fue derrotado en un plebiscito por un margen ajustadísimo.

Chávez admitió el resultado a regañadientes, pero lo hizo. Sus opositores, en cambio, demoraron seis años en reconocer sus derrotas: recién en las elecciones del 2006 los sectores democráticos de la oposición se impusieron sobre los más recalcitrantes –formados en su mayor parte por ex integrantes del viejo partido Acción Democrática– y aceptaron jugar el juego de la democracia. Antes, lo habían intentado todo: el golpe de Estado en abril del 2002; la ocupación de la Plaza Altamira por un grupo de militares rebeldes poco después; el paro petrolero del verano del 2003; el referéndum revocatorio del 2004, cuyo resultado fue desconocido por los líderes opositores a pesar del aval de la OEA y el Centro Carter, y el boicot abstencionista a las elecciones legislativas de noviembre de 2005.

2

¿Chávez es
antirrepublicano?

Además de la presidencia, Chávez controla la Asamblea Legislativa, las fuerzas armadas (está habilitado para ascender discrecionalmente a los jefes militares) y los gigantescos ingresos petroleros. En cuanto a la supervisión judicial, el Tribunal Superior de Justicia fue ampliado de 20 a 32 miembros y completado con diputados y militares oficialistas, mientras que el otro resorte judicial estratégico, el Fiscal General, único funcionario con autoridad para juzgar al presidente, fue ocupado en los comienzos de la gestión chavista, por… el vicepresidente. Como si fuera poco, Chávez consiguió facultades para legislar por decreto en dos oportunidades, la última de ellas en el 2007, a pesar de que el Legislativo ya estaba integrado exclusivamente por sus partidarios.

“Esto no es una dictadura, como dicen algunos, pero tampoco una democracia en sentido pleno. Chávez tiene un pie en el pedal de la democracia y otro en acelerador del autocratismo, y aprieta uno u otro según el momento”, me dijo Caracas Teodoro Petkoff, director del diario Tal Cual y uno de los pocos líderes opositores capaz de mantener la cabeza fría.

Una explicación histórica ayuda a entender mejor esta situación. Durante la segunda mitad del siglo XX, Venezuela fue uno de los pocos países latinoamericanos que logró mantenerse a salvo de las dictaduras militares que asolaron a la región. En el resto, la experiencia autoritaria hizo que, una vez recuperada, la democracia fuera valorada como un bien en sí mismo, y muchos intelectuales de izquierda que en los ’60 la criticaban por hueca y aburguesada descubrieron que en realidad constituye una garantía para los derechos humanos. Luis Maira, actual embajador de Chile en Argentina, lo resume en una frase: “Después de la segunda sesión de tortura, uno empieza a valorar al hábeas corpus”. A diferencia de países como Chile o la Argentina, la sociedad venezolana no registró este cambio en la mentalidad colectiva: la democracia formalmente impecable que gobernaba hasta el triunfo de Chávez era vista como la verdadera responsable de la decadencia nacional, por lo que nadie se molestó mucho cuando el ex capitán de paracaidistas se propuso cambiarla radicalmente. Es en este tipo de explicaciones donde se encuentran las raíces de la particular situación de Venezuela, más que en los análisis fáciles que atribuyen todo a la maldad intrínseca del caudillo o la perversidad oligárquica de la oposición.

3

¿Chávez tiene una buena
política económica?

Los primeros años fueron francamente malos, en un declive que llegó a su momento más dramático durante los 63 días del paro petrolero del verano del 2003. Pero luego de que Chávez lograra derrotar a la gerencia de Pdvsa las cosas comenzaron a mejorar. Venezuela registró tasas de crecimiento superiores al diez por ciento en los últimos cuatro años y es, según la Cepal, uno de los países latinoamericanos que más crece, en el marco de una política macroeconómica que aumentó el gasto público, pero en menor medida que los ingresos, y que no incrementó explosivamente la deuda externa.

Desde luego, esto es en buena medida resultado del aumento del precio del petróleo, que cuando Chávez asumió el gobierno se encontraba en 9 dólares el barril y que hoy araña los 100. El ingreso masivo de divisas, aunque permitió relanzar la economía, también está generando una sobrevaluación del tipo de cambio que les quita competitividad a las actividades no petroleras, impide que se diversifiquen las exportaciones y contribuye a la desindustrialización y la consolidación del modelo monoexportador. Y además alimenta la hoguera de la inflación: Venezuela batió el año pasado el record de inflación de América latina, con casi 21 por ciento, situación que el gobierno intentó controlar mediante un sistema de precios máximos que generaron una crisis de desabastecimiento.

Pero lo central es que el gobierno de Chávez no ha logrado cambiar la esencia económica de Venezuela, el único país de América latina que importa dos tercios de los alimentos que consume, el único que concentra el 85 por ciento de sus exportaciones en un mismo producto y el único que, en los hechos, se vincula comercialmente con prácticamente un solo país: Estados Unidos. “La nuestra es una economía rentista petrolera: ésa es su esencia y su maldición. Se parece más a la economía de Nigeria o Arabia Saudita que a la de Argentina o Brasil”, me explicó en Caracas Margarita López Maya, la prestigiosa historiadora venezolana que fue invitada por Chávez a hablar en la Asamblea Legislativa y que, aunque cercana al gobierno, nunca ha dejado de criticar los aspectos más negativos de la gestión.

4

¿El gobierno de Chávez
es revolucionario?

Chávez tiene habla del socialismo del siglo XXI y gusta definir su proyecto como “revolución bolivariana”, pero en el pasado se ha fascinado por los regímenes nacional-populares latinoamericanos, tipo Velazco Alvarado o Perón, y por la Tercera Vía de Tony Blair. Atendiendo a sus ideas, que han ido cambiando a lo largo de los años, es difícil dar una respuesta, pero el argumento contrario –Chávez no es revolucionario porque le vende petróleo a Estados Unidos– tampoco resulta convincente: la dependencia petrolera estadounidense puede ser vista como una debilidad de Goliat tanto como una claudicación de David.

Una forma más interesante de acercarse a una respuesta es analizar la economía social, el aspecto supuestamente no capitalista –o poscapitalista– de la economía venezolana. En efecto, uno de los objetivos de Chávez es utilizar los enormes ingresos petroleros para crear un nuevo sector económico en base a nuevas formas de propiedad empresarial: núcleos de desarrollo endógeno, microproyectos agrícolas y, sobre todo, cooperativas, que últimamente se han multiplicado como hongos: según la Superintendencia de Cooperativas, hoy ya existen unas 100 mil.

El esfuerzo es loable, pero conviene ponerlo en perspectiva. La función social de las cooperativas es innegable, ya que son grandes creadoras de puestos de trabajo, pero una economía moderna no puede funcionar en base a ellas, pues tienden a ser poco competitivas y tecnológicamente atrasadas. En Venezuela, además, prácticamente todas dependen del Estado –es decir del petróleo–, lo cual ha generado todo tipo de distorsiones y corrupción: muchos empresarios disfrazan a sus empresas de cooperativas para beneficiarse de las exoneraciones impositivas y aprovechar los regímenes de contratación flexibilizados. El aspecto no-capitalista del modelo venezolano existe, pero más que un cambio revolucionario parece una política social encubierta.

5

¿Chávez está mejorando
la pobreza?

El núcleo de la política social del gobierno venezolano son las misiones, el término entre religioso y militar elegido por Chávez para definir un sistema moldeado a su imagen y semejanza: enorme, ambicioso y desordenado. El primer paso fue la Misión Barrio Adentro, de la que hoy participan unos 20 mil médicos cubanos, diseñada para resolver el drama de un sistema de salud incapaz de atender la creciente demanda de los sectores más pobres, que muchas veces no iban al médico simplemente porque no tenían el dinero suficiente para trasladarse hasta los hospitales, invariablemente ubicados en el centro de la ciudad. El problema se resolvió mediante el simple procedimiento de instalar los consultorios en las zonas más inhóspitas de las barriadas más castigadas de Venezuela. Luego siguieron las misiones educativas, también implementadas con asistencia cubana, que permitieron alfabetizar a un millón de personas, y la Misión Mercal, gigantescos mercados que venden alimentos a precios subsidiados y que hoy abastecen a un 40 por ciento de los venezolanos más pobres.

Las misiones supusieron una impresionante extensión de la cobertura si se las compara con los raquíticos programas sociales anteriores, pero también tienen sus problemas: un médico cubano en una sala de primeros auxilios ayuda a prevenir enfermedades y resolver cuestiones menores, pero si es necesario realizar una tomografía o practicar una operación, el paciente debe recurrir al viejo sistema de salud, que no ha cambiado mucho. Del mismo modo, las misiones no se articulan con el mercado laboral, no han creado un sector económico eficiente ni han contribuido a potenciar la economía. Y sus resultados no se miden ni controlan, lo que crea un espacio enorme para el clientelismo, la utilización política y la corrupción: sus recursos no salen del presupuesto general del Estado sino de un fondo especial financiado con ingresos petroleros, al que solo el gobierno tiene acceso.

Pese a todos estos déficits, constituyen una política social muy valorada por la población. Sus resultados, en general, fueron positivos, aunque naturalmente es difícil estimar si la reducción de la pobreza es consecuencia de las misiones o del derrame de la prosperidad petrolera. Como sea, tras arañar el 50 por ciento a fines de 2002, hoy la pobreza, según la Cepal, ha bajado al 30 por ciento.

6

¿Chávez quiere conquistar
el mundo?

Desde el comienzo mismo de su gobierno, Chávez ha desarrollado una activa política latinoamericana, que luego adquirió proyección mundial, cuyo eje es la diplomacia petrolera. El gobierno venezolano vende petróleo barato a una larga lista de países, en la que figuran casi todos los estados del Caribe y que encabeza, por supuesto, Cuba, que hoy recibe unos 90 mil barriles diarios, la misma cantidad que obtenía de la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Además, Chávez ha comprado bonos de la deuda externa de Argentina y Ecuador e influye políticamente, aunque menos de lo que se piensa, en Bolivia y Nicaragua.

La interminable serie de iniciativas de Chávez mezcla ideas sensatas, como el Banco del Sur, otras más dudosas, como el Gasoducto del Sur, y otras que son pura imagen pública, como el ALBA. Y no todo se limita a mandar petróleo, porque también hay operaciones culturales como el canal de noticias Telesur y hasta propaganda internacional heterodoxa, como el subsidio de Pdvsa a la Escola Vila Isabel, que ganó el Carnaval de Río de 2006 con una comparsa que tomó como motivo la unidad latinoamericana y que estuvo encabezada por un muñeco gigante de Bolívar que llevaba en sus manos un enorme corazón, rojo y palpitante.

Pero lo más discutible de la política internacional de Chávez no es su irremediable hiperkinesia, ni siquiera los shows que suele montar en las cumbres internacionales, sino su objetivo fundamental, que parece menos lograr la integración regional que irritar a Washington. Esto es lo único que explica su relación con Irán o sus reuniones con el presidente de Belarús, definido por la Unión Europea como el último dictador del continente.

7

¿Chávez tiene
futuro?

El panorama político venezolano parece más tranquilo. Tras muchos años de enfrentamientos, la oposición asumió que la única forma de derrotar a Chávez es ganándole una elección, y el gobierno se vio obligado a aceptar por primera vez una derrota, lo cual abre expectativas sobre un juego más sosegado y confirma avances en el aspecto más elemental de la democracia: elecciones limpias y competitivas aceptadas por todos. Pero nada está dicho. Chávez anunció el plan de las tres erres –revisión, reformulación y reimpulso– para conseguir su reforma constitucional, e incluso le puso una nueva fecha: el 2010. El futuro, aunque por el momento luce más promisorio, podría incluir tanto un giro autoritario del gobierno como un retroceso antidemocrático de la oposición.

7 preguntas y 7 respuestas sobre el Brasil de Lula

NOTA SOBRE LAS NUEVAS IZQUIERDAS EN LATINOAMERICA

Por José Natanson, Pagina/12.com

1

¿La política económica de Lula es neoliberal?

Desde su llegada al gobierno, en enero del 2003, Lula aplicó una rigurosa política fiscal, medidas antiinflacionarias y el dudoso record de fijar la tasa de interés más alta del mundo (26,5 por ciento). La explicación se encuentra en la profunda crisis económica que golpeó a Brasil en los meses previos al triunfo de Lula, en buena medida consecuencia de los desequilibrios acumulados en los últimos años por Fernando Henrique Cardoso, pero también resultado del temor de los mercados ante el ascenso del primer presidente obrero de la historia de Brasil y, por supuesto, un subproducto previsible de la crisis argentina del 2001. Aunque las diferencias entre el neoliberalismo aplicado en ambos países son importantes (Cardoso devaluó el real a tiempo, implementó una reforma fiscal clave y se cuidó de privatizar empresas estratégicas como Petrobras), el fantasma de un estallido estaba muy presente en Brasil, a punto tal de condicionar las primeras decisiones económicas de Lula. Su ministro de Hacienda, Antonio Palocci, lo dijo claramente en una reunión con un grupo de diputados del PT que, enojados y refunfuñantes, cuestionaban la decisión de mantener las líneas maestras de la macroeconomía de Cardoso. “Nos dejaron el país quebrado. ¿Acaso quieren que terminemos como Argentina?”

2

¿Hizo bien Lula en continuar con las políticas macroeconómicas de Cardoso?

Quienes critican la estrategia continuista exhiben números en apariencia inapelables. Desde que asumió Lula hasta el año pasado, Brasil creció en promedio 2,6 por ciento, muy por debajo de la media latinoamericana. De hecho, por momentos ha ocupado los últimos lugares del ranking junto a países como Haití y Guatemala. Para los más críticos, esta performance decepcionante es consecuencia directa de la ortodoxia fiscal, las altas tasas de interés y el tipo de cambio sobrevaluado. Luiz Carlos Bresser-Pereira, economista y ex ministro de Hacienda, me dijo en una entrevista en San Pablo que los motivos del bajo crecimiento de su país no son muy misteriosos. “Es un típico caso de enfermedad holandesa. Se llama así porque ocurrió en Holanda cuando se descubrió gas, y los recursos y las inversiones, en lugar de destinarse a la industria y la infraestructura, se orientaron a la extracción de hidrocarburos. También puede venir de la abundancia de otros recursos naturales, como soja, carne, trigo. Al tener un costo marginal muy bajo, se genera una sobrevalorización del tipo de cambio. En países como Brasil, esto impide que las industrias sean competitivas y termina aplastando el crecimiento.” Los defensores de Lula reconocen el problema, pero argumentan que Brasil es un país económicamente muy complejo, que ostenta una posición en el mercado mundial que lo obliga a competir con una industria eficiente y tecnificada, por lo cual no puede permitirse una estrategia proteccionista de dólar devaluado como la de Argentina, y mucho menos arriesgar la estabilidad económica. “Cuando recién asumimos –me dijo en Buenos Aires Marco Aurelio García, asesor de Lula en temas internacionales– se había instalado la idea de que un gobierno nuestro traería una inestabilidad política como la de Venezuela y una inestabilidad económica como la de Argentina.” Desde esta perspectiva, era necesario emitir señales tranquilizadoras para controlar la inflación y alejar el fantasma del default, y después sí agregar medidas de orientación desarrollista que, según los defensores de Lula, marcan una diferencia clara con las políticas de Cardoso, como el fortalecimiento del banco nacional de desarrollo, el BNDES, cuyos préstamos hoy superan a los del Banco Mundial y el BID sumados, y el refuerzo de empresas como Petrobras. Además, claro, del Plan de Aceleración del Crecimiento, un megaprograma de incentivos fiscales e inversiones por 240 mil millones de dólares lanzado en enero del 2007, luego de que Lula obtuviera su reelección. Y como las estadísticas son como los sueños, que cada uno interpreta a su modo, también pueden darle la razón a Lula: en el 2006, Brasil creció 3,7, un porcentaje inferior al promedio regional pero superior al de los años anteriores, y el año pasado 5,3 por ciento, su mejor marca en una década, sin desequilibrios en el horizonte, con una deuda externa relativamente baja y –a diferencia de la Argentina– con la inflación totalmente controlada.

3

¿Lula traicionó a la izquierda?

La pregunta puede parecer abstracta, pero viene a cuento de la reacción de intelectuales y políticos que acusan a Lula de haber renegado de sus ideales. En principio, salvo los desinformados o negadores, nadie debería sorprenderse mucho: en el 2002, en plena campaña electoral, el FMI ofreció un paquete de salvataje a Brasil de 30 mil millones de dólares con la condición de que todos los aspirantes a la presidencia –o sea Lula– se comprometieran a aplicar un programa ortodoxo. Y Lula, presionado por la crisis financiera, aceptó firmarlo.

Pero el giro no debería ser visto como un simple intento de adaptación oportunista, sino como el resultado de un largo proceso de aprendizaje, consecuencia de las derrotas presidenciales anteriores y de la experiencia del PT en la gestión de grandes ciudades, incluyendo San Pablo: una cosa es cantar en los fogones del Foro Social Mundial y otra muy distinta gobernar megalópolis con enormes problemas y un presupuesto limitado. Las cosas se aprenden de ese modo. Y también de escuchar a la sociedad, que tras diez años de neoliberalismo comenzaba a desencantarse con Cardoso, pero que no estaba dispuesta a tirar por la borda los avances de modernización y estabilidad que tanto esfuerzo habían costado. En este sentido, el ascenso del PT fue una consecuencia tanto de los fracasos como de los éxitos de Cardoso, por lo que es natural que su estrategia económica haya contemplado este balance.

4

¿Lula está haciendo cosas por los pobres?

Lula asumió el poder con la promesa de que, al cabo de cuatro años de mandato, todos los brasileños tendrían garantizadas sus tres comidas diarias. No lo logró, pero avanzó mucho. Su estrategia consistió en fusionar una serie de programas creados por Cardoso en uno solo, el Bolsa Familia, y luego ampliar la cobertura. En el 2003, antes del triunfo del PT, 3,6 millones de familias recibían el programa; hoy el beneficio llega a 11 millones de familias, 44 millones de personas, lo que equivale a un cuarto de la población brasileña y supera al total de habitantes de la Argentina.

El programa consiste en una transferencia de dinero a los hogares más pobres, que se entrega mensualmente a las madres y que exige como contrapartida mantener a los niños en el sistema escolar y llevarlos periódicamente al médico, lo cual contribuye a prevenir enfermedades, combatir la deserción escolar y atacar el empleo infantil. Cada familia recibe en promedio 34 dólares, lo cual parece poco, pero no tan poco si se tiene en cuenta que en Brasil una familia en situación de extrema pobreza gana 68 dólares mensuales. En muchos casos, es la diferencia entre la vida y la muerte.

La decisión de Lula de focalizar las políticas sociales en la población pobre en lugar de aplicar criterios universalistas suele ser muy criticada, pero conviene tener cuidado con las simplificaciones. En principio, un plan que llega a 44 millones de personas difícilmente pueda definirse como “focalizado”. Pero además no está clara la alternativa, pues la idea de un subsidio universal en un país como Brasil es directamente absurda. El camino elegido por Lula es por supuesto discutible, sobre todo por los límites para cambiar las estructuras profundas de la desigualdad, pero en absoluto ineficaz: el Bolsa Familia, junto a otras medidas como el aumento del salario mínimo, produjo una reducción de la pobreza, que hoy se ubica en el 33 por ciento, contra casi 37, 5 cuando asumió el gobierno.

5

¿La situación institucional de Brasil le pone límites a Lula?

Vicente Palermo, el argentino que mejor conoce la política brasileña, sostiene que, a diferencia de países como Venezuela y la Argentina, en Brasil existen una serie de factores que limitan seriamente el margen de acción de los presidentes. “Uno podría pensar que, al ser un país tan grande y poderoso, el presidente cuenta con mucho poder, pero en realidad no es así”, explica Palermo.

Entre los límites más importantes figura el sistema de partidos, que es tan complicado que hay que estudiar varios años para entenderlo e incluye hasta partidos de aluguel (alquiler), pequeñas agrupaciones con personería jurídica que en vísperas de elecciones se venden al mejor postor y que luego se descartan. También pesan los poderes estaduales, una sociedad civil activa y atenta (aunque poco propensa a la acción directa) y las grandes burocracias intocables, a los que ningún presidente se les anima, como la cancillería de Itamaraty o el Banco Central.

Como todos los presidentes brasileños, Lula carece de mayoría legislativa, por lo que se ha visto obligado a buscar acuerdos parlamentarios con todo tipo de partidos. Esto explica sus dificultades para avanzar en políticas más radicales y permite entender –aunque no justificar– la crisis que estalló en el 2005, cuando se revelaron los pagos de mensualidades a legisladores opositores a cambio de su apoyo al gobierno, en una serie de escándalos que incluyó la detención en un aeropuerto del asesor del PT, José Adalberto Viera da Silva, acusado de llevar 100 mil dólares en sus calzoncillos. “Eso es lo que yo llamo dinero sucio”, escribió José Simao, el filoso humorista del Folha de São Paulo.

6

¿Brasil quiere liderar América latina?

Probablemente no América latina, pero seguramente sí América del Sur. Brasil ocupa el 47 por ciento de la superficie y limita con 10 de los 12 países de Sudamérica, tiene la mitad de la población y un PBI de casi 800 mil millones de dólares, lo que implica la mitad del sudamericano y cuatro veces el de Argentina, siete el de Chile y 80 veces el de Bolivia.

Durante décadas, la singularidad lingüística y cultural de Brasil convenció a sus gobernantes de que lo mejor era imponer una distancia altiva en sus relaciones con el resto de la región, pero la estrategia cambió en 1985, con el fin de las dictadura y la distensión con Argentina, su tradicional competidor regional y actualmente su socio más confiable. Desde aquel momento, Brasil comenzó a impulsar la integración regional, primero a través del Mercosur y luego de la Comunidad Sudamericana. Durante la etapa de Cardoso, el esfuerzo integracionista tuvo un perfil más económico, orientado al intercambio comercial, pero desde la victoria de Lula se ha ido complementado con una serie de medidas políticas: Brasil lideró la misión de Naciones Unidas en Haití, envió comisiones de mediación a las crisis de Ecuador y Bolivia y juega un papel central como gran contenedor regional de Venezuela.

Todas estas iniciativas parten de la idea de que el desarrollo de un país de dimensiones continentales como Brasil nunca será posible en un entorno regional convulsionado, lo cual se traduce en proyectos positivos pero también genera problemas: los socios más pequeños del Mercosur, Uruguay y Paraguay, acusan a Brasil de no entender la importancia de reducir las asimetrías, como demuestra el hecho de que los fondos de compensación –pálida copia de los Fondos Estructurales de la Unión Europea– apenas alcancen los 100 millones de dólares. Además, claro, de las tentaciones subimperialistas, como la agresiva política de Petrobras en Bolivia y el sello arquitectónico de esta inclinación: la embajada brasileña en La Paz, una imponente mole de hormigón y vidrio, no tan fea pero casi tan grande como la embajada de la ex Unión Soviética en Berlín Oriental.

7

¿Tiene futuro la izquierda brasileña?

En el 2010 Lula habrá gobernado dos períodos, sin posibilidad de reelección. El PT, pese a los golpes, conserva su lugar en el escenario político, pero tiene un déficit de candidatos, ya que algunas de sus figuras más fuertes tuvieron que dejar el gobierno tras los escándalos de corrupción, y ninguno de los posibles postulantes tiene el peso político del actual presidente. Pero lo central, más allá de las especulaciones electorales, es que la presidencia de Lula dejará una fuerte impronta en la historia brasileña, al igual que la gestión de Cardoso, dos buenos presidentes no tan diferentes entre sí, aunque el tiempo histórico de cada uno y su lugar en el campo político sí fueron muy distintos. El PT, sin candidatos de peso, se expone a una derrota en el 2010, aunque esto no necesariamente implicará un cambio radical en la política económica, en la estrategia de inserción internacional ni en los programas sociales de Brasil: algunas decisiones de Lula, en particular la extensión de la cobertura social a los sectores más pobres, difícilmente puedan desactivarse sin generar resistencia. Tal vez sea éste, más allá de los resultados electorales, el gran triunfo de la izquierda brasileña.

Debates sobre el progresismo en A. Latina, S.O’Donnell

Por Santiago O’Donnell

Mientras los popes de la derecha se juntan en Rosario para ver cómo recuperan el poder, Uribe avanza sobre Ecuador con la doctrina de ataque preventivo y el tañido de los cacerolazos retumba en los oídos de Cristina Kirchner, parece evidente que el espacio progresista latinoamericano se debe un debate para reivindicar lo que se hizo bien, poner el foco en las deudas pendientes y aportar nuevas ideas para profundizar y consolidar las transformaciones en marcha.

En ese sentido vale la pena rescatar dos documentos que acaban de presentarse, firmados por dos referentes históricos del espacio, el uruguayo Reinaldo Gargano y el chileno Carlos Ominami. Se trata de “El camino recorrido – Los objetivos para abrir la senda a otro gobierno progresista”, que Gargano presentó ante el Comité Central del Partido Socialista chileno el 9 de marzo, y la “Carta abierta a los militantes y al pueblo socialista” que Ominami presentó el 14 de este mes en el XXVIII Congreso General Salvador Allende del Partido Socialista.

El senador Gargano fue canciller de Tabaré Vázquez y como tal afrontó casi en soledad el embate del ministro de Economía y precandidato del Frente Amplio Danilo Astori para firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos y salirse del Mercosur en un momento crítico para el bloque, en medio de las peleas por las pasteras y el ingreso de Venezuela. El también senador Ominami fue jefe de campaña de Ricardo Lagos y tiene una larga trayectoria de militancia y exilios. Sus manifiestos sacudieron la modorra de sus respectivos partidos, recibieron amplia cobertura en los medios y se discuten en ámbitos de pensamiento progresista de todo el continente.

El de Gargano, que tiene seis páginas, destaca que el gobierno frenteamplista permitió “sacar adelante decisiones que estabilizaron la economía, atacar con éxito la emergencia social, mejorar las condiciones de vida de los sectores más postergados, reinstalar en el ámbito laboral la negociación colectiva, crear empleo con la reactivación económica que generó la demanda incrementada por una mejoría de los salarios básicos y las jubilaciones y pensiones”. Ponderó que “quedó demostrado no sólo que la izquierda podía gobernar y hacerlo con honradez y transparencia, sino además que podía hacerlo con solvencia, eficacia e iniciativas renovadoras, creativas y transformadoras en campos tan importantes como la salud pública, la gestión de empresas del Estado, la inserción internacional del país y los derechos humanos –tema de capital importancia para romper definitivamente con los tiempos del país de la impunidad—.

Agregó que la derecha no tiene otra opción que volver al pasado aunque no puede decirlo porque pierde. Pero que a través del control de los grupos económicos concentrados y de los medios de comunicación golpea donde más duele: la gestión de los casinos y el Banco Hipotecario, la ambigüedad ante la reforma constitucional y la reelección de Vázquez y, fundamentalmente, “la actitud generalizada (énfasis de Gargano) de no defender a quien está siendo atacado por la derecha. Esto la derecha lo tiene claro y por eso golpea y golpea”.

A continuación propone medidas redistributivas, apoyo para las cooperativas, subsidios para las pymes y pequeños productores, avanzar con la reforma constitucional y una reforma tributaria y mejorar las jubilaciones. En el plano internacional pone el acento en la integración regional y pide que se concrete el ingreso de Venezuela al Mercosur, seguido por el de Chile y Bolivia, la realización de obras multilaterales de infraestructura y la integración energética.

Termina con una exhortación a “inyectar pasión militante, volcarse a la acción de contacto vital de la fuerza política con los ciudadanos”. Consultado por el diario La República, Gargano dijo que su objetivo es consensuar. “Primero voy a conversar con la gente de mi partido sobre estos temas. Hay que debatirlos y llevarlos al Frente Amplio para que los debatan. El Frente Amplio también tiene que elaborar un programa de prioridades y pienso que lo va a hacer”.

El documento de Ominami es un poco más denso y un poco menos sutil en la crítica. Aunque él dice que quiso hacerlo corto y conciso, alcanza 27 páginas. Empieza con una advertencia: “Hacía mucho tiempo que el socialismo chileno no enfrenta una situación tan crítica ni desafíos de tanta envergadura”. Enseguida explica el desafío: “Bajo nuevas formas, junto a la primacía del mercado, reemerge una plutocracia que muchos , erróneamente, habían creído superada por el devenir del progreso y las conquistas democráticas”.

El texto sobrevuela la globalización, el lugar de Chile y el rol de la Concertación, para aterrizar en el gobierno de Michelle Bachelet. “Se equivoca completamente la oposición cuando intenta sustentar su alternativa a través de una crítica destemplada y destructiva que busca establecer la idea de que aquí nada se ha hecho, que todo es tiempo perdido… Este gobierno tiene en su activo avances indudables, por ejemplo en materia de educación preescolar, paridad entre géneros, acceso de los más necesitados a una vivienda digna y, próximamente, de los adultos mayores pobres a una Pensión Básica Solidaria. Hay aquí un conjunto de avances sociales que son incuestionables”, señala.

Después empiezan las críticas: “No se ha resuelto… el conflicto o distanciamiento de la concertación con amplios sectores del mundo laboral, de sectores medios empobrecidos, de los estudiantes, de los intelectuales, de los pensionados, de los pueblos originarios… la alianza social… que permitió derrotar a la dictadura… se ha venido resquebrajando… (l)as abismales desigualdades sociales se mantienen incólumnes… (l)a economía no consigue recuperar la velocidad perdida, al paso que la previsión, la salud y la educación continúan siendo, antes que nada, un gran negocio”.

El senador chileno escribe que hay que fortalecer el partido, sobre todo a través de una política activa en derechos humanos y de articulación con los movimientos sociales. Propone reformar la Constitución para crear un “Estado Social y Democrático de Derecho” y una estrategia de desarrollo, que utilice instrumentos cambiarios y regulatorios para aumentar la competitividad, junto con reformas que hagan al mercado laboral más solidario. También pide una reforma de Estado para “revalorizar la función pública” y termina con un capítulo dedicado a la necesidad de profundizar la inserción de Chile en América latina.

Al teléfono desde Santiago, Ominami cuenta que el documento, que contó con el aporte de “centenares de militantes”, fue muy bien recibido dentro y fuera del partido y que esa reacción lo ha impulsado a presentar su candidatura para presidir el PS chileno.

“En los ’90 se puso de moda la idea de que era el fin la historia y que el clivaje izquierda-derecha era una idea superada. Yo creo que quien piensa eso es una persona de derecha, que la izquierda y el socialismo tienen vigencia, siempre y cuando asuma en toda su plenitud los datos constitutivos del mundo moderno, que son la democracia, la economía de mercado y la globalización. Pero esto significa una democracia más profunda y participativa, una economía de mercado que no significa una sociedad de mercado y una globalización con reglas justas y no impuestas por una potencia hegemónica belicosa, imperialista y burda. Quedan combates muy importantes para dar en Chile y América latina”, señala.

Como ejemplo del costo de carecer de una política exterior latinoamericanista, Ominami critica al gobierno de Bachelet por haberse bajado del proyecto del Banco del Sur. “Chile lamentablemente se marginó de un continente con reservas internacionales de más de 600 mil millones de dólares. Un Banco del Sur bien estructurado puede ser un instrumento financiero gran significación para influenciar decisiones relevantes que se toman en la economia regional, con reservas que pudieran manejarse de manera más productiva e inteligente que hasta ahora”.

Ahora bien, ¿y por casa cómo andamos? Seguramente no hay escasez de pensadores lo suficientemente lúcidos como para destacar los innegables progresos de este gobierno en materia de derechos humanos, independencia económica, combate contra la pobreza, y algunos aspectos institucionales como la nueva Corte Suprema, amén de la valiente puja distributiva con la oligarquía pampeana. Y también para decirle al gobierno que en esa disputa se movió como elefante en bazar, que la inflación no se combate negándola y que la democracia no se defiende con patotas y corporaciones. Lo que no se vislumbra es un espacio institucional para pasar de la opinión aislada a la creación de una masa crítica para nutrir al gobierno con un menú consensuado de estrategias políticas progresistas. Con los partidos políticos reducidos a maquinarias de poder y los congresos partidarios como meros trámites de votación a mano alzada, el espacio para la discusión interna queda reducido a la nada. Más que a los argumentos de Gargano y Ominami, quizás habría que prestarle atención a la articulación del Frente Amplio y la Concertación y de los partidos que los componen, que, lejos de amenazar el presidencialismo de chileno y uruguayo, da lugar al debate abierto, de cara a la sociedad, tan necesario en estos tiempos amenazantes que corren.

sdonnell@pagina12.com.ar

7 preguntas y 7 respuestas sobre la Bolivia de Evo Morales

NOTA SOBRE LAS NUEVAS IZQUIERDAS EN LATINOAMERICA

Por José Natanson, Página/12

1 ¿Evo Morales es indigenista?

Con una madre aymara que en español sólo sabía el Padrenuestro, criado en una casa de barro en un pueblito perdido de Oruro, Evo Morales vivió una infancia de una pobreza difícil de imaginar, con cuatro de sus siete hermanos muertos a poco de nacer y el hambre siempre acechando. Su asombrosa trayectoria política sólo se entiende como parte del proceso de reafirmación indígena surgido en los ’70, que tuvo en el katarismo –en referencia a Túpak Katari, el caudillo aymara descuartizado por los españoles durante el cerco a La Paz de 1781– su sector más radical, y que consiguió su primer reconocimiento en 1994, con una reforma constitucional que estableció el carácter “pluricultural y multiétnico” del país e inauguró la educación bilingüe en las escuelas.

Esto sucedió durante la presidencia neoliberal de Gonzalo Sánchez de Lozada, algo que a primera vista puede parecer una paradoja pero que quizás no lo sea tanto: el reemplazo de la idea de clase por la de etnia o cultura sintonizaba perfectamente con la espíritu anti-Estado-nación que defendía el pensamiento en boga. Con un problema: los indígenas bolivianos no son minorías a las que hay que proteger, sino amplias mayorías excluidas, cuya discriminación étnica se superpone, retroalimentándose, con la desigualdad social. Una realidad más parecida al apartheid sudafricano que a las imágenes de esos indios posmodernos y coloridos que a veces aparecen en National Geographic.

El fracaso de estas primeras operaciones de apertura en clave neoliberal, que sólo cambiaron cosméticamente la situación, consolidó en el movimiento indígena la idea de que era necesario construir un instrumento político propio para llegar al poder y desde allí cambiar las cosas. El gran acierto de Evo Morales fue lograr la confluencia entre el reclamo indígena y otras corrientes políticas –antineoliberales, nacionalistas– detrás de un único proyecto político. “Si fue Evo Morales y no Felipe Quispe quien accedió al lugar de primer presidente indígena de Bolivia, fue porque logró articular un proyecto nacional frente a la perspectiva aymaracéntrica”, escribió Pablo Stefanoni (Nueva Sociedad 209, mayo-junio del 2007). En otras palabras, supo expresar políticamente a los campesinos de las zonas más atrasadas del interior, pero también a los indígenas y mestizos urbanos incorporados al mercado de consumo, que usan jeans y zapatillas, se conectan a Internet y en muchos casos han abandonado definitivamente el quechua y el aymara.

2 ¿Qué importancia tuvo la coca la carrera de Evo Morales?

Aunque la coca se cultiva desde la invasión de los Incas, el verdadero boom comenzó a mediados de los ’80, cuando el cierre de las minas de estaño y una brutal sequía en el altiplano produjeron una migración masiva hacia el Chapare, una zona fértil del trópico, justo en un momento en que en Estados Unidos se ponía de moda la cocaína, la droga que sintonizaba bien con el acelerado espíritu yuppie de la época.

La coincidencia entre demanda y oferta produjo una expansión geométrica de las plantaciones de coca, cultivo que cuenta con una serie de ventajas que no posee ningún otro producto: emplea gran cantidad de mano obra, no requiere mucho capital ni fertilizantes, ni una infraestructura especial; uno compra o alquila un lote y lo único que precisa, además de brazos bien dispuestos, son los plantines. Además, la coca resulta rentable aún en pequeñas parcelas. Como diría un economista, no requiere economías de escala. Clásico cultivo de minifundio, la coca se parece al café, con la diferencia de que rinde tres cosechas al año en lugar de una.

Mientras la coca se expandía, la guerra contra las drogas desatada por Ronald Reagan forzaba a los sucesivos gobiernos bolivianos a ensayar una serie de estrategias de erradicación que fracasaron una otra tras otra, tanto por la falta de incentivos para los productos sustitutos como por la creciente brutalidad policial. La reacción del movimiento cocalero fue cohesionarse y fortalecerse y luego presentarse a elecciones, ganar primero algunas intendencias, después un diputado nacional y finalmente la presidencia. En este sentido, el ascenso de los cocaleros al poder es resultado de un proceso que combinó triunfos electorales con métodos de acción directa, los bloqueos y piquetes que terminaron anticipadamente con dos gobiernos y que finalmente concluyeron con su llegada al poder.

3 ¿El gobierno de Evo Morales es revolucionario?

Si Hugo Chávez habla en Venezuela de su “revolución bolivariana” y si Rafael Correa define a su proyecto como una “revolución ciudadana”, Evo Morales también apela de tanto en tanto a la vieja palabra, aunque el adjetivo que la acompaña no está del todo claro. Por eso, más allá de las definiciones, tal vez la mejor forma de acercarse a una respuesta sea analizar los motivos y el impacto de la decisión más radical de su gobierno: la nacionalización de los hidrocarburos.

El decreto de nacionalización, sorpresivamente anunciado en enero del 2006 y teatralizado con la ocupación militar de los campos gasíferos, obligó a las empresas privadas a ceder la totalidad de su producción y la mayor parte de sus acciones al Estado. Además, ordenó un incremento de las regalías del 50 al 82 por ciento. Las grandes compañías extranjeras como Petrobras y Repsol, aunque al principio amenazaron con retirarse, aceptaron reformular los contratos bajo las nuevas condiciones, lo que le permitió al gobierno cumplir su objetivo de aumentar la participación estatal sin producir un desplazamiento total de las inversiones extranjeras.

El incremento del porcentaje obtenido por el Estado, junto al aumento de los precios internacionales y la renegociación de los valores de las exportaciones a Argentina y Brasil, le permitieron al gobierno mejorar sus ingresos fiscales. Según la Cepal, aumentaron 47 por ciento desde la firma del decreto. Conviene entonces matizar las críticas sobre el populismo de Evo Morales apuntando que, para envidia de más de un neoliberal, su gobierno es el fiscalmente más sólido del último medio siglo. Con un superávit de 4,5 por ciento, reservas record y una deuda externa en disminución gracias a las condonaciones del Banco Mundial y el BID, la macroeconomía luce estable y ordenada. En Bolivia nadie se preocupa mucho por el ministro de Hacienda, pues la atención permanece en la crisis política, pero no está de más dedicarle dos líneas: Luis Arce Catacora es un funcionario de carrera del Banco Central con un posgrado en Inglaterra, que habla inglés y portugués y no reniega de las medidas rigurosas. Es, de hecho, el responsable de aplicar la ortodoxa política de metas de inflación para controlar la suba de precios.

4 ¿El gobierno apuesta a un sector económico poscapitalista?

Eso, al menos, me dijo Alvaro García Linera, vicepresidente de Bolivia y referente intelectual de una parte de la izquierda de su país, cuando lo entrevisté en su departamento lleno de libros en La Paz. “Nuestra economía tiene un espacio capitalista que hay que fortalecer. La diferencia con los otros gobiernos es que ya no se trata de un capitalismo de camarilla, endogámico y especulativo, sino de un capitalismo productivo. Pero también hay sector no capitalista, o poscapitalista, que son las fuerzas comunitarias tradicionales. Se encuentran fragmentadas y dispersas, pero tienen en su interior mucho potencial. Es una estructura muy amplia: el 90 por ciento de la economía campesina es de tipo familiar-comunitaria.”

Suena bien. Sin embargo, parece difícil que un sector de estas características –baja productividad, escasísima incorporación de tecnología, escala reducida– pueda utilizarse para algo más que la elemental autosustentación. Para García Linera, sin embargo, hay allí un potencial productivo. “Nuestro gran reto es convertir a la comunidad en una fuerza poscapitalista. ¿Qué de todo esto podremos desarrollar? No sabemos. Pero creemos que lo central es que se están alumbrando cosas que van más allá de una mera readecuación democrática a un capitalismo maduro ya existente.”

5 ¿Evo Morales está logrando avances en la lucha contra la pobreza?

El punto de partida es desolador. Bolivia es, después de Haití, el país más pobre de América latina, con 63, 9 por ciento de pobreza y 34,7 de indigencia, el triple de mortalidad infantil que en Argentina, la segunda esperanza de vida más baja de la región y uno de los peores índices de distribución del ingreso del continente.

Tal vez todavía sea pronto para evaluar el desempeño de Evo Morales en este aspecto. Desde su asunción, la economía creció a un ritmo razonable: 4,6 por ciento en el 2006, 3,9 en el 2007 y se estima un 4 por ciento en el 2008. Aunque no hay datos fehacientes, es probable que la pobreza haya disminuido ligeramente por la extensión de algunos programas sociales, como el Bono Juancito Pinto de apoyo escolar, y el incremento de las pensiones. “Estamos buscando un camino distinto”, me dijo Juan Ramón Quintana, ministro de la Presidencia de Bolivia, cuando conversé con él en la sede de la embajada de su país en Buenos Aires. “Los recursos obtenidos por la nacionalización nos permitieron fortalecer las inversiones sociales, apoyar con créditos los microemprendimientos, la economía familiar, la pequeñas empresas. Pero no es algo que se pueda hacer de un día para el otro.”

El problema que se interpone en estos planes es la dualidad estructural de la economía boliviana: por un lado, el sector minero e hidrocarburífero, más algunos pocos exportadores de soja, joyas y cuero, hiperproductivos y modernos; por otro lado, decenas de miles de pequeños emprendimientos atrasados y de bajísima productividad. La dificultad deriva del hecho de que el primer sector, que genera el 60 por ciento del ingreso, emplea a sólo el 7 por ciento de la población, mientras el segundo, que explica el 40 por ciento del ingreso, emplea al 83 por ciento de la mano de obra. El último informe del PNUD sobre Bolivia sostiene que cambiar este patrón económico es la clave del desarrollo. De otra forma, el país podrá crecer, pero será un crecimiento empobrecedor, tal como explicó Salvador Ric, ex ministro de Obras Públicas de Evo Morales, quien hizo cálculos y llegó a la siguiente conclusión: a este ritmo y con este patrón de crecimiento, Bolivia tardará 20 años en alcanzar los niveles de desarrollo de… Paraguay.

6 ¿Qué falta para la sanción de una nueva Constitución?

Seis meses después de la llega al poder de Evo Morales se realizaron las elecciones constituyentes, en las que el oficialismo se impuso claramente, aunque sin lograr los dos tercios necesarios para poder definir por sí solo las reformas planteadas. El plebiscito acerca de las autonomías departamentales, que se realizó en simultáneo, arrojó un triunfo del No –la postura defendida por el gobierno– en el total nacional. Sin embargo, el Sí se impuso en cuatro departamentos: Santa Cruz, Tarija, Pando y Beni. La asamblea se reunió y, tras un año y medio de sesiones, no logró acordar un solo artículo.

El golpe de timón llegó en noviembre del 2007, cuando los asambleístas alineados con el gobierno se reunieron en un cuartel militar y, con dos tercios de los convencionales presentes (no del total), aprobaron en una sola sesión 400 artículos: entre otros, la recuperación del rol del Estado en la economía y la prohibición de la privatización de los servicios básicos. Al día siguiente, los prefectos de los departamentos rebeldes anunciaron que desconocían la nueva constitución y que convocarían a plebiscitos autonómicos. El gobierno respondió con un anuncio de elecciones, pero fue desautorizado por la Justicia.

Este complicado enredo institucional no debería ocultar el diagnóstico esencial: el empate que paraliza a Bolivia. A diferencia de Chávez, que en los primeros años de gobierno logró el monopolio absoluto de la iniciativa política, Evo Morales enfrenta a una oposición que, si bien cuantitativamente minoritaria, cuenta con poder, dinero y recursos. La lidera Santa Cruz, el departamento más próspero de Bolivia, que origina el 30 por ciento del PIB nacional, genera el 62 por ciento de las divisas y recibe el 47,6 por ciento de la inversión extranjera. Es además la región más integrada al Mercosur y la que ostenta lo más parecido a una industria manufacturera que hay en el país. Basta caminar unas horas por las calles de Santa Cruz, atestadas de 4×4, para hacerse una idea de una prosperidad que allí se lleva como un estandarte de progreso individual en un país acostumbrado al fracaso económico.

Como Cataluña en España, Santa Cruz es un centro de poder económico que reclama para sí margen de maniobra político y una mayor proporción de la renta, que ha conseguido arrastrar en su reclamo a los departamentos contiguos y que hoy es el núcleo de la oposición política al gobierno. Es una pulseada por poder político y recursos económicos que, sin embargo, no debe confundirse con una pretensión separatista, plan inconcretable por una larga serie de motivos, que van desde la seguridad de que ningún país vecino tolerará una secesión hasta el detalle económico de que, pese a todo, el principal mercado de Santa Cruz sigue siendo… Bolivia.

7 ¿Hay una salida para Bolivia?

El cambio político inaugurado por Evo Morales en enero del 2006 es el más profundo y radical de todos los se están produciendo hoy en América latina. Si el proceso refundacionista venezolano se limitó a una rotación de elites con masivas políticas sociales, el boliviano apunta a la incorporación de una enorme mayoría indígena excluida (según el último censo, el 64 por ciento de la población) en un doble sentido: económico y político. Lo primero es difícil en un país que, además de pobrísimo, no ha logrado diversificar su estructura productiva (el 75 por ciento de sus exportaciones son hidrocarburos y alimentos) y cuyo crecimiento, aunque algo mejor, sigue siendo bajo. En cuanto a la incorporación política, más allá de la enorme revolución simbólica que implicó la llegada al poder de Evo Morales, tampoco está cerrada. El gobierno no ha logrado extender su influencia a las regiones rebeldes del Oriente y, en un contexto de creciente polarización, corre el riesgo de perder el apoyo de las clases medias. Transformar su proyecto refundacionista en un mínimo consenso nacional –el ejemplo de Nelson Mandela– implicará tarde o temprano conceder y negociar, sin dejar de lado los reclamos de justicia: un equilibrio complicado en un camino apenas más ancho que una cornisa.

7 preguntas y respuestas sobre el Chile de Lagos y Bachelet

Nota sobre las nuevas izquierdas en Latinoamérica.

Por José Natanson, Pagina/12.com

1 ¿El modelo chileno es neoliberal?

En 1973, la dictadura de Augusto Pinochet se propuso remodelar de un sablazo la economía chilena mediante un modelo de crecimiento hacia afuera que excluyera cualquier recuerdo del socialismo de Salvador Allende. En poco tiempo, Chile diversificó sus exportaciones, realizó rotundos recortes fiscales y encaró privatizaciones masivas. Tres años antes que Argentina, que inició el giro neoliberal en 1976, y que Estados Unidos y Gran Bretaña, que tuvieron que esperar hasta los ’80 para la revolución conservadora, Chile avanzaba hacia el mundo dorado de la sociedad de mercado.

Sin embargo, pese a sus raíces innegablemente ortodoxas, ciertos rasgos propios marcan una diferencia crucial entre el modelo chileno y el neoliberalismo puro y duro. En principio, ni siquiera Pinochet se atrevió a privatizar Codelco, la empresa nacional de cobre, ni a desarmar la reforma agraria implementada por la Democracia Cristiana en los ’60, que acabó con los latifundios y fue clave para el posterior despegue de los agronegocios. El Estado, además, cumplió un rol importante, garantizando un tipo de cambio competitivo primero, y estableciendo límites al ingreso de capitales después.

En 1990, cuando Pinochet finalmente dejó el poder, algunos especularon con un cambio económico, pero los cuatro presidentes de la Concertación –los democratacristianos Patricio Aylwin y Eduardo Frei y los socialistas Ricardo Lagos y Michelle Bachelet– decidieron no modificar la esencia del modelo, asentado en un manejo macroeconómico riguroso, sin déficit fiscal ni inflación, una presión impositiva bajísima (18 por ciento) y una estructura fiscal regresiva (los impuestos al consumo afectan incluso a los productos más básicos, como la leche y el pan, mientras que el impuesto a la renta es muy reducido). Todo esto en el marco de leyes laborales hiperflexibles, con una de las tasas de sindicalización más bajas de la región (menos del diez por ciento) y servicios públicos carísimos.

El mercado tiene pocos límites en Chile. El año pasado, por ejemplo, Bachelet impulsó una reforma del sistema de seguridad social, una de las joyas del modelo e inspiración de transformaciones similares en varios países, que en teoría era excelente pero que arrastraba el pequeño detalle de que estaba dejando sin cobertura a… la mitad de la población. El nuevo diseño incluye una “jubilación solidaria” para quienes no aportaron los años suficientes, pero ni los sectores más progresistas de la Concertación se animaron a poner en duda el corazón del sistema, basado en el aporte individual, sin presencia del Estado.

2 ¿Hizo bien la Concertación en mantener el modelo económico?

Durante los 15 años de Pinochet Chile creció, en promedio, apenas 2,9 por ciento, según datos de la Cepal. Pese a ello, la idea del éxito económico de la dictadura se encuentra muy extendida. “Esto se explica por el contraste con el último tiempo de Allende, que fue muy caótico. Además, en los últimos dos años de Pinochet el PBI creció casi 10 por ciento. Muchos se acuerdan de eso, más que del balance general, que no es bueno”, me dijo Ricardo Ffrench Davis, uno de los economistas más reconocidos de Chile, en una entrevista en la sede de la Cepal en Santiago.

Si durante la dictadura el crecimiento fue de 2,9, en los 17 años de la Concertación promedió casi el doble (5,9), con un incremento del salario real del 3 por ciento anual, el desempleo siempre debajo del 10 por ciento y la inflación controlada. Ahí sí puede hablarse de un verdadero éxito económico, una de cuyas claves fue la diversificación de los destinos de las exportaciones, que se dirigen hacia todo el mundo pero cada vez más hacia Asia. Para ello fue fundamental la firma de tratados de libre comercio con veinte países, desde Estados Unidos y China hasta Nueva Zelandia y México, lo cual permitió que algunas empresas chilenas se transformaran en grandes multinacionales, como puede comprobar cualquier argentino que compre en Falabella o viaje por LAN.

Todo esto convirtió a Chile en el país latinoamericano que más crece y, aún más importante, el único que lo hace de manera sostenida. “La diferencia fundamental es que mucho, poco o poquísimo, Chile crece siempre. Siempre. Esa es la clave de su éxito”, me dijo el jefe de Gabinete argentino, Alberto Fernández, durante una pausa de un seminario organizado en el 2005 para debatir las estrategias económicas de los gobiernos del Cono Sur.

3 ¿El modelo económico chileno es perfecto?

Hay dos grietas difíciles de cerrar. La primera es la primarización de la estructura económica. Quienes suelen cuestionar a Venezuela por su petrodependencia deberían prestar atención a este dato: hoy, con el precio de los minerales por las nubes, el cobre representa el 45 por ciento de las exportaciones de Chile. Del resto, un 30 por ciento son otros productos primarios o elaboraciones a partir de ellos. Esta es la base de un modelo que, aunque garantiza alto crecimiento, dificulta la extensión de sus beneficios a todos los sectores sociales, pues la industrias exportadoras son en general enclaves que generan escasos puestos de trabajo.

Pero la crítica también admite matices, como me dijo el ex presidente Ricardo Lagos cuando lo entrevisté en Santiago. “El argumento tiene algo de cierto, pero suele exagerarse. Yo le pregunto a usted: si yo exporto un producto primario, por ejemplo almendras, pero colocadas dentro de una bolsita hermética, que a su vez va dentro de un cajita de cartón especial, diseñada especialmente para un hotel cinco estrellas de Europa, con el nombre y el logo del hotel, que tiene que llegar en determinado momento y en determinado volumen. ¿Qué estoy exportando? ¿Almendras? ¿Qué valor tienen las almendras en ese producto?” Lagos agregó otro ejemplo. “Tengo un amigo que exportaba ostiones congelados, hasta que se dio cuenta de que era más rentable exportarlos enfriados. Eso significa que, desde que los ostiones se sacan del Pacífico hasta que se sirven en un restaurante de París, Nueva York o Berlín, no pueden pasar más de 30 horas. ¿Qué exporta mi amigo? ¿Ostiones? ¿O exporta know how, tiempo, eficiencia?”

Pero aun admitiendo que la primarización de la estructura económica no es para tanto, hay una segunda grieta imposible de ocultar: la desigualdad. En Chile, la distancia entre el 20 por ciento más rico y el 20 por ciento más pobre de la población es de 14 veces. En sus cuatro gobiernos, la Concertación implementó una serie de programas sociales orientados a combatir la pobreza y, al mismo tiempo, mejorar la distribución del ingreso. Lo primero fue posible; lo segundo no. Cuando le planteé el tema, Lagos me dijo que, si se suman las inversiones en educación y salud, la distancia se reduce de 14 a 8. Es cierto, pero también es verdad que sigue siendo superior a la de Argentina, Venezuela o Perú.

4 ¿Es Chile un modelo para los países de América latina?

El éxito económico de Chile se explica por una serie de características particulares. Es un país de talla intermedia, que contaba con una buena dotación de capital humano antes del golpe de Pinochet, con un Estado relativamente eficiente, donde el cobre funciona como fuente permanente de divisas y que además tiene ciertos rasgos geográficos particulares: por ejemplo, es un país muy limpio desde el punto de vista fitosanitario, casi una isla por la cordillera y el mar. Además, últimamente se ha beneficiado de su ubicación sobre el Pacífico, que le permite aprovechar la creciente demanda asiática, tanto para la exportación de sus productos como para la salida de las exportaciones de Argentina y Brasil. Como Venecia en el siglo XIII, Chile se consolida como puente entre Oriente y Occidente.

Por eso, aunque por supuesto tiene aspectos muy positivos, el modelo chileno no es exportable al resto de la región. “Se ha puesto a Chile como modelo y nosotros hemos dejado que nos utilicen para eso. Yo siempre digo que somos los mejores alumnos de la clase, pero que no somos los mejores compañeros”, me dijo Carlos Ominami, ex ministro de Economía y actual senador socialista, cuando le pregunté por el tema. “A mí me pasa –-continuó Ominami– que vienen de algunos países africanos y nos dicen: ‘Nosotros hicimos lo mismo que ustedes y no funcionó’. Y por supuesto, ¿cómo va a funcionar si son países completamente diferentes? ¿Qué tiene que ver Chile con Africa?”

5 ¿La Concertación es de izquierda?

El tema es resbaladizo, pero si partimos del supuesto de que la principal misión de la izquierda es combatir la pobreza, entonces la respuesta no es tan difícil. En 1989, en el último año de la dictadura de Pinochet, pese al exitoso modelo económico (o como resultado de él), la pobreza había trepado al 45 por ciento. Hoy se ubica en 13,2, el porcentaje más bajo de América latina, con una tasa de indigencia de 3,2, casi casi la de un país desarrollado.

Esto fue posible gracias al crecimiento económico sostenido, la extensión de los servicios sociales desde el inicio de los gobiernos de la Concertación y la implementación del Plan Chile Solidario, creado por Lagos y profundizado luego por Bachelet, que consiste en una transferencia de dinero a las familias más pobres a cambio de una serie de contraprestaciones, desde llevar a los chicos al médico hasta sacar en carnet de identidad.

Los progresos son innegables, pero no deberían ocultar las asignaturas pendientes: las políticas sociales, aunque sirvieron para atacar la pobreza y la indigencia, parecen incapaces de enfrentar otros problemas, más complejos, como la precariedad del trabajo, en general mal pago y sobrexplotado, o las crecientes demandas de una clase media baja que no logra incorporarse a un boom de consumo que ha alcanzado niveles obscenos. “Hay dos agendas sociales: la de la pobreza, en la que hemos sido bastante exitosos, y la de la desigualdad, en la que tenemos que seguir trabajando”, me dijo Luis Maira, embajador de Chile en la Argentina, cuando le pedí una evaluación de los progresos sociales de la Concertación.

6 ¿La izquierda chilena avanzó en otros aspectos?

Caso único en el mundo, Chile no cambió su marco institucional con el fin de la dictadura y siguió rigiéndose por la Constitución de Pinochet, que incluía una serie de cláusulas que limitaban el margen de acción de los presidentes democráticos, que no podían designar a los jefes militares ni intervenir en la política de defensa y que además sufrían un bloqueo legislativo permanente de los “senadores institucionales”, un puñado de carcamanes designados por Pinochet como legisladores vitalicios. Este sistema de democracia atenuada retrasó absurdamente ciertas reformas elementales: Chile, pese a su modernidad económica, fue el último país del Hemisferio Occidental (a excepción de Malta) en aprobar la ley de divorcio.

Esto recién comenzó a cambiar en 1998, cuando Pinochet fue detenido en Londres y se conocieron sus millonarias cuentas secretas, revelación que a un sector de la sociedad chilena escandalizó más que los crímenes cometidos por su gobierno. Se creó así un cierto clima de destape, un poco como el de la España pos-Franco, que permitió el surgimiento de nuevas manifestaciones culturales, como la irreverente revista The Clinic, y hasta el cierre del Comité de Censura, que estaba integrado por policías y militares y que ya no pudo impedir la exhibición de La última tentación de Cristo. Finalmente, tras un larguísimo trámite parlamentario, Lagos logró la aprobación de una serie de reformas que eliminaron los últimos resabios autoritarios de la Constitución.

7 ¿Tiene futuro la izquierda chilena?

Michelle Bachelet asumió el gobierno con la promesa de mezclar continuidad (del modelo económico) y cambio (de los aspectos más negativos del modelo, en especial la desigualdad social). Su condición de mujer le permitió a la Concertación proyectar una imagen renovada sin arriesgar su esencia. Sin embargo, al poco tiempo comenzaron a surgir una serie de problemas imprevistos: las protestas estudiantes, las manifestaciones indígenas y el caos del Transatiago, el fallido intento de reorganización del transporte de la capital.

La popularidad de Bachelet ha caído a menos del 45 por ciento. Pese a ello, sería un error pronosticar el final de la Concertación. En principio, dos de los candidatos más populares para las elecciones presidenciales del 2010 –el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, y el mismo Lagos– pertenecen a la coalición. Pero hay un factor más estructural. Desde la recuperación democrática, la sociedad chilena ha estado divida en dos bloques, continuidad del voto por el Sí o por el No a Pinochet en el plebiscito de 1988. Aquella vieja división, pese a los intentos de Sebastián Piñeira de construir una derecha más democrática, prevalece hasta hoy. Tal vez la muerte de Pinochet cambie las cosas, pero mientras la frontera política esencial siga siendo ésa, la Concertación tiene buenas chances de mantenerse en el poder.

RV: 7 preguntas y 7 respuestas sobre el Ecuador de Rafael Correa

NOTA SOBRE LAS NUEVAS IZQUIERDAS EN LATINOAMERICA

Por José Natanson, Página 12

1. ¿Rafael Correa está implementando un modelo
económico distinto?

En un país pequeño, de bajísima productividad y expuesto a los vaivenes de los precios internacionales, la dolarización actúa como una camisa de fuerza que le quita al gobierno margen de maniobra y le impide avanzar con políticas más audaces. La economía se sostiene gracias a las exportaciones de materias primas –petróleo y en menor medida banana y camarón– y las remesas que envía el millón de ecuatorianos que vive en el exterior.

Los argentinos lo recuerdan bien. Como la convertibilidad, el encanto y la maldición de la dolarización son las dos caras de la misma moneda: su carácter de irreversible –o, al menos, difícilmente modificable– es la clave para despejar el riesgo devaluatorio y neutralizar la inflación, lo cual, en teoría, debería contribuir a regenerar el círculo virtuoso de confianza-inversión-crecimiento-empleo. Pero el esquema ultrarrígido, que implica sacrificar la política monetaria y cambiaria, genera graves inconvenientes: el primero, el más elemental, es que le impide al gobierno enfrentar los shocks externos con medidas contracíclicas (con una devaluación, por ejemplo), privándolo de herramientas esenciales para maniobrar en contextos de crisis y dejando al endeudamiento y a la política fiscal –es decir, el ajuste de los gastos del Estado– como únicas alternativas.

A este problema se suma la sobrevaluación cambiaria. En Ecuador, la paridad inicial fue fijada a 25 mil sucres por dólar, un tipo de cambio devaluado que sin embargo se fue apreciando como efecto de la inflación, que desde el inicio de la dolarización hasta hoy ya acumula 150 por ciento. Esto neutralizó el efecto de la devaluación inicial y potenció los peores rasgos del modelo: pérdida de competitividad, sesgo antiexportador y debilitamiento del aparato productivo.

“Supuestamente, el objetivo era acabar con la inflación y garantizar la estabilidad, pero el verdadero fin era otro –me dijo Alberto Acosta, ex ministro de Energía de Correa y actual presidente de la Asamblea Constituyente, cuando conversé con él en una cevichería del centro de Quito—. El verdadero objetivo era arraigar el modelo neoliberal, garantizar la continuidad de las reformas más allá de los resultados electorales. Y hoy es el gran límite que impone la economía a cualquier cosa que uno quiera hacer.”

2. ¿La dolarización
fue buena idea?

Cuando recién se implementó, en enero del 2000, la dolarización produjo un efecto estabilizador y permitió generar un ambiente de mayor previsibilidad, que no consiguió atraer miles de millones de dólares en inversiones pero que sí alcanzó para revitalizar la demanda interna y abrir algunas líneas de crédito, sobre todo orientadas al consumo. La pobreza y el desempleo cayeron y el PBI creció entre 3 y 4 por ciento en los dos años siguientes.

Pero el análisis debe contemplar el contexto externo, increíblemente favorable, marcado por los altos precios del petróleo, el incremento de las remesas y las bajas tasas de interés internacional, a lo que habría que sumar dos datos más, uno transparente y otro más oscuro: el transparente es la devaluación internacional del dólar, que le devolvió cierta competitividad a la economía ecuatoriana; el oscuro es el ingreso de millones y millones de narcodólares a través de la frontera colombiana. Pese a todo esto, el crecimiento ha sido muy desparejo, 4 puntos en promedio desde el 2000 hasta hoy, lo que implica un porcentaje inferior a la media regional.

En suma, la dolarización se sostiene en este contexto atípico, pero no ha permitido aprovechar las extraordinarias condiciones internacionales y es un misterio cómo podrá sobrevivir en un ambiente menos favorable.

3.¿Por qué Correa decidió mantener la dolarización?

Cuando todavía era un profesor de economía dedicado a los debates académicos, Correa escribió en Iconos, la revista de Flacso Ecuador: “Un tipo de cambio fijo irreversible, en una economía abierta, pequeña y de baja productividad, es claramente un disparate técnico, que seguramente algún día controlará la inflación, pero probablemente quebrando el sector real de la economía”.

La presión social lo obligó a cambiar de discurso. En Ecuador, la dolarización no es vista como una bomba a mediano plazo sino como una tabla de salvación que sería insensato abandonar. Fue la salida desesperada a la crisis política y económica más grave de la historia del país, por lo que es natural que hasta hoy sea valorada como un bien a preservar. Y es natural también que el amplio consenso social del que goza la dolarización llevara a Correa a prometer durante la campaña presidencial del 2006 que no introduciría modificaciones en caso de alcanzar la presidencia. “Así como fue una insensatez entrar, tratar de salir en estos momentos sería igualmente insensato”, señaló.

Lo curioso es que Correa fue elegido presidente por la fama cosechada durante su breve gestión como ministro de Economía, durante la cual tomó distancia del FMI, se enfrentó a Estados Unidos y demostró su decisión de aplicar medidas heterodoxas. Pero al mismo tiempo se le exige que no abandone la dolarización, que impone los límites más estrechos a su voluntad de cambio: esta contradicción fundamental es su mochila de plomo.

4. ¿Correa está aprovechando los márgenes de maniobra para
implementar otras políticas?

La idea es fortalecer el rol del Estado con algunas políticas desarrollistas sin modificar el sistema cambiario. Uno de los objetivos, clave en una economía con tipo de cambio fijo, es bajar la tasa de interés, para lo cual se intenta devolverle cierto protagonismo a la banca pública. La recuperación de Petroecuador –como Irán, Ecuador es un exportador de petróleo que debe importar combustible– es otra de las metas del gobierno. Y, finalmente, una de las medidas más criticadas por la oposición: la decisión de utilizar los recursos del Fondo de Ahorro y Contingencia, formado con dinero proveniente del petróleo como garantía para el pago de la deuda externa, y la firma de un decreto que estipuló que el 99 por ciento de los fondos obtenidos por el aumento del precio del crudo iría a parar al Estado. Todo esto en el marco de una política internacional que incluye la cancelación del acuerdo con Estados Unidos por la Base de Manta (única base militar norteamericana en Sudamérica) y la decisión de no firmar un tratado de libre comercio con Washington, lo que convertiría a Ecuador en el único país americano con costas en el Pacífico en no haber firmado una alianza comercial con el coloso del Norte.

La cara social de este giro económico es la duplicación del Bono de Desarrollo Humano que se entrega a las familias más pobres, de 15 a 30 dólares, el aumento del Bono para la Vivienda, de 1800 a 3600 dólares, y la implementación de subsidios a la harina, los fertilizantes y el transporte público para frenar la suba de precios.

Pero la gestión económica está lejos de los objetivos planteados. Ecuador creció apenas 3,9 en 2006, 2,9 en 2007 y se estima menos de 3 por ciento para 2008. Es decir, un promedio inferior al de la región, como resultado de un esquema económico que en algún momento será necesario discutir. Aunque nunca lo dirá en voz alta, Correa probablemente siga pensando que tarde o temprano será necesario abandonar la dolarización. Recupero otro párrafo de su artículo. “La salida debería realizarse de manera paulatina e implicaría un largo período de tiempo. Para ello será necesario acumular dos cosas: recursos económicos y consenso social”, escribió Correa. Lo primero consiste en atesorar reservas para tener capacidad de maniobra una vez levantada la represa. El segundo aspecto es más delicado: “En el caso de la convertibilidad argentina, dicho consenso social se logró cuando ya la crisis era demasiado grande. Y precisamente como consecuencia de ésta”.

El momento aún no ha llegado: la reforma constitucional insume buena parte de la energía política del presidente, cuyo poder dependerá en buena medida de cómo se resuelva el trámite.

5. ¿Por qué impulsa Correa una reforma
constitucional?

Durante casi diez años, desde 1997 hasta la victoria de Correa, Ecuador vivió un ciclo de fuerte inestabilidad política, infrecuente aun para las alteradas repúblicas latinoamericanas, que lo llevó a batir el record regional de gobiernos cortos, con ocho jefes de Estado en una década, en un contexto de descomposición partidaria, caos económico y creciente deterioro social. Todo esto bajo una serie de liderazgos fallidos, el primero de los cuales fue el pintoresco Abdalá Bucaram, cuyas primeras medidas como presidente fueron: el anuncio de que grabaría un disco con el grupo Los Iracundos, la decisión de no mudarse al palacio presidencial con el argumento de que carecía de una cancha de fútbol y el intento de contratar a Diego Maradona por un millón de dólares. Además, claro, de un paquete de medidas que marcaría el inicio del ciclo económico neoliberal.

A Bucaram le siguió Jamil Mahuad, el prestigioso ex alcalde de Quito que implementó la dolarización y que fue desplazado tras una rebelión indígena y un intento de golpe de Estado, y Lucio Gutiérrez, el militar golpista que tuvo que renunciar luego de una nueva revuelta popular, esta vez de clase media. Y entre uno y otro, vicepresidentes y legisladores que asumían de manera transitoria. En fin, una monótona sucesión de crisis que fue consolidando la idea de que algo funcionaba estructuralmente mal en la democracia ecuatoriana.

En esta perspectiva histórica, parece natural que Correa hiciera de la promesa refundacionista el eje de su campaña, como en su momento hicieron Chávez y Evo Morales, pero con la diferencia de que, para subrayar su voluntad antipartidocrática, el ecuatoriano se negó a presentar candidatos al Congreso, lo cual generó una larga pulseada institucional que incluyó decisiones muy discutibles, como el desplazamiento de 57 parlamentarios opositores y su reemplazo por suplentes. Pese a todo, Correa logró sortear los escollos institucionales para convocar al plebiscito por la reforma constitucional, donde el Sí se impuso con un abrumador 82 por ciento, y luego obtuvo una mayoría holgada en la elección de convencionales. Su camino luce ahora más despejado.

6. ¿Correa es un
títere de Chávez?

Osvaldo Hurtado, ex presidente de Ecuador y uno de los grandes referentes del pensamiento neoliberal de su país, me dio su opinión durante una entrevista en su pequeña oficina en Quito: “Son líderes populistas, que creen que las instituciones están a su servicio y no ellos al servicio ellas”.

Es cierto que Correa comparte con Chávez el estilo carismático de liderazgo, la conexión directa con los sectores populares, la voluntad redencionista y un modelo de gestión decisionista que tiende a concentrar el poder en la figura del presidente. También la idea de que la historia empieza con ellos, como si no hubiera pasado (o como si el pasado valioso fuera sólo el lejano, el de Bolívar o Eloy Alfaro). Sin embargo, sería absurdo definir a Correa como una marioneta teledirigida por Chávez desde Caracas. El hombre, gusten o no sus políticas, ha demostrado que tiene personalidad. Y aunque la alianza con Venezuela es importante, no implica un alineamiento total: Correa, por ejemplo, se niega a abandonar la Comunidad Andina de Naciones y ha rechazado, diplomática pero firmemente, las invitaciones a sumarse al ALBA.

7.¿Correa
tiene futuro?

El ascenso político de Correa es resultado del dramático desmoronamiento del sistema político y económico ecuatoriano y de la emergencia de dos actores sociales que habían ganado protagonismo en la última década: el movimiento indígena, que protagonizó la revuelta contra Mahuad y apostó a Gutiérrez pero que ahora mira con simpatía al nuevo presidente; y las clases medias quiteñas que lideraron la “rebelión de los forajidos” y que constituyen la base social más importante del gobierno.

Sin la imprevisibilidad de Chávez y con sólo atisbos de su proverbial megalomanía, Correa ha logrado un amplio respaldo popular y, a menos de dos años en el poder, aún no tiene que lidiar con el desgaste inevitable de la gestión. Pudo concretar, pese a todos los obstáculos, algunas de sus promesas, desde la Asamblea Constituyente hasta políticas sociales para los sectores más castigados. Y no enfrenta la resistencia de partidos políticos fuertes ni de poderes regionales potentes. A diferencia de Bolivia, donde los reclamos autonómicos de Santa Cruz constituyen la principal oposición a Evo Morales, en Ecuador la oligarquía de Guayaquil, una ciudad que se parece cada vez más a Miami y que es la sede de las principales empresas exportadoras, no ha logrado construir un foco de oposición convincente. Los tres triunfos electorales de Correa –en las presidenciales, en el plebiscito por la reforma constitucional y en la elección de constituyentes– se extendieron homogéneamente por todo el país, quebrando la tradicional división costa-sierra. Todo esto confirmaría su fortaleza y permitiría augurarle larga vida al nuevo líder. Sin embargo, los desequilibrios producidos por la dolarización, ese corset de hierro que no logra quitarse, echan sombras sobre un futuro que de otro modo luciría mucho más promisorio.