Presidenta argentina acusa de golpistas a propietarios agrícolas

La Presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, llamó “a todos, aún a los que agravian, que no agravien más al pueblo y dejen las rutas despejadas”. Además, dijo que “algunos dicen representar a los pequeños productores” y se preguntó si “se puede pertenecer y representar al pueblo y desabastecerlo”.

Página/12

La presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, afirmó hoy que “el pasado que quiere volver, no va a poder”, al tiempo que convocó a todos los argentinos este 25 de mayo, a dos años del bicentenario, a “establecer una bisagra histórica para terminar con 200 años de fracasos”.

Ante una multitud que desbordó la Plaza y sus avenidas y calles adyacentes, Cristina reiteró su pedido a los ruralistas para que levanten los cortes en las rutas y dejen circular a los camiones con alimentos.

Además, agradeció a los “miles de argentinos y argentinas que no han venido aquí a defender un color político, sino a su país, a la nación argentina”. La Presidenta remarcó en su discurso que a cien días de haber asumido nunca había visto “tantas ofensas, tantos insultos, porque solo he cometido un pecado, haber sido votada por la mayoría de los argentinos, en elecciones libres y democráticas. Tal vez tengo otro pecado: ser mujer. De los dos me siento orgullosa”, sostuvo.

Señaló que “en estos días he visto el rostro de un pasado que pareciera querer volver” y recordó que un 24 de febrero de 1976 también hubo un lockout patronal. “Las mismas organizaciones que se jactan de llevar adelante el desabastecimiento llamaron también a aquel lockout. Un mes después, el golpe más terrible para los argentinos”.

“Esta vez no han venido con tanques, han sido acompañados por generales multimediáticos que han hecho lockout a la información, cambiando, tergiversando.” Afirmó que hoy se había editado una caricatura suya con una venda en la boca y se preguntó “qué es lo que no puedo hablar ni contarle al pueblo?”.

“Ese pasado, que quiere volver, podrá hacerlo porque cambió la Argentina , somos otro país”, enfatizó. Al dirigirse a la multitud, destacó que “han venido aquí en defensa propia, de sus trabajos, de sus ilusiones, de sus conquistas”.

Al mencionar a “dirigentes que dicen representar los intereses del pueblo”, preguntó: “¿Se puede representar al pueblo y enorgullecerse de desabastecerlo?”.

La Presidenta subrayó “el momento histórico” que vive la Argentina en el marco del crecimiento económico. “No desaprovechemos la oportunidad, que no nos arrebaten el presente y el futuro, defendamos la democracia sin provocaciones, las conquistas sociales, políticas y económicas que hemos logrado en estos cinco años”.

Cristina reiteró que el proyecto del gobierno “es sobre todo de inclusión social, de redistribución del ingreso. Sé que hay costos personales que pagar. Sé que cuando se elige el camino del pueblo, el de los derechos humanos, el de una sociedad más justa, las cosas se hacen difíciles. (…) Tengo el mandato del pueblo argentino y no lo voy a traicionar”.

“Por ser mujer me va a costar, pero no se confundan. Tengo el ejemplo de esas mujeres que con sus pañuelos blancos vencieron las adversidades”, refiriéndose a las Madres de Plaza de Mayo que la acompañaban en el palco oficial.

Hacia el final de su discurso, Cristina volvió a pedirles a los ruralistas que levanten los cortes “en nombre del pueblo, adviertan el mal que están haciendo”.

La Presidenta -acompañada por el ex presidente, Néstor Kirchner, el vicepresidente, Julio Cobos, y la totalidad del gabinete, la mayoría de los gobernadores e intendentes- saludó a los manifestantes, mientras que la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, le entregó su pañuelo.

La movilización estuvo compuesta mayoritariamente por columnas de gremialistas, especialmente de los camioneros del titular de la CGT, Hugo Moyano, los intendentes del conurbano bonarense, organizaciones sociales y piqueteras, la juventud K y distintas vertientes del kirchnerismo y sectores afines como los radicales y socialistas K.

Crisis Argentina: razones de la revuelta patronal

Por J. M. Pasquini Durán, Página/12

El modelo de acumulación sin exclusiones que patrocinan Cristina y Néstor Kirchner para reorganizar la economía y la vida en el país con un sentido distinto a los años noventa tenía que llegar y cruzar el límite de ciertas recaudaciones fiscales, aunque provocara tensiones como las que se vivieron en los últimos quince días y tuvieran que enfrentar la intransigencia de las entidades rurales en contra de las retenciones a la exportación.

Durante los últimos años, cada vez que reaparecía la demanda interna de una reforma integral del sistema impositivo, la conclusión política en el oficialismo era siempre la misma: la reacción negativa de los afectados, los núcleos más fuertes de la concentración económico-financiera, sería insoportable. Al mismo tiempo, esa misma conclusión indicaba que el modelo de crecimiento quedaría estancado si no se efectuaba el camino inverso a los años noventa: transferir riqueza de arriba hacia abajo, para reconstruir la pirámide social sobre bases más equitativas.

Un sistema tributario cuya fuente mayor de ingresos es el 21 por ciento que se aplica al consumo (IVA) tendría que modificarse aunque fuera de manera gradual y paulatina, pero un día llegaría –y llegó– que los intereses más fuertes, y a la vez más regresivos desde el punto de vista político, serían tocados. El propósito no era de simple confiscación, sino para que la distribución de la riqueza vuelva a las proporciones de 1973, treinta y cinco años atrás, cuando recibían mitades iguales el capital y el trabajo.

Las retenciones a las exportaciones agropecuarias, uno de los mecanismos dedicados a la redistribución de ingresos en la nomenclatura gubernamental, nunca conformaron a los que deseaban quedarse con todas las ganancias procedentes de la extraordinaria cotización de las materias primas en mercados no tradicionales, sobre todo el de los mayores importadores asiáticos.

La decisión de resistir los avances oficiales, detonó el 11 de marzo en una alianza de intereses que abarcaron desde las elites de la Sociedad Rural hasta los chacareros de la Federación Agraria, cuyas razones excedieron la disposición coyuntural que les sirvió de argumento –afectaba a la soja y al girasol– para disponer un paro por tiempo indeterminado, una medida extrema a la que sólo acuden los gremios en situaciones excepcionales, como lo podría indicar cualquier veterano en este tipo de movimientos. Además de las cuatro entidades centrales, lo mismo que en algunos sindicatos urbanos de servicios, aparecieron núcleos que se nombraron “autoconvocados” porque sólo responden a sus propias asambleas de base, localizados sobre todo en provincias del NOA (Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy).

Además del paro, la protesta incluyó cortes de ruta, setenta sólo en territorio bonaerense, que interrumpieron el abastecimiento de alimentos hacia los grandes centros urbanos, con la evidente intención de provocar reacciones de descontento por las góndolas vaciadas y el alza de los precios debido a la escasez de ofertas. La prolongación de la medida por dos semanas continuadas acentuó el carácter extorsivo de los cortes, característica que nunca les fue adjudicada a los piquetes urbanos de trabajadores desocupados. Hay que decir que la reacción de la población urbana, en esta oportunidad, tuvo un claro sesgo de clase, ya que ocurrió en el cordón norte de la Capital, en los barrios residenciales de las clases medias y alta, en las que los grupos más exaltados se hicieron cargo de pedir “que se vaya” el actual gobierno, electo en las urnas hace poco más de cien días con la mayoría de los votos positivos.

Los disconformes, una minoría de porteños, utilizaron las cacerolas para hacerse escuchar, algunos a lo mejor con la intención de asimilar la situación con la que se vivió en esta ciudad en diciembre de 2001. Una desmesura que la presidenta Cristina atribuyó a quienes son contrarios a la política oficial de derechos humanos. No le faltó razón, sobre todo si se atiende al contenido de algunas consignas y a la presencia de algunas figuritas que han ganado notoriedad por la defensa del terrorismo de Estado, pero el dato es insuficiente para explicar todas las presencias. Una de las dos noches acudieron a la cita en Plaza de Mayo, convocada por “mails” de fuentes anónimas, algunos grupúsculos de izquierda que confunden cualquier tumulto callejero con atisbos de revolución, en este caso de “rebelión campesina”, dejando de lado que al frente estaban instalados los miembros de entidades, como la Sociedad Rural, que figuran en la historia al lado de las minorías más reaccionarias de los tiempos más oscuros. Espejismos de algunas izquierdas en sus desiertos particulares.

A lo largo de las dos semanas de paro activo, la mayoría de los medios de información, sobre todo los electrónicos con su clásica apelación a los recursos del show, queriéndolo o no, contribuyeron a desplegar los egos de algunos caudillos de provincia que, a los pocos días, se movían por reflejos condicionados: cada vez que se encendían las luces de las cámaras de TV monopolizaban las tribunas con fogosos discursos, con acusaciones y exabruptos que no se escucharon en los años noventa, con juramentos de lucha más propios de una guerra civil que de la legítima protesta en un régimen democrático. ¿Podrán regresar a su dimensión pueblerina o harán lo imposible para seguir en la brecha para conservar su imagen en las pantallas nacionales?

Estas ambiciones de fama, sumadas al descontento agropecuario trabajado durante meses desde todas las tribunas de la derecha para convencer a los productores que el recorte de sus ganancias iba a parar a un pozo negro, hicieron de la rentabilidad sojera un altar patrio equivalente al monumento a la bandera. Durante más de dos semanas de transmisión casi permanente, jamás se vio ningún transporte a sangre (sulky, caballo), pero sí muchos celulares, de donde cabe deducir, visto desde la ciudad, que los campesinos se han modernizado lindo, hasta para ir a pelear en las rutas de la nación. Pensar que algún capitanejo entrerriano quiso comparar esta defensa de la renta como si fuera la continuidad de algunas batallas agrarias, heroicas de verdad, como el “Grito de Alcorta”.

En el balance gubernamental, así como le han señalado errores de procedimientos que no distinguieron las diferentes regiones, categorías y dimensiones entre los productores para fijar el monto de los tributos y demoras injustificadas en los anuncios de medidas complementarias que pusieran a salvo a los menos favorecidos, también hay que adjudicarle la disposición presidencial para que la reanudación del diálogo fuera posible, pese a que la modestia no es atributo de gobernante. Tanto desde la Casa Rosada como desde las gobernaciones provinciales involucradas en el conflicto buscaban alternativas posibles y, mientras tanto, hubo una movilización política que estrenó la convocatoria del PJ, primero el jueves en Parque Norte y se prepara para poner toda la carne en el asador el próximo martes, tengan éxito o no las negociaciones en curso.

Mientras tanto, la oposición política se ocupó de criticar pero no hizo aportes efectivos para destrabar la situación, cuando menos como lo hizo la cúpula de la Iglesia Católica que auspició una tregua para dialogar. Debido a la simplificación informativa, el concepto de diálogo se presenta como un fin en sí mismo, pero en realidad es el medio para la negociación, cuyos términos dependen de la conversación sólo en parte, ya que en el intercambio una buena negociación es la que no deja del todo conforme a ninguna de las partes, porque no hay vencedores ni vencidos. Comprender y aceptar el método es una condición para la calidad democrática del conflicto social, con el que hay que convivir sin alternativa ya que los diferentes intereses mantienen pugnas constantes entre sí y con el Estado.

Esta crisis es la primera del mandato actual, pero no será la última si el modelo de acumulación propuesto se lleva adelante, mientras la macroeconomía lo permita con saldos positivos como los actuales. Hacerse a la idea de nuevas contiendas, forma parte de una cultura de la convivencia, en la que los protagonistas, pero sobre todo los observadores, deberán acostumbrarse a no dramatizar en términos de espectáculo como si cada litigio fuera el final de la historia. Hay vida después de las retenciones, lo mismo que más allá de cualquier otro pleito.

Lo que está detrás del paro agrario argentino, G.A.

Guillermo Almeyra, La Jornada.

Argentina es un país altamente urbanizado, pero que depende esencialmente de la exportación de materias primas rurales. De ahí la posibilidad, para quienes controlan el mercado de carne, de soya y de cereales, de amenazar con hambrear a las ciudades y paralizar las exportaciones, chantajeando política y económicamente al gobierno nacional y anulando, de hecho, por la fuerza, tanto la voluntad popular, expresada deformadamente en los resultados electorales, como los planes y políticas nacionales de las autoridades.

El llamado paro rural –en realidad, el lock-out de los empresarios del campo– es una expresión cruda de la lucha por el poder entre dos fracciones capitalistas, como lo indica el apoyo de las cámaras de industriales al gobierno en su enfrentamiento con la oligarquía ganadera-soyera-exportadora organizada en la Sociedad Rural (entidad que promovió y respaldó todas las dictaduras en el país) y las otras organizaciones del campo que, a pesar de sus diferencias hasta de clase con ésta, la respaldan en este enfrentamiento con el gobierno.

Recapitulemos: casi 80 por ciento de la tierra agrícola argentina está sembrado hoy con soya, que en la última cosecha rindió más de 48 millones de toneladas, que se cotizan hoy en 151 dólares la tonelada (en los dos últimos días subió cuatro dólares) para la primera semana de abril. Haga las cuentas y tenga en consideración que casi 60 por ciento de ese mercado está en manos de los grandes soyeros (en realidad, de cuatro trasnacionales, dos de ellas argentinas). La soya, que se paga mucho más que otras commodities, “se come” por consiguiente la producción de cereales para alimentos y el pan sube, por lo tanto; y “se come” la ganadería, con lo cual escasea la carne, que sube de precio. Además, el monopolio soyero fija altos precios para el aceite y otros subproductos y ese monocultivo expulsa decenas de miles de familias campesinas. Los expertos agregan que la soya destruirá los suelos argentinos en 15 años. Pero ese promedio quiere decir que las excelentes tierras pampeanas durarán más y en cambio los suelos frágiles de las provincias marginales desaparecerán antes: la soyización equivale en efecto a la desertificación, al desmonte, a la contaminación de las aguas y de la tierra, a la desaparición de bacterias y especies animales útiles, y la fumigación aérea envenena ya a los campesinos y los pueblos cercanos, mientras los demás productos del campo sufren el impacto de esta competencia.

La política del gobierno, por su parte, consiste en estimular la industria y en sostener el empleo (construcción, servicios, desarrollo industrial) sobre la base de bajos salarios reales (para permitir grandes ganancias a los empresarios e inversionistas) y de un dólar caro, para abaratar las exportaciones argentinas, incluso industriales, y frenar las importaciones. Ojo: los soyeros y otros grandes sectores rurales también invierten en la construcción, en el boom inmobiliario y en la industria y ganan enormemente gracias a la política monetaria que les permite exportar. No se pueden quejar pero disputan el poder al sector que privilegia a la industria y que debe subsidiar el consumo de alimento y los servicios (sobre todo, el transporte) de los sectores más pobres (casi todos urbanos) de la población nacional para mantener bajos los salarios reales y que, por lo tanto, cobra impuestos a los más ricos (la llamada “retención” de una parte de las ganancias logradas por los soyeros es en realidad un impuesto). Dichos impuestos, en Europa, llegan a 40 por ciento del producto interno bruto y en Argentina están muy por debajo de esa cifra. Además, la tasa de ganancia europea, en las finanzas, es 5 por ciento, y en la industria, 10 por ciento, mientras que en Argentina la misma se quintuplica, de modo que quienes, como el diario La Nación, hablan de “confiscación” o “expropiación” son demagogos sin escrúpulos. El gobierno no sólo respeta la propiedad capitalista sino que la defiende y mantiene al aceptar sin crítica alguna el actual modelo y al no intentar siquiera aplicarles a los exportadores un régimen similar al implantado en el primer gobierno de Perón (1946-1952) mediante el Instituto Argentino Promotor del Intercambio, que monopolizaba el comercio exterior de productos agrarios y, con la diferencia entre los precios internacionales y los internos, hacía escuelas, obras públicas, promovía el desarrollo en las provincias y la industrialización.

El gobierno acepta de buen grado que cuatro empresas trasnacionales se queden hoy con ese enorme excedente y se limita a tratar de ponerles un impuesto moderado sin intervenir en el campo, ni siquiera como los hacían los gobiernos conservadores hace 70 años, creando juntas reguladoras. Para él, el libre mercado es sagrado y el interlocutor no son los trabajadores sino la Unión de Industriales, no son los trigueros sino los grandes harineros, no son los campesinos sino las organizaciones de la patronal rural, no son los consumidores sino los supermercados. No hay pues conflicto entre clases opuestas sino un conflicto intercapitalista en el que los rurales tienen en rehenes a los pobladores urbanos al fabricar una gran carestía de alimentos y un aumento de precios de los mismos para arrojar a los sectores urbanos empobrecidos contra el gobierno. El hecho de que las cuatro trasnacionales que controlan el mercado sojero y la Sociedad Rural hayan podido arrastrar en su lock-out a los pequeños y medianos empresarios agrarios (no así a los campesinos) y la utilización política del conflicto por la derecha y por los medios, debe ser analizado aparte.

Argentina: la derecha contraataca, A. Borón

Por Atilio A. Boron, ex Director de FLACSO

Página /12

El aquelarre que tiene lugar en Rosario congrega a las figuras estelares del pensamiento y la praxis de la derecha. Su objetivo: relanzar, a escala continental, una fuerza conservadora que ponga coto a los avances de la izquierda en América latina y que instaló en fechas recientes gobiernos como los de Venezuela, Bolivia y Ecuador u otros –como los de Argentina, Brasil, Chile, República Dominicana y Uruguay–, donde la voluntad transformadora del electorado fue malversada por gobernantes que en un súbito ataque de racionalidad abandonaron sus arcaicas consignas “populistas” y “estatistas” y se reconciliaron con el libre mercado, la inversión extranjera y el liderazgo norteamericano manteniendo o profundizando las políticas del Consenso de Washington instaladas por sus predecesores.

Entre las luminarias del intelecto sobresalen los nombres de los tres autores de El regreso del idiota (publicado al año pasado en la Argentina), nueva contribución del trío que, hace once años, perpetrara el célebre Manual del perfecto idiota latinoamericano: un catálogo de trivialidades, mentiras y falacias sobre las causas del subdesarrollo en nuestros países y que, según el incisivo análisis de estos autores, obedece a la enfermiza afición de los latinoamericanos al estatismo y al caudillismo. Sus autores, Plinio Apuleyo Mendoza, Carlos Alberto Montaner y Alvaro Vargas Llosa plasmaron un engendro, prologado por Mario Vargas Llosa, que demuestra irrefutablemente que la derecha es incapaz de producir ideas y que su discurso no logra trascender el plano de las ocurrencias, el grado más elemental y primario de la intelección. En línea con su antecesor, el nuevo libro es un destilado de prejuicios, estereotipos y lugares comunes urdidos por mentes exhaustas y estériles. Sería una empresa condenada al fracaso tratar de hallar en sus páginas un sofisticado argumento teórico en defensa del neoliberalismo al estilo de los que plasmaran Friedrich von Hayek, Ludwig von Mises o un Karl Popper. Lo que hay, en cambio, es un amontonamiento de ocurrencias sólo aptas para alimentar los espíritus más retrógrados y recalcitrantes y un profundo desprecio hacia lo que en el ámbito científico se conoce como la “evidencia”, es decir, el respaldo que los datos de la experiencia le confieren a un argumento teórico.

La tesis central del libro reproduce la vulgata neoliberal según la cual el camino al desarrollo pasa por el libre comercio y las políticas de libre cambio. A lo largo de sus páginas el desprecio por los más elementales datos de la historia económica de los capitalismos industrializados es alucinante. ¿Por qué? Una hipótesis, la más benévola, diría que esto se debe a la ofuscación que se desprende de su adhesión a las supersticiones del neoliberalismo. Aquélla los induce a desconocer que los países desarrollados llegaron a esa condición siguiendo políticas que nada, absolutamente nada, tuvieron que ver con el libre comercio. Gran Bretaña fue ultraproteccionista y su Estado fuertemente intervencionista hasta que su indisputada primacía en el mercado mundial, al promediar el siglo XIX, la hizo comenzar a predicar el librecambio para las demás naciones, consciente de que sería ella la única llamada a beneficiarse con la naciente división internacional del trabajo. No fue muy diferente la historia del desarrollo económico de los Estados Unidos. Uno de los “padres fundadores” de la nación norteamericana, su primer secretario del Tesoro y redactor de los influyentes Papeles del Federalista fue Alexander Hamilton. Este no sólo consolidó las deudas internas y externas originadas por la Guerra de la Independencia sino que, desoyendo con dos siglos de anticipación las imbecilidades de los idiotas pluscuamperfectos que hoy predican el evangelio neoliberal, promovió la creación de un banco central y con subsidios y aranceles proteccionistas impulsó el desarrollo industrial de su país. Subsidios y aranceles proteccionistas cuya vigencia se extiende hasta el día de hoy, tanto en los Estados Unidos como en Europa, mal que les pese a los autores del panfleto y a quienes aconsejan a nuestros pueblos abandonar esas políticas.

Pero, ¿puede el fanatismo llegar tan lejos como para desconocer lo que un simple aficionado a la historia económica sabe de memoria? No, y por eso hay una segunda hipótesis mucho menos benévola para con el trío que por estos días nos visita. Estos autores, así como los demás que se reúnen en Rosario en un vano intento de eclipsar con las potentes luces de sus mentes el octogésimo aniversario del nacimiento del Che, son parte del enorme ejército de intelectuales orgánicos del imperio cuya estratégica misión es construir e inculcar en nuestras sociedades una versión falsa de la historia y la realidad actual. En otras palabras, fabricar el clima ideológico requerido para favorecer la emergencia de fuerzas políticas conservadoras aptas para capturar el apoyo de una ciudadanía meticulosamente desinformada por los medios de comunicación que controla el gran capital y preservar la hegemonía de los intereses del imperialismo y sus clases aliadas en la periferia. Agotada, por ahora, la vía del golpe militar, la derecha se lanzó hace décadas y con bastante éxito a la conquista de las conciencias. Sus intelectuales no son tan ignorantes como parecen sino que hacen su trabajo: engañar al común tergiversando la información, diseminando verdades a medias que ocultan sus mentiras y amordazando con guante blanco (mientras no sea necesario un recurso más contundente) el pensamiento crítico. Al cabo de esta noble labor reciben espléndidas recompensas en dinero, influencia, prestigio y todo el reconocimiento “oficial” que les otorga el aparato mass-mediático del capital y que convierte sus voces en la fuente de toda sabiduría y sensatez. Llegan a Rosario para coordinar sus esfuerzos y potenciar su gravitación ideológica y política en el seno de nuestras sociedades.

La sociología y sus límites

Por José Natanson

En Utopía y desencanto (Miño y Dávila), Alberto Noé toma como punto de partida un tema bien delimitado –la creación e institucionalización de la carrera de Sociología de la UBA– en un período histórico bien concreto (1955-1966), para, a partir de allí, ocuparse de cuestiones más vastas: el lugar de las ciencias sociales en la Argentina posperonista, las batallas políticas que marcaron la época, las diferentes corrientes académicas que convivían en una incómoda tensión y, en fin, las contradicciones y conflictos dentro de un campo cultural desconcertado entre el final del régimen oligárquico, la irrupción inesperada del peronismo y el golpe de 1955.

A través de una revisión histórica sistemática y rigurosa, Noé describe las pujas de poder en el seno de la UBA y busca dar cuenta de las paradojas del momento: el hecho de que la Revolución Libertadora permitió que los sectores académicos progresistas consiguieran, por primera vez, el control de la UBA; o las críticas miopes que un sector del movimiento formulaba a Gino Germani, a quien se acusaba de introducir en Argentina las prácticas de la sociología norteamericana y que –como señala Atilio Boron en el elegante prólogo que enriquece el libro– en verdad era el mejor y más brillante diseccionador de la estructura social de la Argentina.

En estas paradojas, tensiones y conflictos, Noé explora el lugar de la sociología en un momento en que no es raro escuchar sentencias acerca de la crisis de esta disciplina. Algo similar, aunque desde un lugar ciertamente diferente, se propone el francés Bernard Lahire en un libro que reúne diferentes ensayos bajo un título provocativo: ¿Para qué sirve la sociología? La pregunta es respondida por autores como Robert Castel, François de Singly y Louis Quéré. Los ensayos cuestionan la “utilidad” de la disciplina –la crítica por su legitimidad– y se preguntan cuál es, en definitiva, el lugar del sociólogo: ¿debe ser un sabio que habla desde arriba de los púlpitos académicos? ¿Un experto cuyos conocimientos generan beneficios tangibles en la sociedad? ¿Un psicoanalista capaz de hacer disminuir el sufrimiento de la gente? ¿Un revolucionario al servicio de las luchas de los dominados?

El prólogo, cedido al titular de la Carrera de Sociología de la UBA, Lucas Rubinich, tiene la enorme ventaja de situar la discusión en el contexto latinoamericano. Desde la institucionalización de la disciplina en la región desde fines de la Segunda Guerra y la valorización del papel del cientista social en los diagnósticos que posibilitaran la elaboración de políticas (sobre todo a través de organismos como la Cepal), hasta la sociología de los ’80, preocupada la transición post-autoritaria y el establecimiento del orden democrático, y de los ’90, marcada por el neoliberalismo y el influjo tecnocrático de los organismos internacionales. Ambos libros, cada uno a su modo, indagan acerca de las dificultades de la sociología (y de las ciencias sociales en general) para generar conocimiento, y sobre las limitaciones e impedimentos que encuentran. Rubinich opina que el objetivo de su disciplina debería ser no solo trabajar para el poder, sino también, y sobre todo, construir conocimiento sobre el poder. Si viviera, ¿Germani pensaría lo mismo?

Crisis argentina: no confundir campesinos con terratenientes

Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel

Alai-amlatina

El paro agrario en la Argentina desde hace más de 15 días, es utilizado por sectores golpistas para desestabilizar al gobierno y seguir explotando al pueblo con total impunidad.

Las retenciones que el gobierno impone a las exportaciones tienen diversas lecturas y contradicciones que han confundido, y generado que los sectores del campo coincidan en la protesta. Es necesario diferenciar si están juntos y revueltos para desestabilizar al gobierno, o tienen la suficiente claridad para diferenciarse en la lucha y reclamos. Hay que diferenciar y saber si están juntos, pero no revueltos y hasta dónde llega estar juntos sin quemarse.

Recuerdo esa pequeña historia que dice: “El ladrón corre hacia el Este y el policía corre hacia el Este. Los dos corren hacia el Este pero con intenciones diferentes”.

Los productores agropecuarios nunca tuvieron tantas ganancias como en los últimos años, beneficiándose por la política de cambio y las exportaciones de soja y girasol. Los indicadores son elocuentes y concretos. Sin embargo es necesario hacer un análisis de los costos que esa actividad tiene para el país, su rentabilidad y concentración de la riqueza en pocas manos. Las grandes corporaciones agropecuarias, las transnacionales han destruido, y quemado miles de hectáreas de bosques, apropiándose de grandes extensiones de tierra para plantar soja transgénica. Utilizan agroquímicos altamente contaminantes sin importarles las consecuencias para el medio ambiente y vida de los pobladores.

Por otra parte, las contradicciones del gobierno no son pocas, pero hay que reconocer que ha dado algunos pasos importantes hacia la recuperación económica y eso es positivo. El saqueo a que fue sometido el país durante la crisis de 2001 fue un golpe de Estado económico, sacando al exterior los capitales y llevando al cierre de fábricas, desabastecimiento, aumento del desempleo y pobreza, provocado por capitales financieros y el sistema bancario, que buscaron el vaciamiento del país sin importarles las consecuencias sociales.

Sectores de la llamada “clase media, acomodada” salieron estos días en “apoyo al campo” con la cacerola de acero inoxidable y cucharita de plata a apoyar el paro agrario.

La falta de memoria, a muchos les ha jugado una mala pasada. Se olvidaron que la clase media acomodada siempre creyó estar a salvo de la debacle del país. La realidad les demostró que el capital financiero no tiene amigos, tiene intereses y que también fueron víctimas del vaciamiento económico y muchos perdieron sus recursos y ahorros depositados en los bancos. Es necesario hacer memoria y saber porqué hoy nadie se hace responsable de esa situación y lamentablemente la impunidad continúa.

El gobierno tiene que asumir que se equivocó al poner las retenciones por igual y no diferenciar a los pequeños y medianos productores rurales, que son la mayoría, y muchos con serias dificultades en su producción y con sus campos hipotecados; se equivocó al juzgarlos con la misma vara con que mide a las grandes corporaciones y terratenientes que tienen ganancias exorbitantes que sacan del país y que no están dispuesto a la re-distribución de la riqueza.

Reitero, estamos frente al cuento del ladrón y el policía, en que los dos corren hacia el Este pero con intenciones diferentes.

La presidenta Cristina Fernández Kirchner pidió que levanten el paro para dialogar y encontrar una salida al conflicto. Es una medida prudente que los productores rurales no pueden dejar pasar. El diálogo es el camino para encontrar soluciones.

El gobierno no puede volver a equivocarse y tiene que diferenciar al campesino de los terratenientes. No hay que permitir ni dejarse arrastrar por los golpistas para que se enfrenten trabajadores contra trabajadores

Hay veces en la vida que la enseñanza es dura, pero se aprende. Los campesinos luchan por sus derechos y resisten en la esperanza para alcanzar a vivir con dignidad y recuperar la soberanía nacional, hoy amenazada por los grandes intereses económicos que se niegan a re-distribuir la riqueza.

El gobierno debe tener políticas claras y coherentes entre el decir y el hacer. Hoy están vendiendo el territorio nacional, devastando sus riquezas y empobreciendo al pueblo. Las retenciones son necesarias, no sólo al agro, a las empresas mineras, a las petroleras, para ello es necesario políticas públicas para evitar la explotación irracional y recuperar la soberanía perdida. Las retenciones deben dirigirse correctamente para construir el país que queremos.

Queda un largo camino a recorrer que es necesario asumir entre todos y todas.

Adolfo Pérez Esquivel es Premio Nobel de la Paz

Crisis argentina: trabajadores toman posicion

CRITICARON LAS “GANANCIAS EXTRAORDINARIAS DE SECTORES CONCENTRADOS”

La CTA apoyó las retenciones

En un comunicado, la CTA respaldó ayer la política de retenciones y criticó a los “sectores concentrados”. Al mismo tiempo reclamó al Gobierno políticas que distingan a los productores de la Sociedad Rural y de la CRA de los pequeños productores.

Página/12

La Central de Trabajadores Argentinos (CTA) respaldó ayer “las retenciones como mecanismo redistributivo” en contra de las “extraordinarias ganancias de los sectores concentrados” y, a su vez, le reclamó al gobierno nacional que defina “políticas que protejan a los pequeños productores, a las familias agricultoras y a los trabajadores rurales”. Con un tono crítico pero mesurado, la central obrera pidió que se distinga a los productores representados por la Sociedad Rural y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) de los pequeños y medianos agrupados en la Federación Agraria o el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MoCaSE). Además, la CTA llamó a la “reconstrucción de organismos de regulación e intervención estatal como la Junta de Granos y la Junta de Carnes”.

“La falta de retenciones implicaría valores más altos en la canasta alimentaria, haciéndola absolutamente inaccesible para la familia de los trabajadores”, justificó la central, que consideró al impuesto como una barrera para que las exportaciones no desabastezcan al mercado interno. Hugo Yasky, secretario general de la CTA, aseguró que hoy “las oligarquías aparecen travestidas en grupos que juegan a la soja como jugaban al juego financiero” y que “los piquetes paquetes que vienen de la Recoleta, de Barrio Norte expresan exabruptos del poder”.

Sin embargo, aclararon que “el Gobierno tiene una incapacidad de procesar demandas de sectores a los que muchas veces se los quiere arrinconar junto a expresiones de la derecha y del poder concentrado y por eso comete un gravísimo error”. Para la central, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner debería “poner en práctica el Pacto Social”, aquella promesa de campaña de involucrar en la misma mesa de negociación a los empresarios, dirigentes sindicales y al Estado.

Respecto de los enfrentamientos en Plaza de Mayo entre movimientos sociales kirchneristas y sectores que apoyan al campo, Yasky aseguró que “todo este tipo de escenarios, a la larga, juega en contra de los sectores populares, por más anacrónicos que sean los reclamos que hayan ido a reclamar haciendo sonar las alhajas del Barrio Norte”. “Hay actores –concluyó– que no necesitan ir a la Plaza y en este momento deben estar festejando con champán.”

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES: CANDIDATURA A RECTORIA Y PROYECTO ACADEMICO Y ORGANIZACIONAL

“Buena administración y un sólido pacto para gobernar”

Con apoyos del radicalismo universitario, Alberto Boveris se postula al rectorado de la UBA. Propone descentralizar las facultades.

Por Javier Lorca

Entre sus propuestas como candidato a rector de la Universidad de Buenos Aires, Alberto Boveris enfatiza la necesidad de una reforma estructural: “Hay que ir hacia la descentralización de las facultades, los hospitales y el CBC”. Investigador superior del Conicet, vicerrector de la UBA entre 1994 y 1998, Boveris asumirá en los próximos días como decano de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, cargo que ya ocupó dos períodos. Es uno de los nombres postulados desde el radicalismo para la asamblea universitaria que –si este miércoles lo confirma el Consejo Superior– el 28 de marzo elegirá al rector que sucederá a Guillermo Jaim Etcheverry.

–Fue precandidato al rectorado hace cuatro años y ahora vuelve a postularse. ¿Por qué?

–Por una vocación de trabajo por la UBA, que empezó en la época en que llegué a ser vicerrector. Desde ese lugar, muy diferente del lugar del decano, que implica una visión más parcial, vi claramente que había mucho por hacer. Vi que sobraban posibilidades y faltaba organización. Y creo que podría hacer un aporte desde mi experiencia de gestión.

–¿Cuál es su propuesta central?

–Promover la calidad académica. Para eso, lo esencial es tener una buena administración y un sólido pacto político para gobernar. Si no, no hay posibilidades de ejecutar ningún proyecto académico, en el que incluyo al grado, el posgrado y, como parte inescindible, a la investigación. Las universidades enfrascadas en su quehacer y sin formar para el mundo del trabajo ya no existen. La universidad debe preparar profesionales que se integren al mundo de la producción. Hoy la UBA tiene un capital muy importante en formación científica, capacidad técnica y humana. Su nivel de calidad académica resiste la comparación con las universidades brasileñas, españolas, italianas, chilenas. Y lo estamos haciendo con muchos menos recursos.

–Hace unos años usted sostenía que el ciclo de ingreso (CBC) debía desdoblarse y ofrecer una alternativa más corta.

–Mi posición cambió. Obviamente, el CBC requiere cambios, se ha mantenido por inercia. Hay que solucionar su situación institucional, darle una estructura de cogobierno. Las facultades deben plantear cómo mejorar su articulación con el ciclo básico. El CBC tiene que seguir cumpliendo su función de nivelación de los estudiantes que llegan de la escuela, pero hay que revisar los contenidos mínimos, porque hubo cambios en las carreras, aparecieron nuevos requerimientos.

–¿Una reforma curricular?

–Habría que exhortar a las facultades a presentar proyectos de actualización curricular y discutirlos en forma horizontal y vertical. Esto debería empezar por el CBC, ya a mediados de 2006. A su vez, es necesario promover acciones de autoevaluación y acreditación de las carreras, respetando la autonomía. La UBA tiene que reinsertarse y participar en el consejo de universidades nacionales y, activamente, en la Coneau.

–¿Qué cambiaría en el aspecto administrativo?

–Hasta hace unos años, las unidades académicas mantenían cierta autonomía, podían hacer convenios, pasantías, servicios. Pero el rectorado de Jaim Etcheverry estableció que ningún acuerdo alcanzado por las unidades era vigente hasta que no lo aprobara el Consejo Superior, lo cual abrió un limbo burocrático entre los acuerdos y su aprobación. Muchos convenios se cayeron. Toda la plata pasó a entrar por el rectorado y se generó un gran desorden. Hay que ir hacia la descentralización de las facultades, los hospitales y el CBC, para que puedan manejar convenios, servicios, pasantías y transferencias de tecnología. Eso solo sería un avance de la democracia. A la vez, habría que instalar un sistema de doble auditoría: cada convenio de las facultades tendrá que ser auditado en lo financiero y en lo técnico desde el Consejo Superior, para garantizar la transparencia. Además, el rectorado debería publicar en la web todas las resoluciones que involucren movimiento de fondos. Así transformaríamos en auditores a la masa de consejeros de las facultades. Esto permitiría que las unidades académicas puedan ejecutar un 30 por ciento más de sus recursos, que cada año se pierden en la maraña administrativa.

–¿Cree que hay que modificar el estatuto de la UBA?

–No es una prioridad. Al afianzar la descentralización administrativa, es posible que convenga darle carácter institucional a esa situación. Lo mismo en el caso del CBC: una vez que se haya normalizado, habría que plasmarlo en el estatuto. En otros aspectos el estatuto está algo obsoleto: por ejemplo, en la separación tajante que plantea entre grado, posgrado e investigación.

–¿Qué replantearía de la relación universidad-Estado?

–Tiene que haber una mayor integración de la universidad con los problemas nacionales, con participación en los programas nacionales de educación, salud, infraestructura y demás áreas. La UBA tiene que ser consultada como fuente de conocimiento técnico y especializado. Por lo dicho, queda subyacente que no puede haber acá un proyecto de partido político, sino un proyecto universitario.

–¿Qué balance hace la gestión de Jaim Etcheverry?

–Creo que centralizó demasiado la administración y descuidó el tramado político, académico y administrativo. No hubo creación de una red de trabajo conjunto. Y ni menciono el desorden administrativo. Tampoco hubo proyectos académicos importantes: hacer una propuesta de reforma del CBC en el último minuto no es serio. Es cierto que al rector le tocaron tiempos difíciles, pero hubo descuidos importantes.

http://www.pagina12.com.ar/diario/universidad/10-63628-2006-03-05.html